Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, rechazó íntegramente la demanda promovida por Raúl Ricardo Divello contra Ingredion Argentina S.R.L. mediante la cual procuraba el cobro de una indemnización por incapacidad absoluta y la percepción de las prestaciones dinerarias previstas por el sistema de riesgos del trabajo derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 13-X-2022).
Para así decidir, por un lado, consideró -entre otras salvedades- que el escrito introductorio resultó portador de una narración deficiente por demás confusa y ambigua, toda vez que, si bien comenzó reclamando el pago de la indemnización prevista en el art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo motivada en la finalización de la relación laboral por incapacidad absoluta del trabajador, cierto es que luego desvió su rumbo para terminar solicitando las prestaciones dinerarias previstas en el sistema de riesgos del trabajo.
Sin perjuicio de ello, señaló que fue reconocido por el accionante la percepción de una suma de dinero con motivo del acuerdo al que arribaron las partes al momento de disolver el vínculo por voluntad concurrente de ambas (art. 241, LCT), de ahí -concluyó- que lo abonado por la patronal resultó comprensivo y, por lo tanto, cancelatorio de la hipotética o supuesta indemnización por incapacidad absoluta reclamada en autos.
Luego, señaló que el actor carece de acción para reclamar de manera directa del empleador demandado las indemnizaciones previstas por las leyes de riesgos del trabajo. Ello así, pues se acreditó que Ingredion Argentina S.R.L. tenía contrato vigente con Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. con el objeto de cubrir las contingencias que pudieran derivar de los infortunios laborales de sus dependientes, por lo que las prestaciones solicitadas en autos debieron ser reclamadas contra la citada aseguradora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-X-2022), el cual fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 1-XI-2022).
En su presentación, alega absurdo en la valoración de la prueba.
En primer lugar, afirma que el reclamo de autos resulta claro y no existe -como manifiesta el a quo en el fallo- un "mar de confusiones", en tanto del intercambio epistolar y en el escrito de demanda el actor siempre pretendió el pago de una indemnización por incapacidad absoluta y un resarcimiento por la enfermedad denunciada y acreditada en estas actuaciones.
En esa misma línea, sostiene que habiéndose declarado rebelde a la accionada no se ha probado la existencia de un contrato de afiliación entre la empleadora del actor y la aseguradora Experta ART S.A. que cubra las contingencias laborales en relación a accidentes y enfermedades profesionales.
En este sentido, asegura que el juzgador debió citar a la legitimada pasiva a absolver posiciones bajo apercibimiento de tenerlo por confeso, como también haber ordenado la producción de la prueba pericial contable.
Finalmente, denuncia vulnerada el art. 171 de la Constitución local, toda vez que entiende que el fallo atacado no se encuentra fundado en ley.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Dable es recordar, que la apreciación del intercambio telegráfico y los escritos constitutivos del proceso, como la valoración del material probatorio, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En tal sentido, es del caso resaltar, que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
III.1.b. La impugnación bajo estudio no logra evidenciar el mencionado vicio, toda vez que sólo exhibe la disconformidad del interesado con la solución adoptada, sin conseguir desvirtuar las esenciales motivaciones sobre la que se estructura la decisión, esto es, por un lado, que pese a la confusa e imprecisa pretensión de autos, el contrato de trabajo se extinguió por voluntad concurrentes de ambas partes y el pago que efectuó la patronal al momento del cese resultó comprensivo -y por lo tanto cancelatorio- de esa hipotética indemnización por incapacidad absoluta que el actor dice haber reclamado en autos. Y por otro, que el hecho de haberse probado la existencia de un contrato de afiliación con Experta ART S.A liberó al empleador de la obligación de abonar las prestaciones dinerarias previstas por las leyes de riesgos del trabajo, derivando esa responsabilidad únicamente en la citada aseguradora no demandada en autos.
Al efecto, ha manifestado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 118.643, "Gorozo", resol. del 26-VIII-2015; L. 121.174, "Fariña", resol. de 17-X-2018; L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020; L. 125.994, "Carini", resol. de 10-V-2021 y L. 127.984, "Barraza", resol. de 7-VI-2022).
En definitiva, se advierte que la argumentación del recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.2. Por otro lado, cabe agregar, en atención a las alegaciones que porta el recurso, que la mera denuncia de violación del principio de congruencia no resulta eficaz si no está acompañada de argumentos que la respalden, ni de la invocación -y condigna demostración- de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 119.989, "Agnone", sent. de 6-IX-2017; L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018 y L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020), tal como sucede en el caso.
III.3. Luego, sabido es, que apreciar y definir los efectos de la rebeldía constituye una facultad privativa del tribunal del trabajo, pues aquello sólo crea una presunción a favor de la veracidad del relato de los hechos que constan en la demanda, pero en modo alguno impone acceder, automática o mecánicamente, a las pretensiones del actor (conf. art. 354 inc. 1, CPCC; causas L. 105.056, "Salgado", sent. de 8-VIII-2012 y L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021).
En este mismo sentido, también ha sostenido este Tribunal, que la incomparecencia de la demandada no exime a la parte actora de la obligación de acreditar sus afirmaciones ya que debe aportar a la causa los elementos necesarios de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (causas L. 112.333, "Cuello", resol. de 6-IV-2011 y L. 121.843, "Rotonrado", resol. de 13-III-2019).
III.4. Finalmente, la eventual infracción del art. 171 de la Constitución provincial resulta impropia del recurso en tratamiento (causas L. 107.349, "Restaine", sent. de 10-VII-2011; L. 120.993, Flamenco, resol. de 20-XII-2017 y L.124.859 "Gonzalez", resol. de 28-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presi-dencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:07:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:21:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:15:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:31:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:36:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:21:22 hs. bajo el número RR-1107-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia