Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131974
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, desestimó la demanda promovida por la señora Sandra Mónica Costagliola contra Petrobul S.A. y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de 7-XII-2023).
Para así decidir, en lo que resulta esencial, juzgó no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil en los que la actora fundó su acción.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 22-XII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. 22-XII-2023 y su aclaratoria de 27-XII-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 13-VIII-2024).
III. En el recurso extraordinario de nulidad, denuncia violados los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Alega vulnerado el principio de congruencia.
En lo esencial, critica que el sentenciante omitió ponderar las constancias obrantes en autos que corroboran las afirmaciones esgrimidas en su escrito inicial.
Por otro lado, cuestiona que el fallo no se encuentra debidamente fundado, en tanto desatendió las previsiones contenidas en las normativas laborales que al efecto identifica y que estima aplicables al caso.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no prospera.
III.1. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit. L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.2. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que la interesada, bajo la denuncia de supuesta omisión de cuestiones esenciales, dirige su objeción a censurar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos intenta conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces de grado, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 112.922, sent. de 23-XII-2014; L.120.774, sent. de 4-IX-2019; L. 120.924, sent. de 6-X-2020; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.947, "Moyano", resol. de 23-VIII-2023).
Es dable recordar que, en el contexto de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018; L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021 y L. 130.151, "Aparicio", resol. de 29-V-2023).
Asimismo, corresponde memorar que son asuntos ajenos al remedio en examen la supuesta transgresión del principio de congruencia derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando (causas L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.394, "González", resol. de 10-IV-2023).
III.3. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina legal que considera vulnerada. Alega cuestión federal. Denunciaabsurdo en la valoración de la prueba y violado el principio de congruencia. Señala las garantías constitucionales que considera quebrantadas.
En lo esencial, ataca la forma en que el órgano de grado delimitó la cuestión litigiosa. Asimismo, se agravia de la conclusión a la que arribó el juzgador de origen con arreglo a la cual consideró que la accionante no acreditó las tareas prestadas para la empleadora capaces de producir la afección reclamada.
V. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
V.1 De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la impugnante, no se advierte que en el caso nos encontremos frente a una cuestión de monto indeterminado (v. apartado III.7. de su presentación).
Se observa, entonces, que la recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar los agravios que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre aquella de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el canal deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
V.2. Luego, cabe precisar que el tenor de los planteos ensayados no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
V.3. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
V.4. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que los agravios que se traen a consideración de esta casación se refieren a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, y detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.659, "Onorato", resol. de 17-X-2018; L. 123.359, "Berrino", resol. de 26-XII-2019; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021 y L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022).
Sentado lo anterior, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022).
A ello, cabe apuntar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los antecedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disimiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021; L. 126.394, "Caruso", resol. de 26-V-2021 y L. 130.067, "Besson", resol. de 6-XII-2023).
V.5. Para más, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe recordarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
V.6. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado V.5. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2024 13:10:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2024 11:59:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2024 18:24:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:16:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:48:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:49:25 hs. bajo el número RR-1283-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia