Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda interpuesta por Pedro Daniel Bustamante y, en consecuencia, condenó -en forma solidaria- a la Cooperativa de Trabajo 10 de Marzo Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Evita Capitana y a la Municipalidad de Avellaneda en su carácter de empleadoras y a la tercera citada Nación Seguros S.A., en concepto de reparación integral por la incapacidad derivada del accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 25-X-2021).
Para así decidir, en primer lugar, rechazó las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva interpuestas por la municipalidad demandada.
Luego, con sustento en las constancias obrantes en autos y las pruebas producidas, especialmente la testimonial rendida en la vista de la causa y la pericia contable, declaró que el actor se desempeñó en relación de dependencia laboral para las cooperativas y la municipalidad demandas.
En otro orden, tuvo por probado el accidente denunciado y fijó la incapacidad del accionante en el 8% del índice de la total obrera en relación de causalidad directa y adecuada con el infortunio laboral.
Asimismo, tuvo por reunidos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil de las empleadoras a quienes condenó -en forma solidaria- al pago de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común.
Por otro lado, determinó que Bustamante contaba con un seguro integral de accidentes de Nación Seguros S.A. contratado a los fines de ampararlo frente a esta clase de siniestros, pero no en los términos de la ley 24.557 ya que se trataba de un contrato de seguro colectivo de personas, debiendo la citada aseguradora responder solamente hasta el límite de su cobertura.
II. Frente a tal pronunciamiento, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-XI-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución del 10-XII-2021).
En su escrito individualiza las normas y doctrina legal que considera conculcada.
II.1. En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, controvierte la conclusión del a quo concerniente al carácter de empleadora que revestía la Municipalidad de Avellaneda respecto del actor y se agravia asimismo de la condena solidaria al pago de la indemnización integral con sustento en las normas del anterior Código Civil.
II.2. Además, impugna la cuantificación de la reparación efectuada en la sentencia. En esa misma línea, afirma que el monto de condena resulta excesivo, y constituye un enriquecimiento sin causa a favor del trabajador.
II.3. Por último, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto, limitó las costas de la tercera citada Nación Seguros S.A. en proporción al monto de condena.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis es privativa de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021).
Asimismo, ha expresado este Tribunal que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios, resultan atribuciones privativas de los magistrados del trabajo, irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.245, "Barrios", resol. de 12-IV-2021).
III.1.b. Esta carga no ha sido cumplimentada por la interesada, pues la crítica ensayada no alcanza a evidenciar el error imputado respecto de la labor axiológica desplegada por los magistrados de grado ni la infracción a las normas que aduce transgredidas, exhibiendo sólo su mera disconformidad con la solución alcanzada en la instancia ordinaria.
En efecto, el embate está dirigido, por un lado, a ratificar la convicción de la recurrente en torno a la inexistencia de vínculo laboral con el actor y, por el otro, a afirmar -insistentemente- que la atribución de responsabilidad dispuesta en el fallo resulta arbitraria, y en ese discurrir, no controvierte en forma eficaz la central conclusión del tribunal, esto es, en primer lugar, que en virtud de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa -especialmente las declaraciones testimoniales y la pericia contable- se probó que el señor Bustamante se desempeñó realizando tareas -para las codemandadas- de recolección de residuos, ramas y escombros en la vía pública sin una zona fija, que se trasladaba en un camión propiedad de la municipalidad, que se subía al mismo en el Corralón Municipal de Avellaneda y que las órdenes de trabajo eran impartidas por el Director de Higiene de la mencionada comuna.
Asimismo, evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa y, sobre tales premisas, consideró demostrado que la mecánica del accidente se produjo conforme la versión de los hechos expuesta por el trabajador sin que haya mediado culpa por parte del mismo. En este contexto, y en virtud de la prueba pericial médica obrante en autos, juzgó que a consecuencia del accidente padecido Bustamante presenta una incapacidad del 8 % del índice de la total obrera.
III.1.c. De ese modo, no logra controvertir adecuadamente el razonamiento que condujo al sentenciante a elaborar las conclusiones que dieron sustento a la decisión de grado.
En tales condiciones, la simple disconformidad que exhibe la recurrente con la solución alcanzada en la sentencia -que, en rigor, sólo refleja su opinión discrepante con lo resuelto- no resulta idónea para descalificar los fundamentos de la sentencia.
Como reiteradamente lo ha expresado esta Corte, es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 97.666, "Maidana", sent. del 9-XII-2010; L. 97.092, "Utrera", sent. del 2-VII-2010; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020), tal como acontece en la especie.
III.2. Tampoco puede prosperar el agravio por el que se cuestiona la cuantía de la indemnización.
III.2.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio, en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019; L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020 y L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del mencionado vicio debe apreciarse estrictamente (causas L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018, L. 126.348, "Barboza", resol. de 29-XII-2021).
III.2.b. En el caso, la interesada, en su escueta argumentación no logra evidenciar la configuración del mentado vicio ni rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.390, "Rivero", resol. de 29-V-2023).
III.3. De igual modo deviene inatendible la objeción relativa a la imposición de costas a su cargo.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022 y L. 129.620, "Pereyra", resol. de 21-VI-2023), supuesto que no se presenta en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:29:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:46:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:32:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:40:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:03:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 10:53:32 hs. bajo el número RR-973-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia