Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar el pronunciamiento de grado con los alcances expuestos y, en consecuencia, determinar la incompetencia en este estado del tribunal de origen para entender en los presentes autos y remitírselos a sus efectos.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68, seg. párr., y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de la acción iniciada por el señor Claudio Mario Correa contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por enfermedad accidente, desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2021).
Para así decidir, consideró que la parte actora había requerido en la demanda la habilitación directa de la justicia laboral ordinaria por haber contraído en el trabajo una enfermedad que no está contemplada como contingencia cubierta por el art. 6 de la ley 24.557.
También valoró el a quo que la parte demandada opuso excepción de incompetencia por no haber transitado la trabajadora la etapa administrativa previa y obligatoria ante las Comisiones Medicas Jurisdiccionales prevista por la ley 27.348.
En esos términos, juzgó que tratándose el caso de autos de enfermedades no listadas respecto de las cuales la Superintendencia de Riesgos del Trabajo impone una serie de requisitos de difícil cumplimiento para la admisión de la denuncia administrativa previa, correspondía rechazar la excepción de incompetencia opuesta.
II. Contra esa decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-IX-2021), el que fue concedido en la instancia de grado en fecha 7 de octubre de 2021.
En su presentación relata los antecedentes del caso y manifiesta que la sentencia dictada por el tribunal de origen se aparta de las disposiciones contendidas en el art. 1 de la ley 27.348, a la que ha adherido la provincia de Buenos Aires a partir del dictado de la ley 14.997.
Refiere que es equívoca la afirmación del juzgador en cuanto sostuvo que los requisitos que impone la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para la admisión de la denuncia administrativa "son de difícil cumplimiento", pues, además de que no lo son, el régimen actualmente vigente contempla un sistema en el que el trabajador cuenta con el debido asesoramiento letrado y por ende con todas las garantías del debido proceso, tanto administrativo como judicial.
Agrega que el tribunal de origen no esgrimió argumento alguno por el que haya considerado que el procedimiento impuesto es violatorio de derechos y garantías de la Constitución nacional y/o de la provincial.
Denuncia que la decisión atacada se aparta de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 121.939 "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y del precedente "Pogonza" (Fallos: 344:2307, sent. de 2-IX-2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el importe reclamado en la demanda- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; e. o.).
En este marco, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; e. o.).
III.2. En el caso, acierta el recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento atacado viola la doctrina emanada de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), en donde esta Suprema Corte ha sentado criterio en relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. A todo evento, cabe indicar que la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuya validez constitucional no ha sido -en el caso- cuestionada, establece el trámite a seguir por rechazo de enfermedades no listadas en la ley 24.557.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar el pronunciamiento de grado con los alcances expuestos y, en consecuencia, determinar la incompetencia en este estado del tribunal de origen para entender en los presentes autos y remitírselos a sus efectos.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68, seg. párr., y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:11:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2023 08:40:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2023 12:25:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:57:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 10:34:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/07/2023 13:00:37 hs. bajo el número RR-790-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia