Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDe conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y desestimar el de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos. Con costas (arts. 298, CPCC).
Asimismo, respecto de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, se la rechaza por encontrarse insuficientemente fundada (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda instaurada por Roxana Ester Sosa contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 5-VII-2021).
Para así decidir, en lo sustancial, juzgó que la accionante no aportó -como era su carga- los elementos de prueba tendientes a acreditar los extremos alegados en la demanda vinculados con el accidente de trabajo denunciado y con la índole y modalidad de las tareas desarrolladas para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley, (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2021), concedidos por el tribunal de grado (v. resol. del 7-IX-2021); habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 30-XII-2021).
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. rec. puntos VII y VIII), mediante el cual el interesado alega que la omisión por parte del juzgador de aplicar al caso las resoluciones 43/97 y 37/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo resulta violatoria de los arts. 10, 14 y 15 de la Constitución provincial. Asimismo, afirma conculcado el principio protectorio receptado en el art. 14 bis de la Carta Magna nacional.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso ha sido mal concedido.
III.3. Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, corresponde recordar que el remedio previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se abre únicamente en el caso en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución provincial (causas L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018 y L. 87.736, "Barrios", sent. de 2-XII-2009), supuesto ausente en la especie, en que -para más- no se advierte en el escrito impugnativo fundamentación idónea en los citados términos (causas L. 120.119, "Goyenetche", resol. de 23-XI-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 124.794, "Restaurant", resol. de 8-VI-2021).
IV.1. En cuanto al recurso extraordinario de nulidad también deducido (v. rec. punto VI), con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, sostiene el apelante que el fallo dictado incurrió en omisión de cuestiones esenciales y carece de la debida fundamentación legal.
Afirma que el sentenciante, para decidir como lo hizo, no se pronunció respecto de una cuestión esencial, como lo es, a su criterio, la valoración del dictamen pericial médico.
IV.2. El recurso no prospera.
En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.3. Sentado ello, resulta evidente que, contrariamente a lo afirmado en el recurso, la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 121.707, "Leiva", resol. de 27-II-2019 y L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020).
Es dable agregar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017; L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017 y L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018).
IV.4. Por otro lado, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhbie que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
V. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. punto IV. de su presentación de fecha 11-VII-2021), la compareciente afirma que el tribunal de grado invirtió la carga de la prueba en forma absurda. En este sentido, manifiesta que era a la demandada a quien incumbía acreditar el cumplimiento de la ley y producir la prueba.
Asimismo, imputa al sentenciante un arbitrario e infundado apartamiento de la prueba pericial médica.
V.1. Se impone recordar que esta Corte ha declarado que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, como también determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 122.638, "Rivero", resol. de 14-VIII-2019), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
V.2.a. En el caso, el a quo, en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653), tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa -tanto la documental como la pericia médica y contable-, juzgó no acreditada la existencia del accidente de trabajo denunciado, que expresamente fue desconocido por la parte demandada.
Asimismo, afirmó que la ausencia de prueba testimonial -dese que no existió ofrecimiento al respecto- privó del conocimiento de determinados extremos relevantes para la solución del pleito, a saber, el peso de los instrumentos que manipulaba la actora al desarrollar sus tareas, su ritmo de trabajo, las posturas adoptadas, y, en general, la modalidad de sus labores. Ello, sostuvo, hubiera permitido valorar si las labores hubiesen actuado como causa eficiente de las minusvalías.
V.2.b. En este marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar los hechos y la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
En efecto, no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
V.2.c. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión de las reglas de la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.986, "Giménez", resol. 29-XI-2021), hipótesis descartada en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y desestimar el de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos. Con costas (arts. 298, CPCC).
Asimismo, respecto de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, se la rechaza por encontrarse insuficientemente fundada (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:07:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:21:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:08:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:44:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 12:52:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia