Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126004
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento de fecha 18 de mayo de 2020 en los términos establecidos en el punto III.2.c. del voto emitido en primer término. Los autos se remiten al órgano de origen para que, nuevamente integrado, se expida con los alcances expuestos.
Las costas se imponen por su orden, tanto respecto del presente recurso, como de la queja, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.004, "Andereggen, Ángel Darío contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, rechazó -por mayoría- la revocatoria deducida por la Fiscalía de Estado contra la decisión que declaró extemporánea la contestación de la demanda efectuada por esta última y dispuso su desglose (v. resol. de 18-V-2020).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 179/184 vta.), el que, denegado por el tribunal de origen (v. fs. 185 y vta.), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento electrónico de fecha 20-XI-2021), previa deducción de la queja respectiva a fs. 211/216 (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El presidente del Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción interpuesta por Ángel Dario Andereggen contra la Provincia de Buenos Aires, dispuso conferir el traslado de la demanda interpuesta al Fisco de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de treinta días (v. fs. 14 y vta.).
I.2. Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso de revocatoria (v. escrito electrónico de 12-XI-2019). Allí se opuso al traslado otorgado por considerarlo prematuro, y expuso que el órgano omitió expedirse en forma previa respecto de la normativa aplicable.
Arguyó que la toma de conocimiento de la enfermedad reclamada debe entenderse que se produjo con la suscripción de la carta poder, el día 4 de septiembre de 2019, estando vigente la ley 27.348, y que -además- la demanda fue iniciada con posterioridad a la sanción de la ley 14.997. Apuntó que dicha normativa es constitucionalmente válida y aplicable al caso (arts. 1 y 2, ley 27.348), la cual establece como requisito de admisibilidad de la demanda, la obligación de tramitar la instancia administrativa ante la comisión médica jurisdiccional, la cual -según indicó- no consta que haya sido cumplida en autos.
Más adelante, contestó la demanda (v. escrito electrónico de 20-XII-2019).
I.3. A su turno, el tribunal en pleno, por mayoría, desestimó la revocatoria intentada. Asimismo, declaró extemporáneo el escrito de contestación de demanda y ordenó el desglose de la documental acompañada a fs. 84/108 y expedientes administrativos 5.100-65198/2019 y 5.100-65202/2019 (v. resol. de 18-V-2020).
Para así decidir, meritó que la revocatoria encubría una excepción de falta de acción. Luego, señaló que cuando la legitimada pasiva es la Provincia de Buenos Aires o los organismos referidos en el decreto ley 7.543/69, el caso requiere una interpretación armónica de los preceptos de la ley 11.653 y del art. 31 del mencionado decreto ley. En ese contexto normativo, observó que el plazo para contestar la demanda, reconvención o citación como tercero es de treinta días, debiendo oponerse conjuntamente en dicho acto las excepciones y defensas -incluso la de prescripción- contempladas en la ley ritual del fuero del trabajo.
En esa línea, con apoyo en la causa L. 81.217, "Roncallo", sentencia de 8-XI-2006, concluyó que la contestación de la demanda resultaba extemporánea, en tanto el Fisco provincial se presentó a contestarla con posterioridad a la revocatoria intentada.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación o errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 28, 29, 31, 44 inc. "d", 54 y concordantes de la ley 11.653; 31 y concordantes del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748). Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia porque sostiene que el tribunal de grado cometió un error esencial al calificar una revocatoria como una excepción de falta de acción.
En aval de su propuesta, indica que el tribunal de grado no trató el escrito de fecha 12 de noviembre de 2019 conforme los términos de los arts. 29, tercer y cuarto párrafos, y 31 de la ley 11.653 que regulan el régimen de las excepciones previas y su respectivo traslado, sino que, en la resolución recurrida, rechazó dicha pieza procesal con exclusiva cita del art. 54 de la mentada ley.
En esa línea, puntualiza que se revela como un supuesto de patente absurdo y de manifiesta arbitrariedad calificar de excepción encubierta al escrito, a punto tal que ni siquiera fue tratado como tal por el propio juzgador.
Refiere que el fallo sienta una conclusión que se contrapone abiertamente con las constancias objetivas de la causa, en tanto remite a enunciados inconciliables como son, por lado, una revocatoria, y, por el otro, una excepción.
II.2. Luego, señala que la supuesta defensa de falta de acción fue rechazada por el juzgador de origen dogmáticamente.
Considera que la decisión impugnada no contiene fundamento jurídico válido que permita desestimarla.
Expone que "el precario razonamiento suministrado por el Tribunal del Trabajo, referido a la aplicación al sub discussio de la doctrina que emanaría de la causa L. 81.217 (sentencia de la SCBA de fecha 8-XI-2006), sólo estaría destinado a justificar el desglose de la contestación de demanda interpuesta '...con posterioridad a la primera presentación...', mas resulta completamente ineficaz para sostener el rechazo de la excepción que -según el particular criterio del a quo- se habría opuesto en aquella '...primera presentación...'. Es decir, que en el incoherente discurso sentencial el fundamento del rechazo de la 'revocatoria-excepción' anidaría en su propia presentación" (págs. 11/12).
II.3. Seguidamente, ataca la decisión de grado bajo el argumento de que la correcta exégesis de los arts. 28, 29 y concordantes de la ley 11.653 y 31 del decreto ley 7.543/69 conducen a una conclusión opuesta a la impugnada. Destaca que los mencionados preceptos de la ley ritual laboral otorgan a la accionada un plazo de diez días para contestar la demanda y establecen la posibilidad de que en esa oportunidad se articulen todas las excepciones y defensas que se pretendan hacer valer en el pleito.
Sin embargo, indica que la referida disposición del mentado decreto ley dispone que, cuando se promuevan acciones contra la Provincia, el término para contestarlas será de treinta días y que las excepciones podrán ser opuestas dentro de los primeros veinte días del plazo otorgado para contestar la demanda, reconvención o citación de tercero.
Expone que al oponer la revocatoria (que fue considerada por el órgano de grado como excepción) dentro de los primeros veinte días y contestar la demanda antes que se vencieran los treinta días legalmente previstos, su parte cumplió cabalmente con las exigencias que derivan de las normas aplicables al caso.
II.4. Por otro lado, manifiesta que la solución que se deriva del fallo dictado por la Suprema Corte en la citada causa registrada como L. 81.217, fue completamente tergiversada en la decisión impugnada.
Alega que el citado precedente no resulta aplicable al presente, ya que las circunstancias fácticas verificadas en estos obrados resultan disímiles, y -además- sostiene que en aquella oportunidad la intervención del Superior Tribunal tuvo la finalidad de garantizar el derecho de defensa de su representada, evitando que se la privara inmotivadamente de oponer la defensa de prescripción.
Plantea que, en el caso, en cambio, los jueces que conformaron la mayoría del tribunal de grado se valieron de la misma solución, aunque dejaron en estado de total indefensión a su parte, negándole el derecho de contestar la demanda.
II.5. Por último, afirma que al tiempo de presentar el responde no había operado el instituto de la preclusión, por lo que el desglose de dicha pieza procesal carece de fundamento jurídico válido.
Manifiesta que la revocatoria fue interpuesta con fecha 12 de noviembre de 2019 y la contestación de la demanda el 20 de diciembre de 2019. Todo ello dentro de los treinta días legalmente previstos.
Aduce que el tribunal de origen aplicó mecánicamente los arts. 28 y 29 de la ley 11.653, incurriendo en un claro exceso de rito al desglosar la contestación de demanda, aunque no se encontraba operada la preclusión en ninguna de sus formas.
III. El recurso prospera.
III.1. Ante todo, cabe señalar que la decisión cuestionada fue equiparada a definitiva -por mayoría que contribuí a conformar- cuando esta Suprema Corte se pronunció respecto de la queja deducida contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por entenderse -en lo sustancial- que el presente debate, en el que -con denuncia de violación de garantías constitucionales- quedaban involucrados los intereses fiscales de la accionada, no podía reeditarse en otra oportunidad, obstruyéndose el ejercicio pleno de aquellos comprometidos y que provoca la intervención del Estado provincial, generando un perjuicio de imposible reparación ulterior al dejar a su parte sin contestar la demanda, no existiendo otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos, con mengua de la defensa en juicio y el debido proceso (v. resol. de 20-XII-2021).
III.2. Efectuado el señalamiento que antecede, y adentrándome a analizar los agravios traídos, he de reiterar a continuación, con las adaptaciones del caso, los razonamientos vertidos por el distinguido colega doctor Torres en la causa L. 125.370, "Salazar" (sent. de 30-V-2023) -sustancialmente análoga a la presente- y a los cuales adherí.
Al respecto, cabe señalar que esta Suprema Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso -y de los escritos en general- constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en Casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en esa labor (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 124.119, "Alvarez", sent. de 14-III-2023; e.o.).
Asimismo, conviene recordar que la existencia de ese vicio supone la comprobación de circunstancias que bien pueden calificarse de extremas y que exceden el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal, porque se requiere algo más: el error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzcan a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 127.328, "Gutierrez", sent. de 23-II-2022; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.).
Sentado lo anterior, anticipo que, en el caso bajo examen, la recurrente logra demostrar que la decisión que ataca es portadora de la indicada falencia.
III.2.a. Conforme surge del relato de antecedentes efectuado, puede divisarse que en la presentación electrónica de fecha 12 de noviembre de 2019 la demandada planteó revocatoria en los términos del art. 54 de la ley 11.653 contra el auto del presidente del tribunal de grado que ordenó el traslado de la demanda.
Solicitó, en primer lugar, que se lo dejara sin efecto por considerarlo prematuro y, luego, que el tribunal de origen se expidiera en pleno respecto a la normativa aplicable. Ello así, toda vez que a la fecha del accidente de trabajo reclamado en autos y de la interposición de la demanda se encontraban vigentes las leyes 27.348 y 14.997, de aplicación -en su criterio- al caso. De este modo señaló que, en aquella instancia, el escrito en traslado debía revestir las características de un recurso frente a la decisión que hubiere tomado la Comisión Médica Central. Con posterioridad y en subsidio, con fecha 20 de diciembre de 2019, presentó el escrito mediante el cual replicó la acción.
III.2.b. En este contexto, el recurrente logra poner en evidencia el absurdo en el que incurrió el órgano de grado cuando, con relación al recurso de revocatoria definió que "el planteo encubre, a rigor de verdad, una excepción de falta de acción" (v. resol. de 18-V-2020, pág. 2).
En efecto, lo resuelto por la mayoría de los jueces que lo integraron no se ajusta al recurso articulado, sino que por el contrario desconoce no solo la naturaleza del planteo recursivo (al calificarlo como una excepción) sino que -aun sin resolverlo- se avocan al tratamiento de la presentación realizada con fecha 12 de noviembre de 2019 y, en ese particular contexto, tienen por no contestada la demanda en la consideración de que precluyó la oportunidad de hacerlo atento haberse presentado previamente (y justamente) una excepción.
En estas condiciones, la solución dada es inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la causa y reveladora del absurdo cometido, amén de incurrir en la violación del derecho de defensa y del debido proceso (art. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.).
III.2.c. Así las cosas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento impugnado. Los autos deberán volver al órgano de origen para que, nuevamente integrado, dé tratamiento a la revocatoria planteada en los términos del art. 54 de la ley 11.653, y, en su caso, oportunamente, se pronuncie respecto de la temporaneidad de la contestación de la demanda.
III.3. La solución que aquí se propicia torna abstracto el tratamiento de los restantes planteos ensayados.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento de fecha 18 de mayo de 2020 en los términos establecidos en el punto III.2.c. Los autos deberán remitirse a la instancia de grado a los fines establecidos precedentemente.
Las costas se imponen por su orden, tanto respecto del presente recurso, como de la queja, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Admitida la queja articulada por la demandada y en estado de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, adhiero a la propuesta formulada por la doctora Kogan -incluso en materia de las costas-, teniendo en mira las particulares y específicas circunstancias del caso relevadas en su exposición, que comparto.
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento de fecha 18 de mayo de 2020 en los términos establecidos en el punto III.2.c. del voto emitido en primer término. Los autos se remiten al órgano de origen para que, nuevamente integrado, se expida con los alcances expuestos.
Las costas se imponen por su orden, tanto respecto del presente recurso, como de la queja, atento la naturaleza de la cuestión tratada y la forma en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2023 09:23:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2023 10:57:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2023 10:02:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:28:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:33:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/08/2023 08:59:32 hs. bajo el número RS-82-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia