Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827 y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de las actuaciones promovidas por la señora Rosa Analía Martínez contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773) por la incapacidad que dijo haber contraído a consecuencia de un accidente de trabajo, declaró la inaplicabilidad de la ley 27.348 y su competencia para entender en autos (v. pronunciamiento de fecha 19-VII-2019).
Para así decir, analizó las constancias de la causa y señaló que la actora había sufrido un infortunio laboral el día 19 de mayo de 2016, siendo dada de alta por la aseguradora en fecha 27 de mayo de 2016. Agregó que la trabajadora tomó conocimiento de su enfermedad profesional -cervicalgia- en el mes de diciembre de ese mismo año. Luego, sostuvo que cuando la señora Martínez había transitado la vía administrativa aún no estaba a su disposición la posibilidad de encauzar el reclamo en el nuevo diseño de acceso a la jurisdicción que regula el procedimiento mismo y su vía recursiva.
En tales condiciones, y dada la cronología de los hechos expuestos en la demanda, el tribunal de grado consideró que el sistema previsto por la ley 27.348 y las resoluciones complementarias a esta última resultaban inaplicables al caso, por lo que rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la causa (arts. 3, ley 27.348; resols. 298/17 y 23/18 de la SRT; 46 de la ley 24.557 y 31 de la ley 11.653).
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-VI-2020), concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 25-IX-2020).
En su presentación, se agravia de la decisión de grado que -según afirma- declaró "la inconstitucionalidad de la ley 14.977 y la consecuente inaplicabilidad al caso de autos de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348" (v. rec. ap. VI.2.).
En lo sustancial de la crítica, por las razones que expone, defiende la validez constitucional de la citada normativa y sostiene que sus disposiciones no afectan la autonomía provincial ni las garantías de acceso irrestricto a la justicia y debido proceso legal.
A su vez, esgrime argumentos tendientes a justificar la constitucionalidad del procedimiento previo y obligatorio que deben seguir los trabajadores por ante las Comisiones Médicas.
Denuncia transgredida la doctrina legal sentada en la causa L.121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, decisión que -debidamente notificada- no ha merecido objeciones por parte de la impugnante, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020; e. o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; e. o.).
III.2. En ese contexto, y sin abrir juicio sobre el acierto de la decisión, no resulta hábil la denuncia de violación de doctrina legal que la quejosa efectúa en sustento de su impugnación -v. rec., pág. 12-, pues ella no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.255, "Reimer", resol. de 28-V-2021).
Ello así, por cuanto, en su pronunciamiento, el tribunal de origen no se pronunció acerca de la validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348, sino que la justificación para declarar su competencia halló fundamento en la imposibilidad de la trabajadora -al tiempo de transitar la vía administrativa- de encauzar el reclamo en el nuevo diseño de acceso a la jurisdicción previsto en tales normas. Dicho aserto revela, una errada interpretación del contenido de la sentencia y contribuye a definir el rechazo de la queja.
III.3. Por lo demás, corresponde indicar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021 y L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827 y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:12:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:31:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:44:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:43:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:49:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:48 hs. bajo el número RR-954-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia