Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127946
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, rechazó íntegramente la demanda incoada por Sergio Martín Lazzatti en concepto de indemnización por infortunio laboral (v. pronunciamiento de fecha 1-VI-2021).
Para así decidir, consideró que, al momento de producirse el accidente de trabajo denunciado en autos, la Provincia de Buenos Aires se encontraba autoasegurada en virtud del "Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación", ratificado por los decretos provinciales 3.858/07 y 859/08.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-VI-2021), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de 22 de junio de 2021.
En su impugnación denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina y normativa que cita.
En lo esencial, objeta que el tribunal hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Aduce que el juzgador de grado interpretó erróneamente el decreto 3.858/07. En esa línea manifiesta que, una vez rescindido el contrato de afiliación con la Provincia de Buenos Aires, ésta le otorgó a "PROVART" la administración del autoseguro, por lo que la demandada debía atender los siniestros ocurridos a partir del 1 de enero del año 2007 y rendir cuentas al Estado provincial.
En ese orden, indica que, una vez demandada judicialmente, la administradora no puede eludir su responsabilidad amparándose en ese convenio de desafiliación, dado que, a través del mismo, continuó con la administración de las prestaciones. Destaca, asimismo, que -a pesar de haber intervenido y otorgado prestaciones como administradora- la aseguradora demandada no requirió la citación a juicio del Estado provincial.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021) razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que los precedentes traídos por el recurrente en apoyo de sus reproches se vinculan, por un lado, a la doctrina de los actos propios, los cuales se encuentran detraídos de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 81.327, "Mercado", sent. de 27-IX-2006; L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008 y L. 120.342, "Figueredo", resol. de 29-IX-2017); y, por otro, aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 122.612, "Ulibarri", resol. de 3-VII-2019).
Además, cabe señalar que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no devienen idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores ni de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.195, "Mattianda", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:46:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:27:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia