Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda incoada por Mora Fabiola Verónica Letelier -por sí y en representación de sus hijas menores Selene Melisa Gómez y Zaira Valentina Gómez-, Priscila Alejandra Gómez y Nahuel Martin Gómez y, en consecuencia, condenó solidariamente a Ernesto Cipriano Ayala y a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar las suma que especificó en concepto de reparación integral, con sustento en el derecho común, por el fallecimiento de Jorge Martín Gómez (v. fs. 404/424 vta.).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó configurada la responsabilidad civil de la aseguradora en el entendimiento de que esta había incurrido en un total incumplimiento de las obligaciones de prevención y control establecidas en la ley 24.557, no habiendo aportado elemento alguno que demostrara lo contrario.
II. Frente a lo así resuelto, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-XII-2019), el que fue concedido, (v. resol. de fecha 29-V-2020), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 7-IX-2021).
En su presentación denuncia absurdo, y cita las normas y la doctrina legal que entiende vulnerada.
Se agravia, en primer lugar, de la condena civil impuesta, en tanto entiende que la responsabilidad de las aseguradoras se encuentra limitada al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de afiliación celebrado en los términos de la ley 24.557, no siendo la eventual omisión de su deber de vigilancia o de seguridad causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso.
Por otro lado, afirma que no se probaron incumplimientos de su parte, ni se verificó la necesaria relación de causalidad entre el daño y el acto omisivo que se le imputa. En ese orden de ideas, concluye que, en definitiva, la atribución de responsabilidad dispuesta en el fallo resulta arbitraria, en tanto se encuentra fundada en meras manifestaciones dogmáticas.
Finalmente, invoca infringido el art. 4 de la ley 26.773. En ese sentido, señala que el tribunal actuante omitió tener presente el pago oportunamente efectuado a los derechohabientes del trabajador fallecido, que entiende implicó el ejercicio de la opción por las prestaciones del régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo que excluye cualquier otro sistema de responsabilidad. De suyo entonces, asevera, no cabe sino concluir en que los accionantes carecen de legitimación para formular el reclamo impetrado en los presentes actuados.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011) y L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014), en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
III.1.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017; L. 122.572, "Silva Baeza", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
III.2. En segundo término, cabe recordar que esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 124.401, "Estigarribia", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
En el caso, el tribunal de grado concluyó que se acreditó el incumplimiento de la empleadora de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y la omisión de la aseguradora del control legal correspondiente, lo cual hacía responsable a esta última, frente a los derechohabientes del trabajador, de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicha conducta.
En efecto, a criterio del juzgador, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no produjo prueba alguna que permitiera inferir la existencia de una conducta concreta y concluyentemente enderezada a preservar la integridad psicofísica del trabajador. En definitiva, para el sentenciante, el fallecimiento del accionante guarda relación causal adecuada y directa con los incumplimientos de las obligaciones de prevención y control que la ley les exige a las aseguradoras.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
III.3. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.4. Finalmente, deviene inatendible el último de los agravios traídos, referido a la violación del art. 4 de la ley 26.773.
En efecto, tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, el contenido argumental de este tramo del embate se aparta del razonamiento desarrollado en el fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y, siguiendo el hilo de su propio razonamiento, se desentiende de los fundamentos que llevaron al sentenciante de origen a desestimar la procedencia de la defensa de falta de legitimación activa oportunamente opuesta por su parte y a declarar la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (sin siquiera cuestionar dicha decisión), exhibiendo de ese modo una defectuosa técnica recursiva que conduce, sin más, a su fracaso, habida cuenta que, como es sabido, es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011; L 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020 y L. 127.057, "Martínez", resol. de 7-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia