Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124847
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.847, "Mosconi, Sergio Gustavo contra Bernardotti, Roberto Juan y otro. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás declaró operada la caducidad del ejercicio de la facultad concedida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028 por parte del actor (v. sent., fs. 660/661).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En la etapa de ejecución de sentencia, el señor Sergio Gustavo Mosconi solicitó la declaración de insolvencia de los condenados Roberto Juan Bernardotti y Carrozados San Nicolás S.R.L. y, en consecuencia, que se ordenara al Fondo de Garantía pagar la suma establecida en la sentencia dictada el 7 de mayo de 2001 (v. fs. 630).
I.2. Corrido el pertinente traslado (v. fs. 631), se presentó la letrada apoderada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en representación del Fondo de Garantía, oponiéndose a lo peticionado por el legitimado activo, atento haber transcurrido "en exceso" el plazo previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028 (v. fs. 654/656).
I.3. El tribunal interviniente, a su turno, hizo lugar a lo pedido por la representante del Fondo de Garantía y declaró en consecuencia la caducidad del ejercicio de la facultad concedida por la citada norma (v. sent., fs. 660/661).
Para así decidir, manifestó que se debían cumplir dos condiciones para la procedencia del pago con recursos del citado Fondo: por un lado, que el empleador o su aseguradora fueran declarados en estado de "insolvencia absoluta"; y, por el otro, que el trabajador o sus causahabientes realizaran las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia, dentro del plazo de noventa días de quedar aprobada la liquidación, debiendo solicitar la declaración de insolvencia dentro de los treinta días de vencido el término antes indicado.
Sobre este último requisito, expresó que en la causa L. 81.860, "González" (sent. de 12-XII-2007), esta Suprema Corte interpretó dicho precepto, haciendo hincapié en el interés y diligencia puestos de manifiesto por la parte actora para ejecutar la sentencia, cuyo fracaso no le podía ser atribuible si la actividad procesal llevó necesariamente más de noventa días.
De este modo, analizando las actuaciones de autos bajo la luz de dicho criterio, consideró que de todos modos debía hacerse lugar al planteo del Fondo de Garantía. Ello así, por cuanto el mandamiento de constatación de fs. 579/582 vta., con el que se verificó que el condenado "Carrozados San Nicolás S.A." ya no funcionaba más en el domicilio denunciado, se agregó al expediente el 5 de agosto del 2011, mientras que la solicitud de la actora para que se declarara la insolvencia de los condenados solidariamente Roberto Juan Bernardotti y Carrozados San Nicolás S.R.L. -y se ordenara al mencionado Fondo el pago del importe de la sentencia- ingresó el 22 de diciembre de 2014.
En tal sentido, sostuvo que tomando el mandamiento como una diligencia "razonablemente indispensable para ejecutar la sentencia" y con ello comprendida necesariamente dentro del primer tramo de los plazos dispuestos por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028, las diligencias posteriores se habían concretado mucho después de agotado el plazo de treinta días.
Por ello concluyó que se tornaba operativa la caducidad del derecho ejercitado recién en diciembre de 2014.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2019).
II.1. En primer lugar, denuncia que la petición realizada por la representante del Fondo de Garantía resultó extemporánea, atento que previamente ya se le había corrido traslado y nada dijo al respecto. En ese sentido, afirma que el silencio guardado debió ser interpretado como consentimiento al pedido de declaración de insolvencia.
En esa inteligencia, considera que existía un derecho adquirido por parte del trabajador que debió ser ponderado por el sentenciante.
II.2. Plantea la inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028. Funda dicha pretensión en la circunstancia de tratarse de una ley nacional de fondo que, vulnerando las facultades reservadas por las provincias en materia procesal local, regula la caducidad. Agrega que en el caso no se da un supuesto de interés general que pueda salvarla.
II.3. En subsidio sostiene que, en tanto el plazo de treinta días es un término de caducidad, debió aplicarse lo dispuesto por el art. 12 de la ley 11.653 e intimar a la parte actora para que produjera actividad útil dentro de los cinco días, para luego -y recién en caso de inactividad- declarar verificado dicho instituto.
II.4. Finalmente se agravia de la decisión del tribunal por cuanto considera que en el caso están en juego derechos irrenunciables, que no pueden considerarse perdidos por el simple paso del tiempo.
Manifiesta que el a quo realizó una incorrecta aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente del precedente L. 81.860, "González" (sent. de 12-XII-2007), al haber valorado erróneamente la conducta procesal desarrollada por la parte actora. Asimismo, denuncia errado el punto de inicio para computar el referido plazo.
Al respecto, expresa que el órgano de grado consideró que la última "diligencia razonable" fue el mandamiento de constatación de fecha 5 de agosto de 2011. Sin embargo, alega que continuó realizando diligencias razonables con posterioridad a dicho trámite, específicamente en referencia al agotamiento de la causa penal seguida contra el depositario judicial Adrián López, la cual -explica- debió realizarse como consecuencia de la resolución de fs. 593 y vta., y aclaración de fs. 595, al definir la imposibilidad de declarar la insolvencia de los condenados.
De este modo, con el fin de lograr los embargos del depositario judicial, explica que esperó que se resolviera el citado expediente para -de tal modo- probar ante el tribunal de trabajo que se habían agotado todas las vías hábiles.
En ese marco, siendo que los actuados penales fueron archivados por falta de pruebas en fecha 23 de mayo de 2013 -y notificado el 5 de junio de 2013-, entiende que es esta última fecha la que debió ser considerada como la "última diligencia razonable" de la parte actora, para desde allí computar el plazo de treinta días.
III. El recurso no prospera.
Por razones de orden metodológico, habré de alterar el orden de tratamiento de los cuestionamientos propuestos.
III.1. En primer lugar, debe advertirse que no es de recibo el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028 desde que el pedido es extemporáneo y novedoso. En efecto, la cuestión ahora esgrimida no fue puesta a consideración del tribunal de origen, de modo que no resulta susceptible de ser evaluada en esta instancia casatoria. Recuérdese que resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva las argumentaciones de esa índole (causas L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 116.975, "Kimilik", sent. de 27-VIII-2014; L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
Para más, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca, de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.743, "Guerrero", sent. de 6-VII-2020), imperativo que aquí no se verifica satisfecho.
En efecto, el recurrente limita su embate a enunciar que la normativa procesal es materia no delegada a la Nación y que, por tanto, no puede ser comprendida en una ley de derecho de fondo. No obstante, omite denunciar los preceptos constitucionales vulnerados, tampoco aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
En tanto dicho planteo es extemporáneo y carece de un adecuado desarrollo que dé sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional, corresponde su rechazo.
III.2. Idéntica suerte adversa corre la alegada vulneración de derechos irrenunciables del trabajador, en tanto no se efectúa ninguna denuncia idónea propia del medio de impugnación deducido, limitándose únicamente a su enunciación.
III.3. Tampoco prospera el planteo vinculado a la extemporaneidad del pedido de caducidad efectuado por la representante del Fondo de Garantía.
En este punto no han sido rebatidas con éxito las motivaciones expuestas en el fallo de grado, en tanto el recurrente elabora un análisis distinto e incompleto, desentendiéndose del razonamiento estructurado en la sentencia impugnada, el que llega firme a esta instancia por falta de una réplica válida.
En efecto, no repara el quejoso en que el tribunal de grado, frente al planteo de que el Fondo esgrimió la caducidad extemporáneamente, específicamente sostuvo que no importaba lo actuado y resuelto a fs. 557 y vta. (donde se señaló que "...el mismo se mantuvo silente..."), por cuanto lo que se estaba resolviendo era una nueva solicitud -ver fs. 630- y, frente a ella, la presentación de la apoderada de la ANSES (agregada a fs. 654/656) constituyó, conforme el auto de fs. 657, la respuesta oportuna a lo invocado por el actor (v. pronunciamiento de fs. 660 vta. y 661).
De este modo, y sin abrir juicio respecto del acierto o no del fallo de grado, queda evidenciado que ninguna reflexión realizó el recurrente con relación a los argumentos en los que el tribunal sustentó su decisión, sino que reproduce los que ya fueron atendidos por el a quo en sentido adverso.
Al respecto, es dable recordar que esta Suprema Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016 y L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022).
III.4. No mejor suerte ha de correr la objeción planteada en torno a la decisión del tribunal de considerar vencido el plazo fijado en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028.
Tal como surge del punto I del presente, el juzgador de grado, a fin de desentrañar la cuestión aquí debatida, tuvo en miras los antecedentes que llevaron a la solicitud de insolvencia de los condenados en autos (el señor Bernardotti y Carrozados San Nicolás S.R.L.). En esa línea, consideró que, aun con la "amplitud" en el análisis de los requisitos conforme lo establecido por esta Suprema Corte en el precedente L. 81.860, "González" (sent. de 12-XII-2007), de todas maneras, había que hacer lugar al planteo del Fondo de Garantía. Ello así, por cuanto el mandamiento de constatación -con el que se verificó que el condenado "Carrozados San Nicolás S.A." ya no funcionaba más en el domicilio denunciado (v. fs. 579/582 vta.)- "se agregó al expediente el 5 de agosto del 2011" (debió decir 31-VIII-2011; v. fs. 582 vta.), mientras que recién el 22 de diciembre de 2014 el legitimado activo presentó la solicitud para declarar la insolvencia de los condenados en autos y ordenar al mencionado Fondo el pago del importe de la sentencia. Con ello quedaba evidenciado que este último se había concretado mucho después de agotado el plazo de treinta días y declaró -sin más- la caducidad de la facultad concedida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028 (v. resol., fs. 660/661).
Contra dicha parcela del pronunciamiento impugnado manifiesta que el a quo realizó una incorrecta aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente del precedente L. 81.860, "González" (sent. de 12-XII-2007), al haber valorado erróneamente la conducta procesal desarrollada por la parte actora. En esa línea argumental expresa que continuó realizando diligencias razonables con posterioridad al último trámite hábil considerado por el a quo . Así, hace referencia al agotamiento de la causa penal seguida contra el depositario judicial. De este modo, siendo que los actuados penales fueron archivados por falta de pruebas en fecha 23 de mayo de 2013 -y notificado el 5 de junio de 2013-, entiende que es esta última fecha la que debió ser considerada como la "última diligencia razonable", para desde allí computar el plazo de treinta días.
III.4.a. Al respecto cada advertir que esta Suprema Corte en el precedente L. 81.860, "González" (sent. de 12-XII-2007) -citado por el tribunal de grado y por el recurrente-, entendió que la caducidad operaba como una forma de sancionar el desinterés y el abandono y que, por ello, había que examinar en cada caso concreto la conducta desplegada por los legitimados activos para concretar materialmente el derecho consagrado en la sentencia y luego verificar si se había vencido el plazo establecido en la mentada normativa, sin que este pudiera operar como elemento frustrante de tal cometido.
III.4.b. En lo atingente a los restantes precedentes que se reputan infringidos en la pieza recursiva, considero que el quejoso soslaya explicar cómo o de qué modo habría resultado vulnerada la doctrina legal, limitándose a su cita, sin desarrollar adecuadamente de qué manera dicha doctrina legal habría sido transgredida en la especie (causa L. 119.617, "Municipalidad de Azul", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 116.581, "Miño Bravo", resol. de 29-V-2013; L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
No obstante lo expuesto, cabe señalar a mayor abundamiento, que lo ocurrido en autos difiere sustancialmente del caso L. 81.860 citado para aducir la violación a la doctrina legal. Tampoco modifica la solución de autos computar el dies a quo desde la última actividad útil denunciada por el actor.
En la especie, la apoderada del actor solicitó la declaración de insolvencia del señor Bernardotti y de Carrozados San Nicolás S.R.L. y la citación del Fondo de Garantía (v. fs. 552; 27-VIII-2008), medida que el tribunal rechazó por considerar que no se encontraba configurado el supuesto que lo justificara, obrando incluso embargos trabados en autos (v. fs. 557 y vta.; 4-XII-2008).
En virtud de ello, el accionante pidió que el tribunal aclarara a qué embargos hacía referencia (v. fs. 558 y vta.; 10-VI-2009), lo cual fue contestado (v. fs. 559; 10-VI-2009).
Luego, ante el incumplimiento del depositario de los vehículos embargados de comunicar la ubicación de los mismos, el accionante solicitó se corriera vista del expediente a la fiscalía de turno por presunta comisión del delito de depositario infiel (art. 263, Cód. Penal; v. fs. 567 y vta.; 3-V-2010). Dicha remisión fue ordenada por el tribunal de grado el 2 de junio de 2011 (v. fs. 572).
A fs. 579/582 vta. surge diligenciado (con fecha 8-VIII-2011 y agregado al expediente el 31-VIII-2011) el mandamiento de constatación en el que se informó que Carrozados San Nicolás S.R.L. no funcionaba más en el lugar señalado.
Por otra parte, se recibió con fecha 13 de noviembre de 2013 oficio firmado por el Agente Fiscal de la Unidad Funcional de instrucción n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás por el que se devolvió el expediente laboral y se hizo saber que "han desaparecido los motivos por los que la presente fuera solicitada" (fs. 583). El mismo fue despachado el 26 de noviembre de 2013 (v. fs. 584).
Seguidamente, surge la presentación del legitimado activo por la cual adjuntó fotocopia de las supuestas actuaciones penales y reiteró la solicitud de declaración de insolvencia de los mencionados condenados y la orden al Fondo de pagar el monto de la sentencia (v. fs. 630; con fecha 22-XII-2014).
De lo expuesto, se advierte evidente que aun tomando la fecha por él requerida (esto es, el día 5-VI-2013), la petición de declaración de insolvencia se encuentra fuera del plazo establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028.
Todo lo dicho me conduce a desestimar el agravio por conducto del cual se censura la valoración que llevó a cabo el órgano de grado en el marco de la aplicación del citado precepto.
III.5. Por último, en lo tocante al reproche por el que pretende el quejoso la aplicación al caso del art. 12 de la ley 11.653, en lo estrictamente vinculado con la regulación del instituto de la caducidad de la instancia, cabe señalar que dicho planteo luce inatendible por encontrarse extraviado del contexto fáctico y jurídico en el que se dirime la presente controversia.
Por lo demás, es dable recordar que la citada norma de la ley 24.028 puso a cargo del beneficiario -la víctima o sus causahabientes- la realización de las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia dentro del término establecido como presupuesto legal para gozar de dicha garantía y fijar un nuevo plazo a continuación del anterior para peticionar la referida declaración de insolvencia (causa L. 74.053, cit.), el cual -como ya se dijo- se encuentra vencido.
IV. Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Coincido con mi distinguido colega doctor Torres en que corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, ello, a mérito de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
I.1. En primer lugar, ocupa decir que el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.028, recién incorporado con el recurso en examen, resulta extemporáneo, pues no fue llevado ante el tribunal de grado, ni siquiera luego que la representación del Fondo de Garantía arrimara en autos su oposición al pedido de declaración de insolvencia. Y al respecto, el impugnante no ha argumentado que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar el recaudo de la exigencia del planteamiento oportuno (v. mis votos -entre otras- en causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
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El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.