Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120791
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.791, "Seoane, Graciela Elizabeth contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata (nuevamente integrado; v. resol., fs. 113/115) hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 166/175 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 179/187).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que la señora Graciela Elizabeth Seoane promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes provocadas por las dolencias que contrajo a consecuencia de las tareas que prestó como enfermera en el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "Dr. Alejandro Korn" de la localidad de Melchor Romero, y de las cuales tomó conocimiento en la fecha 18 de junio de 2013 (v. fs. 166/175 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
II.1. Se opone a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el a quo con relación al art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada "opción excluyente" para promover acciones judiciales en materia de accidentes o enfermedades del trabajo.
Con apoyo en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Mill de Pereyra" y "Rodríguez Pereyra", expone las condiciones que en su opinión habilitan a los tribunales a declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma legal, extremos que, afirma, no se verifican en la especie.
Argumenta que la norma descalificada por el tribunal no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los beneficiarios.
Refiere que no es el camino correcto acudir a infundados argumentos a los efectos de derribar una normativa que, de facto , es de carácter público y ha sido creada como instrumento de protección social con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de los siniestros laborales regulado por la ley 24.557.
Alega que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso.
Con todo, aduce que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de una indemnización integral del daño con fundamento en las normas del derecho común, pues la actora claramente -entiende- eligió la reparación prevista en el régimen especial de infortunios laborales.
II.2. Por último, para el caso de que se confirme la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como se llevó a cabo en el pronunciamiento- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden exclusivamente al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1.a. En el caso, el pronunciamiento de grado debe ser revocado pues contiene defectos análogos a los que hubieron de ponerse de relieve en esta sede extraordinaria -y en relación con una sentencia proveniente del tribunal que aquí intervino- en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), solución que fuera replicada en el caso L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021). Tal conclusión, encuentra evidente sustento en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias.
Sin perjuicio de lo dicho, he de recordar que en el citado precedente L. 120.792, sostuve como una pauta general, consistente con el respeto del debido proceso (art. 18, Const. nac.), la necesidad de resguardar que el debate constitucional sea instado oportunamente por la parte interesada con el fin de garantizar la audiencia y bilateralidad en el trámite, y permitir que los jueces, en el ejercicio de sus atribuciones (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.), se pronuncien sobre la validez de la norma objetada; criterio, desde luego, no exento de matices ni de excepciones.
Con arreglo a las consideraciones expuestas en aquella ocasión, a las que me remito por razones de brevedad, cabe afirmar que -en la especie- el tribunal de grado descalificó de modo improcedente la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, y condenó a la accionada al pago de una indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho civil. Pues lo hizo sin que se hallaran configurados los supuestos habilitantes a tales fines.
Dable es precisar algunas particularidades que apuntalan la solución propuesta: a pesar de resultar aplicable, ningún análisis mereció en el escrito de demanda el nuevo diseño que trajo al ámbito de los infortunios laborales la ley 26.773, fundamentalmente, con un discurso de marcadas imprecisiones y en el cual abundan genéricas y confusas consideraciones alejadas de las prescripciones con vocación de ser empleadas en el caso, nada se dice concretamente en dicha pieza procesal en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta indicar que tampoco en otras oportunidades procesales la parte actora se expidió acerca del art. 4 de la nueva legislación, ni aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa.
Ello justifica el progreso de la impugnación extraordinaria fundada -entre otras disposiciones- en el art. 47 de la ley 11.653.
III.1.b. Cabe aclarar, por fin, que no he participado de la definición a la que arribó este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), litigio en el que -con relevantes notas distintivas-, planteada por la parte actora la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, el tribunal de grado hizo lugar al reclamo fundado en el sistema pergeñado por la ley 24.557, ello, ante el fracaso de la acción sustentada en el derecho civil.
III.2. Con todo, corresponde revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del citado art. 4 de la ley 26.773. Los autos deberán regresar al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido con el alcance indicado en el punto III.2. del presente. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Tal como se desprende del relato efectuado por el ponente, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020) y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021).
Al respecto, recuerdo que en tales causas este Tribunal acogió agravios estructurados de modo sustancialmente análogo al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance atribuido por el doctor Soria. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con la aclaración de que he participado en la votación del precedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), y con las salvedades expresadas por el doctor Soria en su voto, me sumo a la propuesta que el colega eleva al acuerdo.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2022 14:54:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2022 09:17:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 19:19:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:01:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:25:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia