Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127847
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con relación al agravio del punto II.2. por inadmisible y respecto de los demás planteos, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, en el marco de la acción iniciada por el señor Sergio Martín Guerrero contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó las excepciones de cosa juzgada e incompetencia material, imponiendo las costas a la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 18-VI-2021).
Para así decidir, sostuvo que -en el caso- se pretendía el reconocimiento del carácter de cosa juzgada administrativa respecto de un acto que dispuso el cierre de la instancia administrativa previa y obligatoria por inexistencia de acuerdo.
Consideró que el plazo de caducidad previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 vulnera la supremacía de la legislación de fondo en cuanto determina la prescripción de la acción. Agregó que importa reducir el plazo de esta última en perjuicio del trabajador y transgrede la finalidad protectoria establecida en el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, declaró la inconstitucionalidad de dicha norma provincial, exclusivamente con relación al plazo y el apercibimiento allí previsto, y el sexto párrafo del art. 6 de la ley 27.348 en cuanto establece los casos en que se adquiere el carácter de cosa juzgada administrativa. Fundó tal conclusión en la violación de los arts. 31, 75 incs. 12 y 22, y 121 de la Constitución nacional.
Finalmente, luego de ponderar los escritos constitutivos y demás constancias de la causa, manifestó que la excepción de incompetencia material era improcedente, y -en definitiva- consideró que la vía administrativa previa se encontraba agotada. Evaluó que el dolor en la pierna izquierda -producto de la patología lumbar por la que se reclamaba- y la minusvalía psíquica pretendida provenían del mismo siniestro por el que se trataba de responsabilizar a la aseguradora demandada.
II. Frente a lo así resuelto, esta última, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con fecha 13 de julio de 2021, plantea, en concreto, los siguientes agravios.
II.1.a. En primer lugar, afirma que el plazo de prescripción se encontraba vencido, por lo que la aplicación de los arts. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y 2 párrafo sexto de la ley 27.348 no le genera al trabajador perjuicio alguno.
II.1.b. Refiere que lo resuelto resulta equivalente a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley citada. En lo sustancial, argumenta sobre la validez del procedimiento allí establecido.
II.2. Finalmente, se agravia de que en el pronunciamiento de haya admitido el reclamo por incapacidad psicológica, en tanto -afirma- no fue denunciado en la instancia administrativa previa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios traídos, cabe indicar que el planteo descripto en el punto II.2. resulta inadmisible.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia material -opuesta al contestar la demanda- para entender respecto del reclamo de daño psicológico derivado del accidente laboral invocado, bajo el argumento de que la parte actora cumplió con el trámite administrativo previo y obligatorio, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera", resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación; lo que, como habré de señalar, no sucedió en el presente caso.
III.2. En lo que respecta a los restantes cuestionamientos, se advierte que la recurrente desinterpreta la decisión que pretende impugnar, dado que el tribunal de origen no se expidió con relación a la validez constitucional de la ley 14.997 ni del procedimiento obligatorio ante las comisiones médicas, sino que -como se reseñó- declaró la invalidez constitucional del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y lo dispuesto en el sexto párrafo del art. 2 de la ley 27.348.
En estas condiciones, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central sobre el cual el tribunal de origen estructuró su decisión.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021; L. 126.113, "Buss", resol. de 23-V-2022 y L. 128.504, "Montani", resol. de 1-XI-2023; e.o.).
No resulta óbice la referencia formulada respecto a que en el caso se encontraría superado el plazo de prescripción contenido en la ley de fondo, toda vez que en el pronunciamiento atacado no se sentó definición alguna sobre el tópico. Adviértase que la propia demandada solicitó su tratamiento en oportunidad de dictarse la sentencia definitiva (v. contestación de demanda, págs. 102/103).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con relación al agravio del punto II.2. por inadmisible y respecto de los demás planteos, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20)
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:15:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:28:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:12:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:29:39 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:29:15 hs. bajo el número RR-713-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia