Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126941
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
Asimismo, rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de un juicio iniciado por el señor Raúl Juan José Purini contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en concepto de indemnización por accidente de trabajo, rechazó la demanda interpuesta y ordenó el archivo de las actuaciones (v. fs. 43/44 vta.).
Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que la existencia de una resolución homologatoria en la instancia administrativa previa, conforme lo establecido en el art. 2 de la ley 27.348 y la ley 14.997, y el pago efectuado en su consecuencia, impedía la prosecución de la acción judicial, por cuanto el trabajador había obtenido una resolución a su conflicto que había adquirido autoridad de cosa juzgada administrativa (conf. arts. 15, LCT; 336, CPCC y 27, ley 11653).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 9-XI-2020), los que fueron concedidos en la instancia de grado el día 1 de diciembre de 2020.
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, mediante el cual el interesado plantea la invalidez constitucional del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, alegando que su aplicación trasgrede los arts. 15, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso ha sido mal concedido.
III.3. Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, corresponde destacar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que el medio de impugnación establecido en el art.161 inc.1 de la Constitución provincial, sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas L. 117.152, "Chaile", resol. de 29-V-2013; L. 117.646, "Miranda", resol. de 24-XII-2014; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018).
Tal situación no concurre en la especie. En efecto, del análisis de la decisión en crisis, se observa que el tribunal de grado no ha resuelto, de suyo, caso constitucional alguno en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 117.475, "Carnevalini", resol. de 7-V-2014); deviniendo así inadmisible el remedio en estudio (causas L. 108.023, "Segui", resol. de 3-III-2010; L.119.709, "Pugliese", resol. de 11-V-2016 y L. 123.331, "Guiñazu", resol. de 29-VII-2020; e. o.).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el compareciente afirma que la sentencia de grado incurrió en absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10, 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2 de la ley 15.057; de las leyes 27.348 y 14.997 y de la doctrina legal que cita.
Alega que se ha denegado el acceso a la justicia para tratar cuestiones que exceden el marco de atribución y competencia que tiene el órgano administrativo.
En tal sentido, manifiesta que ni el agente ni el titular del servicio de homologación se encuentran facultados para constatar el consentimiento y discernimiento de los firmantes y mucho menos para emitir una opinión de legalidad sobre el procedimiento ante las comisiones médicas.
Afirma que lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de Contrato no resulta aplicable en el procedimiento diagramado por la ley 27.348.
Sostiene que los acuerdos homologados pueden ser cuestionados en sede judicial, en tanto el impedimento que dispone la cosa juzgada es en relación al pronunciamiento en dicha sede, no pudiéndose reintentar el reclamo sobre un mismo objeto ante las comisiones médicas, pero sí ante la justicia ordinaria, donde no hubo una resolución firme al respecto.
Puntualiza que el juzgador de grado soslayó la doctrina sentada en la causa L. 87.204, "Romero" (sent. de 18-IV-2011), referida a la exigencia de actitudes heroicas de parte de los trabajadores accidentados frente al procedimiento administrativo obligatorio (v. pág. 9).
Señala que las citas de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 124.309, "Delgadillo" y "Szakacs" (sents. de 28-V-2020), no se condicen con las circunstancias fácticas y jurídicas procesales de autos, puesto que en ellos no se resolvió respecto de la cosa juzgada administrativa.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda (esto es, la diferencia entre la suma pretendida y el importe abonado en sede administrativa), no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, por lo que el tratamiento del remedio en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; e. o.).
Cabe asimismo indicar, a propósito de los argumentos desplegados por la interesada, que el tenor del planteo ensayado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; SCBA causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; e. o.).
IV.2.b. En ese marco, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la determinación del alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, así como la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019 y L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; e. o.).
Tampoco es apta para abrir la instancia extraordinaria en el mentado marco excepcional, la cita efectuada por el recurrente en la página 9 del escrito impugnatorio, toda vez que, además de no atender a las motivaciones esenciales del fallo recurrido (causas L. 108.728, "Esteban", resol. del 23-XII-2009; L. 101.498, "Speranza", sent. del 13-X-2010 y L. 113.641, "Díaz", resol. de 1-VI-2011; e.o.), ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 125.461, "Luna", resol. de 4-III-2021 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. del 21-IV-2021).
IV.2.c. Otro tanto corresponde decir de los embates orientados a censurar la aplicación al caso de las directrices emanadas de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
Ello así, por cuanto las manifestaciones que introdujo el sentenciante en tal sentido fueron formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta (v. sent., fs. 43 vta.). Vale decir entonces que sólo tienen un valor accesorio que no perturba ni incide en las definiciones esenciales que respaldaron la decisión del tribunal, sustentadas en la circunstancia de haber considerado que, en el caso, existía cosa juzgada administrativa, por cuanto el trabajador Raúl Juan José Purini había percibido en el acto administrativo homologatorio dictado en el expediente 402.373/19, la suma indemnizatoria acordada entre las partes. Por ende, no causa agravio y, consecuentemente, deviene inapelable e impropio su tratamiento por esta Corte (causas L. 88.550, "Cantet Manterola", sent. de 2-VII-2008; L. 118.134, "Vaccarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 118.685, "Nieva", resol. de 4-XI-2015 y L. 121.081, "Cortez", resol. de 11-IV-2018; e.o.).
IV.2.d. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
Asimismo, rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:16:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 10:33:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2022 09:57:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:44:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:47:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:04:59 hs. bajo el número RR-744-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia