Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción promovida por el señor Carlos Adrián Pintos contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó el planteo de caducidad opuesto por la parte demandada y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la causa (v. pronunciamiento de 6-V-2022).
Para así decidir, tuvo inicialmente por acreditado el cumplimiento del actor del trámite administrativo previo y obligatorio establecido por el Título I de la ley 27.348. Luego, destacó que la resolución emitida por la Comisión Médica interviniente no podía variar los términos en que había quedado trabada la litis, en tanto el actor en su demanda denunció la contingencia y solicitó se declare judicialmente la incapacidad que dijo padecer y la demandada tuvo oportunidad de repeler la acción oponiendo sus defensas; estando -por ende- la bilateralidad y defensa procesal cubiertas para ambas partes.
Indicó que resultaban aplicables en la especie los principios generales que rigen el procedimiento administrativo, como son la instrucción de oficio, la economía, celeridad, sencillez y eficacia, así como particularmente el principio de informalismo a favor del administrado.
Destacó que dicho procedimiento también debe ser interpretado a la luz de los principios del derecho del trabajo, en tanto que por aquel se procesan conflictos atinentes a uno de los derechos fundamentales, como lo es la indemnidad de la integridad psicofísica y su reparación, resultando la persona trabajadora sujeto de preferente tutela constitucional.
Con todo, sostuvo que habiendo cumplido el actor con el trámite previo y obligatorio por ante la Comisión Médica, una interpretación conforme los postulados establecidos en el precedente L. 121.939, "Marchetti", (sent. de 13-V-2020), habilitaba la instancia judicial por los reclamos vinculados a todas las patologías denunciadas en demanda, correspondiendo al tribunal de trabajo asumir competencia material para entender en las presentes actuaciones, tramitando la acción conforme las pautas establecidas en la ley ritual, continuando las actuaciones según su estado (conf. arts. 1, 2 y 4 Ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 Ley 15.057).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-V-2022), concedido por el órgano de grado el 24 de junio de 2022.
Alega que el tribunal de grado inaplicó las disposiciones del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto prevén la obligatoriedad de iniciar la acción laboral ordinaria dentro del plazo de noventa días hábiles judiciales a contar desde la notificación del dictamen emitido por la Comisión Médica.
Manifiesta que los principios procedimentales invocados por dicho órgano jurisdiccional a los fines de desestimar el planteo de caducidad opuesto, resultan insuficiente e inocuos para inhibir los efectos del transcurso del tiempo, toda vez que la acción prevista en la citada normativa tiene establecido un plazo perentorio y fatal para su interposición, el que en el caso se encuentra ampliamente vencido.
Sostiene que la Suprema Corte en el precedente "Marchetti" -cuya doctrina denuncia transgredida- convalidó la constitucionalidad y operatividad del plazo de caducidad de noventa -90- días previsto por la ley 15.057.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
III.3. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2024 09:14:33 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:07:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:04:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:06:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:20:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:35:39 hs. bajo el número RR-1053-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia