Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128152
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda interpuesta por Andrés Ademar y condenó, solidariamente, a Industrias SP S.R.L. y Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral por enfermedad profesional, con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 21-5-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tras valorar en conciencia la prueba producida, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad psicofísica del 21,5% del índice de la total obrera, como consecuencia de secuelas de lumbalgia crónica por discopatía lumbar y RVAN grado II, con incidencia causal y concausal en las tareas realizadas para su empleadora.
Asimismo, juzgó acreditados los extremos que tornan viable la pretensión con fundamento en el derecho civil, puntualizando que la aseguradora accionada incumplió con los deberes de control y prevención que le imponen tanto la Ley de Riesgos del Trabajo como la de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora codemandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 18-VI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 27-VIII-2021).
En su presentación, plantea que las dolencias del trabajador tienen carácter inculpable por lo que no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales.
En segundo término, entiende que, respecto de la condena por responsabilidad civil, no está probado el nexo de causalidad entre el daño denunciado y el supuesto incumplimiento que se le endilga.
Luego, se agravia del progreso del rubro daño psicológico, por entender que tampoco deriva de una contingencia de etiología laboral.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que nunca estuvo en mora, y que, en todo caso, debieron liquidarse desde la sentencia.
Finalmente, apela por altos los honorarios, y solicita que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, y si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, en tanto constituyen el análisis de las cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resultan atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
Asimismo, este Tribunal ha señalado que establecer si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, constituyen el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado no revisables en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014; L. 119.988, "Llamazares", sent. de 22-VIII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
En tal sentido, resulta necesario observar que para demostrar dicha anomalía es necesario la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado tuvo por acreditado el incumplimiento por parte de la empleadora de las normas de higiene y seguridad en el trabajo y la omisión de la aseguradora accionada, por no haber observado sus obligaciones de prevención y control que le impone la normativa vigente, por lo que las dolencias físicas y psíquicas que presenta el accionante guardan relación causal adecuada y directa con dichos incumplimientos.
III.1.c. Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser conmovidas por la recurrente, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En particular, y ante el reproche que gira en torno a la pericia médica, así como a su ponderación, corresponde memorar que, en la tarea de valoración de las mismas, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 123.180, "Beron", resol. de 4-III-2020 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.2. Por otro lado, las objeciones que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la conclusión a la que arribó el tribunal de grado en orden al daño psicológico, en tanto, basada en apreciaciones desencontradas con la definición medular del fallo, la apelante sólo exhibe su disconformidad con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar las principales motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento atacado.
En este sentido, reiteradamente se ha dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 124.820, "Albarracín", resol. de 24-VIII-2020; L. 124.684, "Beltran", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020).
III.3. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
Sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas causas L. 123.156, "Puzzolo"; L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
III.4.a. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que la recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 120.822, "Chávez", resol. de 11-X-2017 y L. 123.755, "Afonso", resol de 4-III-2020).
III.4.b. En cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:40:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:37:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:59:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia