Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125233
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.233, "Moran Ramos, Carlos Enrique contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 103/113 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar a la demanda que el señor Carlos Enrique Moran Ramos promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por los daños y perjuicios derivados de las afecciones que contrajo trabajando bajo su dependencia.
Para así decidir, juzgó acreditado en el veredicto que el accionante padece lumbociatalgia con hernias de disco L3-L4, L4-L5, causada por las tareas que -como enfermero- prestaba en el Hospital Alejandro Korn, que lo incapacitan en un 33,5% del índice de la total obrera (v. fs. 103 y vta.).
En la sentencia, el juzgador declaró configurados los presupuestos de responsabilidad civil objetiva de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo normado en el art. 1.757 del Código Civil y Comercial, ya que las tareas realizadas en las condiciones ambiento laborales descriptas, resultan una actividad riesgosa productora del daño, enmarcadas en tal precepto (v. fs. 105 vta. y 106).
Luego, en relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 formulado en la demanda, señaló que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción excluyente contendida en la ley 9.688 en sus distintas versiones, tal posición, siempre errada, no fue pacífica (v. fs. cit.).
Agregó que esa incongruencia fue felizmente superada a partir del art. 39 de la ley 24.557 que, si bien provocó una serie de insostenibles injusticias, también actuó como un eficaz revulsivo de las mismas (v. fs. 106 vta.).
A partir de entonces, explicó, los superiores tribunales, tanto nacionales como provinciales, encadenaron una serie de sucesivos fallos que impiden retrogradar legal, jurisprudencial y doctrinariamente hacia la reinstauración de la opción en cuestión (v. fs. cit.).
Consideró que no puede existir un subsistema de reparación de daños excluyente del común y que, de ser ello así, siempre deberá complementarse y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando la superposición o duplicación de reparaciones (v. fs. cit.).
Añadió que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace años y no puede desandarse, sin violar el principio de progresividad (v. fs. cit.).
Concluyó así que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia y perjudica al trabajador al obligarlo, en estado de necesidad, a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de una hipotética o eventual mejor reparación (v. fs. cit.).
Por ende, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 por considerar que colisiona con lo normado por los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo, habilitando consecuentemente la reunión de pretensiones intentada por el actor en las presentes actuaciones (v. fs. 107 vta.).
II. Contra esta conclusión se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la definición de grado que declaró la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Alega que las modificaciones que introduce dicha ley no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo, que avanza en una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos de dicho sistema reparatorio, estableciendo prestaciones plenas, justas, integrales y de percepción inmediata, dando previsibilidad y certeza a los actores sociales en el marco de especificidad que le es propio. Todo ello -afirma-, con el debido respeto de los enunciados categóricos, principios y reglas tuitivas del art. 14 bis de la Constitución nacional.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño, amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los trabajadores.
Refiere que no es el camino correcto el de acudir a infundados argumentos a efectos de derribar una normativa que, de facto, es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de los siniestros laborales regulado por la ley 24.557.
Agrega que, si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso.
Con todo, aduce que el fallo de grado es absurdo y arbitrario por declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y que, en consecuencia, debe casarse.
Por otro lado, indica que el juzgador al valorar la prueba "...livianamente tuvo por acreditado que el actor padece las patologías por las que reclama, omitiendo por completo la impugnación formulada a la pericia médica producida...".
Asimismo, para el caso de que no se revoque la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como hubo de llevarlo a cabo el juzgador en su pronunciamiento- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Finalmente, señala que el sentenciante incurrió en un error al practicar la liquidación y considerar que el trabajador tenía cuarenta y ocho años cuando tomó conocimiento de su incapacidad, toda vez que -en su interpretación- tanto de la carta poder que suscribió como de la demanda se desprende que tenía cuarenta y seis años.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin que ello implique emitir juicio sobre el contenido de tal decisión, lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 ha de permanecer firme en razón de la insuficiencia técnica del medio de impugnación en examen para desvirtuar tal pronunciamiento que, para más, se ajusta a la solución que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
III.1.a. En el escrito inicial la parte actora precisó que "...el objeto de esta demanda está dado por alcanzar la reparación integral estimada por la minusvalía física...", aclarando que "...se demanda con fundamento en la L.R.T. a fin de la percepción en primer término de la reparación de la misma con más la reparación plena fundada en la normativa civil y en los tratados internacionales..." (fs. 6 y 12). Asimismo, indicó que el referido régimen especial, reformado por la ley 26.773, y en particular su art. 4 "...ha sido dictado contrariando expresas normas de la Constitución Nacional, la constitución de la Provincia de Buenos Aires y Tratados Internacionales con rango supralegal, por lo que se impone su impugnación y consiguiente desactivación por inconstitucional..." (fs. 12 vta.).
Por su lado, al intervenir en el litigio el Fisco provincial sostuvo que el accionante fundó su reclamo en los términos de las normas que gobiernan la responsabilidad civil (arts. 1.074, 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil), acumulando a dicha acción el pedido de las prestaciones previstas en las leyes 24.557 y 26.773 (v. fs. 35 vta.). Desde esa exégesis, afirmó que el art. 4 de esta última ley "...prohíbe la acumulación de acciones, razón por la cual el reclamo de autos fundado en términos de la ley tarifada y también en el marco del derecho común, deviene improcedente..." (fs. 36).
A su vez, agregó que sin perjuicio de lo manifestado respecto a la inviabilidad del reclamo civil de conformidad con las prescripciones de la ley 26.773, "...igualmente, del juego armónico de los arts. 1764 y 1765 del nuevo código Civil y Comercial de la Nación, surge la no aplicabilidad de las disposiciones de dicho cuerpo normativo a la responsabilidad del Estado..." (fs. 39).
III.1.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que habiendo podido el demandante optar por accionar directamente para obtener la reparación integral del daño, no lo hizo (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2019; pág. 8); peticionando, en fin, que se case la sentencia que condena al pago de una reparación sustentada en el derecho común toda vez que el actor "claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la ley de riesgos del trabajo" (presentación cit., pág. 11).
III.1.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda.
Así, mal puede sostener que no corresponde condenar a abonar una indemnización fundada en el derecho común argumentando que el trabajador optó por la acción sistémica, cuando en la instancia expresamente admitió que como aquel plasmó en su demanda ambas acciones -a saber: una fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo y otra en el derecho común-, correspondía entender que eventualmente solo procedía la primera de ellas.
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015; L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.2. Tampoco resulta de recibo el cuestionamiento que ensaya la recurrente para desmerecer las conclusiones que estableció el sentenciante sobre las afecciones que padece el actor.
Sin dejar de destacar que, contrariamente a lo que se afirma en el escrito recursivo, el tribunal de grado analizó el informe pericial médico de fs. 63 y su rectificación parcial de fs. 81 -en la que el galeno respondió la impugnación formulada por el abogado de la Fiscalía de Estado (v. fs. 103 vta.)-, es menester señalar que la sola discrepancia personal de la interesada respecto a la existencia de la dolencia que sufre el señor Moran Ramos, remitiendo a la "impugnación efectuada", resulta ineficaz para conmover la validez probatoria conferida por el juzgador a dicho medio, como también el pronunciamiento sobre la enfermedad (lumbociatalgia con hernias de disco) que en forma privativa declaró acreditada en el veredicto (v. fs. cit.).
En ese sentido, esta Corte ha expresado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo exterioriza una mera discrepancia subjetiva de la agraviada tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014; L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020; e.o.).
III.3. Por último, resta señalar que los dos lacónicos planteos finales que porta la impugnación en los apartados VI.2 y VI.3 del recurso, concernientes al grado de incapacidad y coeficiente etario que consideró verificado el tribunal a los fines indemnizatorios, se agotan en simples enunciados desprovistos de un despliegue argumental idóneo y eficaz que permita otorgarles entidad de agravios atendibles. Repárese que el interesado no denuncia con claridad en las parcelas indicadas, ni menos aún demuestra, que las objetadas conclusiones fácticas estén viciadas por absurdo, requisito mínimo e insoslayable para habilitar en esta instancia extraordinaria la revisión de cuestiones de hecho como las propuestas (art. 279, CPCC; causas L. 95.751, "Enrique", sent. de 11-VII-2012; L. 101.853, "Tarragona", sent. de 15-VIII-2012; L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
IV. En consecuencia, considero que debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de la referencia que se efectúa en orden a la opinión brindada en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
A excepción de la referencia que se efectúa en orden a la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), adhiero a cuanto se expone en el voto que inicia el acuerdo en relación a la insuficiencia del recurso bajo análisis.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:23:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:23:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:01:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:05:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 11:31:49 hs. bajo el número RS-89-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia