Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121958
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.958, "Lamuraglia, María Celeste contra Municipalidad de Vicente López y otro/a. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.119/1.135).
Se interpusieron, por las partes actora y demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.148/1.157 vta. y 1.158/1.173 vta., respectivamente), concedidos por el citado tribunal a fs. 1.176 y vta. Esta Corte, mediante resoluciones obrantes a fs. 1.212/1.214 y 1.225/1.226, declaró mal concedido el remedio de impugnación deducido por la accionada.
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 2-VI-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora María Celeste Lamuraglia, en cuanto procuraba el pago de una indemnización integral -con sustento en las normas del derecho civil- por los daños y perjuicios derivados de la afección psíquica que contrajera durante el desarrollo de las tareas prestadas a las órdenes de la Municipalidad de Vicente López.
La rechazó, en cambio, respecto del reclamo vinculado al resarcimiento por incapacidad en su vida social y actividad política (v. fs. 1.119/1.135).
II. La demandante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 901, 903, 904 y 906 del Código Civil (ley 340) y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.148/1.157 vta.).
II.1. Se agravia, en primer lugar, del porcentaje de incapacidad (44%) establecido por el tribunal de grado en el pronunciamiento.
En ese orden, manifiesta que dicho órgano jurisdiccional se apartó sin fundamento de las conclusiones plasmadas por los peritos -médico y psiquiatra- desinsaculados en autos.
Refiere que de los informes de los expertos surge acreditado que la actora no registró antecedentes psiquiátricos anteriores a la situación que atravesó en cumplimiento de su débito contractual en el año 2007, por lo que -afirma- forzoso es concluir que la afección es netamente laboral.
Agrega que en el específico supuesto de autos la causa adecuada está dada por el ambiente de trabajo, la inestabilidad producida por los constantes traslados a distintas dependencias de la accionada y el acoso que allí sufrió.
En suma, manifiesta que el sentenciante confundió "personalidad de base" con "causa de la incapacidad sobreviniente", por lo que corresponde modificar el fallo impugnado y considerar como causa exclusiva de la incapacidad de la señora Lamuraglia el medio ambiente de trabajo y los constantes cambios de tareas a los que fue sometida; debiéndose determinar en consecuencia una minusvalía del 70% del índice de la total obrera, tal como fuera fijada en la experticia del perito psiquiatra.
II.2. Por otra parte, objeta que el juzgador no tuviera en consideración, para determinar el importe de la indemnización por reparación integral del daño, los ingresos dejados de percibir por la trabajadora por el ejercicio libre de su profesión, toda vez que -alega- la afección psicológica contraída le impidió continuar con su actividad privada.
Indica que el juzgador se limitó a utilizar una fórmula matemática en la que consideró únicamente los haberes percibidos por la trabajadora como dependiente de la comuna demandada, soslayando incorporar en el cálculo indemnizatorio a los ingresos que obtenía en el ejercicio de la abogacía.
II.3. También controvierte que el tribunal de trabajo desestimara el resarcimiento por daño en su vida social y en su actividad política.
II.3.a. Respecto del primer rubro mencionado, refiere que, si bien el sentenciante lo rechazó por juzgar que ya se encontraba incorporado en la indemnización reconocida, dicha decisión es dogmática, en tanto no logra advertirse en qué apartado aquel fue contemplado. En ese sentido, señala que tampoco puede entenderse como parte integrante del daño moral, en tanto de los términos vertidos en el pronunciamiento no surge que hubiera sido allí considerado.
II.3.b. En lo que concierne al segundo, sostiene que, si bien tal pretensión no fue admitida al no haberse demostrado el desarrollo de la actividad política invocada, ello -dice- obedeció a que el propio tribunal denegó en el auto de apertura a prueba la producción de la informativa ofrecida por la parte actora, dirigida al Comité Florida de la Unión Cívica Radical.
En tales condiciones, alega, luce evidente que -a contrario de lo sostenido en el pronunciamiento- dicha prueba no resultaba inconducente ni ajena a este pleito, máxime si su falta de acreditación determinó el rechazo de un ítem indemnizatorio.
II.4. Por último, controvierte la suma establecida en la instancia de origen por daño moral.
Manifiesta que de las propias conclusiones volcadas en el veredicto quedaron evidenciados los malos tratos a los que fue sometida la actora durante un prolongado lapso de tiempo. De allí que -continúa- fijar en concepto de daño moral un importe equivalente al 10% del establecido para resarcir el daño material no representa una reparación ajustada al grado de agravios infligidos a la trabajadora.
Peticiona, entonces, que dicho guarismo sea elevado al 25%.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los argumentos dirigidos a cuestionar la incapacidad reconocida en el fallo de grado no pueden tener favorable recepción.
III.1.a. En la sexta cuestión del veredicto el tribunal de trabajo valoró la pericia médica obrante a fs. 557/559, las contestaciones a las impugnaciones efectuadas por las codemandadas (v. fs. 588/589 y 619/620) y el informe expedido por la perito médica psiquiatra oficial doctora Liliana G. Varela (v. fs. 718/721 y 1.091/1.092).
A partir de la ponderación de tales elementos, indicó inicialmente que el doctor Jorge Morgante (perito médico) había concluido que la actora padecía un trastorno de ansiedad no especificado, recomendando terapia dos veces a la semana por dos años, con una incapacidad del 70% de la total obrera, emanado del medio ambiente laboral durante 27 años, agravado por el mobbing existente en los últimos tiempos. También, que dicho profesional había dictaminado que hasta el año 2007 la trabajadora no había registrado antecedentes psiquiátricos, descartando una personalidad de base predisponente de su afección actual, guardando los trastornos padecidos nexo causal con los psíquicos (v. fs. 1.121 vta.).
Empero, a continuación el juzgador indicó que la perito médico psiquiatra oficial había destacado, tras evaluar la entrevista y el interrogatorio realizado a la actora, que esta poseía una personalidad de base vulnerable (aspectos disfuncionales en relación a la historia de los vínculos primarios), que se agravó por los padecimientos por ella referidos durante el vínculo laboral, deteriorando las relaciones interpersonales y sociales, contribuyendo a un repliegue progresivo y a una percepción de la realidad como hostil, presentando sintomatología compatible con reacción vivencial anormal, con manifestación fóbica grado III. Se recomendó, además, la continuidad de tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico (v. fs. cit.).
Por lo tanto, y en virtud del nexo concausal descripto por los expertos médicos, presencia de aspectos disfuncionales en relación a su historia de vida personal, edad, demostración de los reiterados traslados a las distintas dependencias de la Municipalidad, los resultados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires analizados en las cuestiones cuarta y quinta del veredicto, y teniendo en cuenta que la perito oficial departamental no estableció en qué grado influyeron las circunstancias laborales a las que fue sometida en la afección psíquica padecida, el tribunal de grado adecuó las conclusiones arribadas por el doctor Morgante y tuvo por demostrado que la actora presenta en relación a su psiquis una incapacidad parcial y permanente del 44% del índice de la total obrera.
Ello, por considerar que el porcentaje restante atribuido por dicho profesional correspondía a la personalidad de base de la actora (v. fs. 1.121 vta., parte final y 1.122).
III.1.b. Sabido es que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer su vinculación causal con el siniestro, constituyen atribuciones privativas de los jueces de trabajo, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva demostración de absurdo (causas L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.).
Bajo tales premisas, es dable advertir que la personal apreciación del recurrente respecto al valor que debió asignarse a los informes periciales médico y psiquiátrico no alcanzan para descalificar la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado en cuanto, tras analizar dichos elementos probatorios, como así también las demás constancias que individualizó (v. vered., sexta cuestión, fs. 1.121 vta. y 1.122), estimó la minusvalía indemnizable en el orden del 44% del índice de la total obrera.
En efecto, la interesada se mantiene en el plano del mero disentimiento, no consiguiendo, de ese modo, descalificar la decisión respecto al grado de incapacidad determinado por el juzgador, pues solo evidencia su intención de sustituir el criterio del juzgador de origen en orden a la tarea de valorar los informes periciales y asignarle entidad convictiva que en forma privativa ejerce (causas L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016; L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018; L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020; e.o.).
En su intento, en definitiva, se desentiende del razonamiento seguido en el fallo al decidir este aspecto de la contienda. En ese caso, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o).
III.2. Tampoco es procedente aquella parte del recurso donde se denuncia que el juzgador soslayó incorporar a la fórmula para calcular el resarcimiento por la reparación integral del daño, los ingresos supuestamente dejados de percibir por la actora en el ejercicio libre de su profesión.
Sobre el particular, es dable poner de resalto que esta última circunstancia fáctica no fue ponderada por el tribunal de grado, al punto que el mentado ejercicio profesional de la accionante -en paralelo a su desempeño en un puesto público- no se abordó ni en el veredicto ni, tampoco, en la sentencia cuando se describieron los antecedentes relevantes para resolver la cuestión litigiosa.
En estas condiciones, corresponde memorar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en Casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023; e.o.).
Estrechamente relacionado con ello, apunto que de acuerdo a la doctrina de esta Suprema Corte es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, así como su importe, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016; L. 120.626, "Torrea", sent. de 14-VIII-2019 y L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022).
Empero, en el recurso extraordinario no se indica con precisión ni de qué pieza del expediente surge que efectivamente la actora desarrollaba en forma libre la abogacía, ni tampoco se explica de qué modo el informe de la caja respectiva demostraría la discontinuidad del aludido desempeño tras la toma de conocimiento de la afección (nótese, por ejemplo, que de fs. 401 surge que la afiliada llevaba muchos años antes de esa fecha sin prácticamente ingresar aportes).
En estas condiciones, surge evidente que la crítica en este aspecto luce insuficiente, en tanto el quejoso se contenta con denunciar en forma genérica -y en un título que abarca diversos agravios- la existencia de absurdo en el establecimiento de la reparación del daño (v. fs. 1.152 y sigs.), pero sin llegar a evidenciar dicha anomalía, para lo cual se requiere, como es sabido, la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; L. 124.032, "Olmedo", sent. de 1-XI-2021; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.3.a. Resulta infructuoso, asimismo, el embate vinculado con la improcedencia del resarcimiento por el daño provocado en su vida social (v. rec., fs. 1.153 vta. in fine y 1.154), pues tal agravio remite a típicas cuestiones de hecho privativas de los tribunales de trabajo, cuya revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
En este orden de ideas, señalo que el desarrollo argumental desplegado en la pieza recursiva no es útil para demostrar la existencia de absurdo, en tanto ninguna razón atendible expone con virtualidad para lograr la revisión de lo decidido en este aspecto del pronunciamiento.
III.3.b. Similar suerte adversa ha de correr la objeción planteada en torno al rechazo de la indemnización por pérdida de chance de continuar con la actividad política, pues lo manifestado en relación a las pruebas cuya producción fuera denegada por el tribunal (v. rec., fs. 1.154 vta.) deviene inatendible, porque, tratándose de una cuestión definida en una etapa anterior, se encuentra preclusa (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; e.o.).
III.4. Finalmente, la crítica del impugnante a la suma fijada en razón de la indemnización por daño moral no se exhibe idónea.
Al respecto, esta Corte ha consignado que el monto que en dicho concepto determine el tribunal de trabajo no puede conmoverse solo con la discrepante apreciación del recurrente, toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar, en principio, la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquel (causas L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021 y L. 119.965, "Barrionuevo", sent. de 30-VIII-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 10:52:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:10:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2023 16:22:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:29:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:30:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 12:38:25 hs. bajo el número RS-91-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia