Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127329
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la demanda promovida por Eduardo Gabriel Antonio Niz y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en concepto de incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 3 de julio de 2018, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2020).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-I-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 4-II-2021).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
En esencia, se agravia de la aplicación -al caso- del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden, denuncia que el fallo transgrede no sólo las doctrinas legales que cita, sino también el principio de congruencia.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, trasgresión que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva carecen de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen -por el excepcional conducto mencionado- los cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso del decreto 669/19. Ello, toda vez que las doctrinas traídas en apoyo de dichos reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", res. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", res. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, res. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", res. de 29-XII-2022; e.o.).
Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022).
III.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:40 hs. bajo el número RR-482-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia