Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.544, "Arce, Ricardo Diosmar contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 96/105).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 110/115).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Ricardo Diosmar Arce promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de una indemnización integral por daños y perjuicios derivados de las secuelas incapacitantes provocadas por las dolencias que contrajo a consecuencia de las tareas prestadas como enfermero en el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Alejandro Korn de Melchor Romero, cuya toma de conocimiento situó el día 15 de octubre de 2014 (v. fs. 96/105).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 (v. fs. 110/115).
II.1. Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de origen.
Por un lado, sostiene que en el caso no se encontraban reunidas las condiciones para que el juzgador ejerciera la potestad de declarar oficiosamente la invalidez constitucional del citado precepto. En este sentido, cita en apoyo de sus argumentos lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Mill de Pereyra" y "Rodríguez Pereyra" (v. fs. 112 y vta.).
Desde otroángulo, argumenta que aquella norma, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo, no transgrede -contrariamente a lo resuelto por el juzgador- el principio de progresividad, pues las modificaciones que introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo.
Alega que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad (por privación de una reparación integral del daño), amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los beneficiarios (v. fs. 113).
Refiere que no es el camino correcto acudir a "infundados argumentos" a efectos de derribar una normativa que, de facto, es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de los siniestros laborales regulado por la ley 24.557 (v. fs. 113 vta.).
Manifiesta que, si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes, y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como -afirma- ha sucedido en la especie (v. fs. 114).
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral del daño con fundamento en las normas del derecho común, pues el actor -a juicio del recurrente- claramente había optado por el régimen especial de reparación de infortunios laborales (v. fs. 114 y vta.).
II.2. Por último, a todo evento, en el caso de prosperar la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como lo hizo el tribunal de grado- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe destacar que el valor del litigio -representado por la diferencia entre el monto fijado en la sentencia en concepto de reparación integral y el correspondiente a la indemnización tarifada del régimen especial- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Ac. 3.867/17), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, sólo puede justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita, en principio, a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
III.1.b. Ahora bien, no obstante lo expuesto, el reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
III.2. Efectuada esta aclaración, a los fines de brindar suficiente respuesta al primero de los cuestionamientos contenidos en el recurso deducido -concerniente a que el tribunal de grado emprendió oficiosamente el control de constitucionalidad de la citada norma- habré de reproducir, en lo pertinente, los conceptos que esgrimí al emitir opinión en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), análoga, en sustancia, a la presente.
Ello, en tanto en el caso bajo examen se verifica que el escrito de inicio adolece de los mismos defectos que el doctor Soria puso de resalto en aquel precedente -a cuya opinión adherí- y que justificaron la procedencia de la impugnación fundada en la previsión del art. 47 de la ley 11.653.
En efecto, pese a que la ley 26.773 resultaba aplicable en la especie según las pautas de orden temporal denunciadas en la demanda (v. fs. 3/5 y vered., primera cuestión, fs. 97) ningún análisis mereció el nuevo diseño del régimen de riesgos del trabajo implementado por la ley 26.773.
El escrito contiene un desarrollo impreciso, en el cual abundan genéricas consideraciones sobre disposiciones legales inaplicables al caso, pero nada dice la parte actora en dicha pieza procesal en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta señalar que tampoco lo hizo en otras oportunidades procesales pues, aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa, al evacuar el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653, se limitó a peticionar la apertura a prueba de las actuaciones (v. contestación de demanda, fs. 33 vta./34 vta. y escrito de fs. 47).
III.3. No obsta a la solución que aquí se propone lo recientemente resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), toda vez que en este último precedente había mediado un concreto planteo de la parte actora cuestionando la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773.
III.4. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Los autos deben ser devueltos al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios- dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo que aquí se decide.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Sin perjuicio de las observaciones que podrían caber a partir de la insuficiencia del monto en disputa, habré de acompañar la solución contenida en el voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, en tanto lo argumentado por la ponente adopta el criterio que sostuve en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), semejante a la presente y a cuyo desarrollo me remito.
Cabe aclarar, por fin, que no he participado de la definición a la que arribó este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), litigio en el que -con relevantes notas distintivas- planteada por la parte actora la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, el tribunal de trabajo hizo lugar al reclamo fundado en el sistema pergeñado por la ley 24.557, ello, ante el fracaso de la acción sustentada en el derecho civil.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con la aclaración de que he participado en la votación del precedente L. 124.807, "Vera", sentencia de 11-V-2021 y, con las salvedades expresadas por el doctor Soria en su voto, me sumo a la propuesta que se eleva al Acuerdo.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:30:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:15:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:15:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:28:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:56:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia