Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.2, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.1, revocando el pronunciamiento de grado con el alcance establecido en el punto III.1.b. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del juicio iniciado por el señor Alberto Martín Moneda contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó las excepciones de incompetencia, falta de acción y cosa juzgada opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 21-VI-2022).
Para así decidir, en oportunidad de resolver las excepciones de incompetencia y falta de acción articuladas contra el reclamo del actor por el resarcimiento de las afecciones psicológicas, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley de adhesión 14.997 y su aptitud jurisdiccional para entender en autos.
Por otra parte, rechazó la defensa de cosa juzgada vinculada a la pretensión ligada a la disfonía invocada, sosteniendo inicialmente que no había sido controvertido por las partes el sometimiento del actor al procedimiento administrativo contemplado en el Título I de la ley 27.348. Luego, señaló que dicho régimen legal (con adhesión de la ley provincial 14.997) autoriza al trabajador a recurrir el dictamen emanado de la Comisión Médica a través de una acción laboral ordinaria.
En ese orden, con sustento en la doctrina autoral que citó, agregó el a quo que de conformidad con lo dispuesto por los arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057, el hecho de que el trabajador haya concurrido ante la Comisión Médica Jurisdiccional no impide un posterior reclamo autónomo, ya que los pronunciamientos dictados por dicho organismo no producen efecto de cosa juzgada sobre esas acciones.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 11-VIII-2022).
En primer término, indica que resulta dogmática la sentencia en crisis en cuanto estableció que el acto de homologación dictado por el Titula del Servicio de Homologación de la Comisión Médica carece de los atributos de la cosa juzgada y no puede equipararse a las resoluciones fundadas que la autoridad administrativa puede emitir ante la presentación de un acuerdo conciliatorio que versa sobre derechos discutidos y en el que se verifica que las partes han alcanzado una justa composición de derechos e intereses.
Refiere que, si el trabajador estaba disconforme con lo decidido en la etapa administrativa previa, podía optar por peticionar la revisión de lo actuado ante la justicia laboral. En cambio -según sus dichos- decidió suscribir un acuerdo conciliatorio posteriormente homologado, siendo la consecuencia de ello la plena operatividad de los efectos de la cosa juzgada.
Destaca que el ordenamiento jurídico no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercitar un derecho en total contradicción con una conducta anterior, como lo es el consentimiento prestado en la instancia administrativa.
Con relación al rechazo de las excepciones de incompetencia y falta de acción, defiende la validez constitucional del procedimiento establecido por el Título I de la ley 27.348 y destaca que el actor introdujo en la demanda un reclamo por daño psicológico que no fue denunciado ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ni ante la Comisión Médica Jurisdiccional interviniente, encontrándose por ende inhabilitada la instancia judicial para pretender un resarcimiento vinculado a dicha dolencia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a En primer lugar, cabe señalar que resulta atendible la objeción planteada en torno a la declarada aptitud jurisdiccional del tribunal de grado para entender respecto del reclamo vinculado a la afección psicológica denunciada. Ello así, toda vez que esta Suprema Corte ha sentado criterio en relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), al decidir -entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.1.b. Bajo tales directrices, teniendo en consideración las constancias obrantes en la causa (v. archivos adjuntos a las presentaciones electrónicas de fecha 18-II-2022 y 26-IV-2022), así como lo manifestado por el actor en el punto II del escrito de demanda, y lo expuesto por la accionada en los puntos V y VII.b de la contestación de la demanda, corresponde remitir las actuaciones a la instancia de grado a sus efectos.
III.2. En cambio, no puede tener favorable recepción el restante agravio traído -dirigido a cuestionar el rechazo de la excepción de cosa juzgada- en virtud de su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
En efecto, el impugnante estructura este tramo de la crítica partiendo de una premisa errónea, dado que el tribunal de origen no hubo de expedirse -tal como equivocadamente se afirma en la réplica extraordinaria- sobre la base de un acuerdo homologado arribado en la instancia administrativa.
Tal como se relató, el órgano jurisdiccional decidió la controversia sobre la base de la interpretación y alcances que le adjudicó a las normas de los arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057, según las cuales -destacó- el trabajador había optado por la revisión de lo actuado ante la Comisión Médica Jurisdiccional, no estando impedido de formular tal reclamo autónomo en tanto los pronunciamientos dictados por esos organismos no producen el efecto de la cosa juzgada.
En tales condiciones, forzoso es concluir que el interesado se desentiende del razonamiento plasmado en la decisión de la instancia ordinaria y omite toda referencia idónea a las motivaciones esenciales que lo dotan de sustento.
Sin abrir juicio sobre el acierto de la resolución, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central sobre el cual el tribunal de trabajo estructuró su decisión.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo en crisis contiene (causas L. 118.420, "Almandoz", sentí. de 27-VI-2018; L. 118.702, "Turrilla", sentí. de 29-V-2019; L. 122.021, "Cuello", sentí. de 20-VII-2020 y L. 123.991, "Borrell", resol. de 25-X-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.2, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.1, revocando el pronunciamiento de grado con el alcance establecido en el punto III.1.b. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:33:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:27:03 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:23:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:29:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:14 hs. bajo el número RR-1144-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia