Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127388
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle a Raúl Omar Toloza la suma que individualizó en concepto de prestación por Gran Invalidez estatuida en el art. 17 apartado 2 de la ley 24.557. Estableció, asimismo, que la demandada debería abonarle la prestación mensual -equivalente a tres veces el valor del AMPO, definido por el art. 21 de la ley 24.241-, desde el origen de su reclamo (25-II-2014) y hasta su muerte (v. sent. de fecha 16-III-2021).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que, con posterioridad al cobro de la indemnización reconocida oportunamente por la Justicia Nacional del Trabajo, de conformidad con lo que surgía de la historia clínica adunada a los presentes y de la pericia médica producida, Toloza necesitaba -como consecuencia de sus afecciones y deterioro anatómico funcional- la atención y asistencia de otra u otras personas para poder realizar los actos más elementales de la vida.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-III-2021), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resol. del 21-IV-2021).
En primer lugar, se agravia de la condena al pago de la prestación por Gran Invalidez, alegando que todas las prestaciones dinerarias reconocidas en favor del accionante se encuentran alcanzadas por el efecto de la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Toloza Raúl Omar C/ Dema S.A. y Otra S/Accidente-Acción Civil" (de fecha 23-V-2006), donde se la condenó al pago de una reparación integral.
Por otro lado, objeta la fecha a partir de la cual el sentenciante estableció la obligación de abonar la referida prestación del art. 17 de la ley 24.557, así como el procedimiento elegido para establecer su monto.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, respecto del agravio que gira en torno al rechazo de la cosa juzgada, cabe señalar que dicha excepción fue zanjada por el juzgador de origen en una decisión previa al dictado de la sentencia (v. resol. de fecha 1-II-2016) y, por tanto, se trata de una cuestión preclusa y ajena -como tal- a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 123.182, "Santin", resol. de 11-III-2020; L. 124.782, "Fleitas", resol. de 25-IX-2020 y L. 125.061, "Velardez", resol. de 2-III-2021).
III.2. Tampoco pueden prosperar los restantes reproches traídos, dirigidos a cuestionar la fecha a partir de la cual se estableció la obligación de abonar la prestación dineraria del art. 17 de la ley 24.557, así como la forma para determinar su monto, en virtud de la omisa mención de la norma o las normas que se consideran infringidas, lo que exhibe su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
En este orden, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas sustantivas y procesales relativas a los agravios que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento, de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma regulatoria del recurso extraordinario intentado (causas L. 122.590, "Quinteros", sent. de 7-IX-2020 y L. 125.005, "Segarra", resol. de 16-X-2020); ya que este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la prescindencia de citas normativas (causas L. 121.158, "Lagos", sent. de 14-VII-2020 y L. 121.373, "Ankudowicz", sent. de 18-VIII-2020).
De igual modo, la crítica plasmada igualmente no logra abastecer los recaudos insoslayables del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues, en este tramo de la impugnación, la recurrente ni siquiera ha denunciado que tal decisión fuese producto del vicio de absurdo, deficiencia técnica que sella su suerte adversa, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia del mencionado vicio cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017 y L. 125.240, "Moreno", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia