Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular de oficio la resolución de fecha 3 de marzo de 2021 y remitir los autos al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción iniciada por el señor Pablo Martín Cotignola contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago del resarcimiento previsto en el régimen especial de la ley de riesgos del trabajo, dispuso la apertura a prueba de la causa (v. providencia electrónica de fecha 5-II-2021).
Frente a lo así proveído, la legitimada pasiva dedujo recurso de revocatoria. Argumentó, en lo esencial, que la decisión del órgano de origen importaba soslayar la doctrina legal forjada en el precedente L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020 (v. escrito electrónico de fecha 10-II-2021). El remedio fue rechazado por el tribunal de grado el día 3 de marzo de 2021.
Para así decidir, el a quo estableció textualmente: "atento el dictamen médico acompañado como archivo adjunto en fecha 10 de marzo de 2020, y ajustándose a derecho la resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, no existiendo en el mismo errores que ameriten la vía intentada se rechaza por improcedente la revocatoria interpuesta (art. 54 de la ley 11.653). Notifíquese."
II. Contra esta última decisión, la Fiscalía de Estado provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-III-2021), el que fue concedido por el tribunal de origen (v. resol. electrónica de 13-IX-2021).
III. Ante todo, se impone señalar que, en el caso, la decisión del tribunal interviniente debe equipararse a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que sus efectos podrían generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, pues se presentan en la especie las notas distintivas que condujeron a esta Suprema Corte a resolver en este sentido al igual que, entre otras, en las causas L. 126.026, "Delgado"; L. 125.936, "Peña", ambas resol. de 10-V-2021 y L. 128.875, "Dure", resol. de 9-VIII-2022.
IV. Sentado lo anterior, corresponde disponer de oficio la anulación de la resolución electrónica de fecha 3 de marzo de 2021.
Cabe recordar que la potestad de declarar de oficio la nulidad de los pronunciamientos judiciales dictados por los jueces de última o única instancia es exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, y se halla reservada para supuestos de excepción (causas L. 78.135, "Barreiro", sent. del 9-VI-2004; L. 93.027, "Coto", sent. del 19-III-2008; L. 98.725, "Sisto", sent. del 29-II-2012 y L. 125.208, "Agote", resol. de 3-VIII-2020).
Asimismo, es criterio de este Tribunal que procede la anulación del fallo recurrido si éste no suministra los presupuestos necesarios para resolver el tema litigioso ni expone conclusiones claras sobre cuestiones esenciales al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad (causas L. 75.982, "Luchetti", sent. del 19-II-2003; L. 79.864, "Lafont", sent. del 28-VII-2004; L. 116.475, "Topa", resol. de 23-V-2012 y L. 103.060, "Ibañez", sent. de 27-VI-2012), extremos que se presentan en el sub lite .
En efecto, la simple lectura de la resolución dictada -que, por lo demás, no cuenta con la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces- da cuenta que ante la revocatoria opuesta por el Fisco provincial contra el auto de apertura a prueba de fecha 5 de febrero de 2021, el tribunal de trabajo se desentendió por completo del planteo formulado. Ello así, toda vez que, mediante la lacónica e infundada mención de la inexistencia de errores que ameritaran la vía intentada, dispuso que la resolución "de fecha 1 de diciembre de 2003" -cita que no tiene correlato alguno con el trámite seguido en las presentes actuaciones- se ajustaba a derecho.
De esa manera, fácil es colegir que la conclusión del juzgador de mérito luce extraviada del contexto de la causa, y -con ello- impide el ejercicio de la competencia revisora propio de esta Casación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Anular de oficio la resolución de fecha 3 de marzo de 2021 y remitir los autos al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:58:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:20:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:16:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 14:31:47 hs. bajo el número RR-1355-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia