Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
El depósito de $489.700,00 efectuado con fecha 29-VI-2022 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Maximiliano Agustín Vega contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la accidente laboral denunciado declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del plazo de caducidad establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. resolución de fecha 26-IV-2022).
Para así decidir, valoró las constancias obrantes en la causa y tuvo por acreditado -inicialmente- que el actor cumplió con el trámite administrativo previo y obligatorio al que hace alusión el Título I de la ley 27.348.
Luego, con sustento en lo normado por el art. 2 de dicho régimen legal sostuvo que en el caso correspondía entender que el accionante había optado por la revisión judicial del dictamen emitido por la Comisión Médica, cumpliendo la demanda judicial interpuesta con dicha función.
Concluyó que en autos se encontraba expedita la acción ante la justicia laboral (art. 2 Ley 11.653), correspondiendo rechazar la excepción de cosa juzgada administrativa planteada como de previo y especial pronunciamiento.
Por otra parte, desestimó el planteo de caducidad deducido por la accionada por juzgar que la prescripción inserta en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 impide el acceso a la justicia y, por consiguiente, aniquila derechos de fondo, todo lo cual constituye una flagrante violación a los derechos de los trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional y convencional.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido en la instancia de grado el 19 de agosto de 2022.
En lo sustancial, refiere que el procedimiento establecido por la ley 27.348, al que adhirió la provincia mediante la ley 14.997, no resulta inconstitucional desde que no vulnera las normas de la Constitución nacional y provincial indicadas por el actor, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional, la cual se mantiene incólume en poder de los jueces locales, sino tan sólo se acepta una intervención administrativa previa a la justicia y de carácter obligatoria.
Argumenta respecto de la validez constitucional del procedimiento administrativo que deben seguir los trabajadores de conformidad con lo previsto en la citada normativa, y señala que el art. 14 de la ley 27.348 no afecta la garantía del debido proceso, el juez natural, ni tampoco la norma procesal (ley 18.345).
Sostiene que la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional a fin de que efectúe un control judicial suficiente de lo actuado en el ámbito administrativo se encuentra totalmente asegurada en la ley 27.348, de allí que, desde este aspecto, su constitucionalidad tampoco resulta discutible.
III. El recurso no prospera.
En el caso, se advierte que la recurrente desinterpreta la decisión que pretende impugnar, dado que el tribunal de origen no hubo de expedirse en relación a la validez constitucional de la ley 14.997 ni del art. 14 de la ley 27.348.
Como se relató, el órgano jurisdiccional de grado resolvió la presente controversia rechazando -en primer término- la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta al juzgar que el actor había optado por la revisión del dictamen emitido por la Comisión Médica, hallándose expedita la acción judicial. Para luego declarar de oficio la inconstitucionalidad el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y desestimar el planteo de caducidad opuesto.
En tales condiciones, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central sobre el cual el tribunal de origen estructuró su decisión.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021; L. 126.113, "Buss", resol. de 23-V-2022 y L. 128.504, "Montani", resol. de 1-XI-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
El depósito de $489.700,00 efectuado con fecha 29-VI-2022 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/02/2024 12:49:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:37:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 16:17:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 09:34:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 09:47:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/03/2024 10:28:21 hs. bajo el número RR-101-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia