Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130067
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, en el marco del juicio iniciado por el señor Gustavo Ernesto Besson contra Congregación del Verbo Divino y Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad accidente que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora codemandada (v. pronunciamiento de fecha 7-VII-2022).
Para así resolver, tras destacar la validez constitucional del régimen establecido por el Título I de la ley 27.348, a la vez de lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Pogonza" (sent. de 2-IX-2021), sostuvo que de las constancias obrantes en la causa surgía acreditado que, si bien el trabajador inició el trámite administrativo previo ante la Comisión Médica interviniente, dicho procedimiento no pudo culminar por errores e inconsistencias palmarias en el reclamo efectuado.
En ese orden, destacó que el actor no dio cumplimiento con lo normado por el art. 2 de la citada ley 27.348, no habiendo transcurrido tampoco el plazo previsto por su art. 3 para configurarse el silencio administrativo.
II. Contra dicha decisión el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, de manera subsidiaria, recurso de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 14-VII-2022), siendo concedido por el a quo únicamente el primero de los remedios procesales mencionados (v. proveído electrónico de fecha 20-X-2022).
Denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y alega que los errores e inconsistencias que el tribunal tuvo por verificados en la sede administrativa son atribuibles únicamente al personal de la Comisión Médica encargado de recepcionar el reclamo.
Manifiesta asimismo que en el específico supuesto de autos el tribunal a quo debió tener por configurado el silencio administrativo en los términos del art. 3 de la ley 27.348, pues la supuesta incorrección evidenciada al consignar la fecha del accidente de trabajo fue cometida por la Comisión Médica, quien además no procedió a corregirla.
Invoca transgredido el principio de congruencia, para finalmente cuestionar la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
III.2. Bajo tales directrices, no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, pues mediante la denuncia de violación de doctrina legal el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas estas a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.366, "Hidalgo", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar en relación a los precedentes que el interesado identifica en la crítica, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los antecedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disimiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021 y L. 126.394, "Caruso", resol. de 26-V-2021; e. o.).
Asimismo, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023).
III.3. Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 130.601, "Vera", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.4. Por otra parte, respecto de la alegada violación del principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
III.5. Resta indicar que no resulta atendible el lacónico planteo final que formula el agraviado en relación a la imposición de costas a su parte, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- prescinde de la indispensable denuncia de infracción de doctrina legal vinculada con el tópico (causas L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-202; L. 128.262, "Busqued", resol. de 27-VI-2023 y L. 130.382, "Asencio", resol. de 1-XI-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021). Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2023 11:20:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:42:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:16:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:54:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:00:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:25:45 hs. bajo el número RR-1637-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia