Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la acción iniciada por el señor Ariel Omar Jesús Coronel contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en cuanto pretendía la reparación por los daños derivados de las patologías que denunció padecer (v. pronunciamiento electrónico de fecha 23-X-2023).
Para así resolver, juzgó no acreditado el accidente denunciado por el accionante en autos, ni tampoco la existencia de relación de causalidad entre las afecciones incapacitantes que presenta el trabajador y las tareas desarrolladas para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, el actor dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley -en subsidio- (v. presentación 1-XI-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 6-XI-2023).
III.1. En su remedio extraordinario de nulidad, el interesado, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, alega que el pronunciamiento vulneró las leyes de la lógica, por lo que corresponde anularlo, toda vez que contiene deficiencias que los descalifican como acto jurisdiccional válido.
Afirma que la sentencia puesta en entre dicho incurre en contradicciones que denotan el apartamiento de las constancias objetivas obrantes en la causa.
Asimismo, denuncia falta de fundamentación.
III.2. Inicialmente, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
En este marco, el recurso extraordinario de nulidad deducido deviene improcedente, pues no se observa en el desarrollo de su presentación, argumentación alguna que pueda vincularse con la inobservancia de las exigencias normadas en tales preceptos constitucionales, ni siquiera puede inferirse de los agravios traídos que se pretenda la declaración de nulidad de la resolución atacada (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 122.635, "Mendoza", resol. de 10-IV-2019 y L. 129.857, "Pineda Ruiz", resol. de 27-VI-2023), tan sólo se limita el interesado a expresar su disconformidad con la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia, denunciando a tal efecto, cuestiones de índole probatoria, presuntos errores de juicio jurídico, contradicción y arbitrariedad, lo que resulta ajeno al acotado ámbito de actuación del presente medio de impugnación (causas L. 118.800, "Lombardi", resol. de 11-XI-2015; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015 y L. 127.398, cit.).
III.3. Por otra parte, corresponde recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la potestad revisora, razón por la cual se halla vedada a las partes la posibilidad de realizar planteos de esa naturaleza al fundar sus recursos extraordinarios (causas L. 121.353, "Mayorano", resol. de 6-VI-2018; L. 121.938, "Martín" resol. de 21-VIII-2019 y L. 124.834, "Rodríguez", resol. de 13-X-2020).
III.4. Por último, los argumentos ensayados en la impugnación vinculados a la falta de fundamentación de la decisión tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia la conculcación de las normas y de la doctrina legal que cita. Al efecto, controvierte la decisión del a quo que rechazó la demanda. En ese orden, alega absurdo en la valoración de los elementos de juicio obrantes en autos y denuncia violación del principio de congruencia, así como la errónea distribución de la carga de la prueba.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. De manera liminar, cabe dejar sentado que es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean -como en el caso- fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 128.338, "Oficialdegui", resol. de 22-XII-2022 y L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023).
IV.4. Sentado ello, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021 y L. 129.153, "Benítez", resol. de 10-IV-2023).
IV.5. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el reclamante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas -vinculadas a determinar si se demostró, o no, con la prueba producida en autos, la existencia de incapacidad y su nexo causal con el infortunio denunciado y/o las tareas cumplidas para su empleadora-, así como el supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar los escritos constitutivos del proceso y las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 126.513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021 y L. 128.893, "Paz", resol. de 1-IX-2022).
Asimismo, tiene resuelto esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 129.141, "Bezek", resol. de 24-X-2023).
Además, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
IV.6. Para concluir, es dable destacar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional en cuanto se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo son las relativas a la distribución de la carga de la prueba y a la infracción del principio de congruencia, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018 y L. 128.188, "Camino", resol. de 4-VII-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia y al cuestionamiento vinculado a la carga de la prueba, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:28:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:06:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:41:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:56 hs. bajo el número RR-878-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia