Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133043
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Miguel Ángel Franco y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a pagar las prestaciones dinerarias y en especie que especificó. Asimismo, rechazó el reclamo respecto a la incapacidad psicológica alegada (v. pronunciamiento de fecha 5-VIII-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, consideró que el actor no logró acreditar que la minusvalía psicológica denunciada sea consecuencia directa del accidente laboral sufrido.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-VIII-2024, replicado el 20-VIII-2024) el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 22-VIII-2024).
En su presentación, objeta al sentenciante un arbitrario e infundado apartamiento de la pericia psicológica producida en autos. En ese sentido, esgrime que el juzgador incurrió en absurdo, toda vez que -sostiene- su decisión no encuentra respaldo en el informe pericial ni en las constancias documentales de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, resulta prioritario destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018; L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 131.085, "Ardanaz", resol. de 3-VI-2024).
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como la determinación de la existencia de nexo causal entre el accidente sufrido y la incapacidad psíquica que presenta el accionante-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021; L. 127.778, "Dubois", resol. de 23-II-2022 y L. 132.306, "Moreno", resol. de 30-XII-2024).
Asimismo, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.3. Finalmente corresponde recordar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.3., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:14:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:27:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:21:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:29:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:03:54 hs. bajo el número RR-498-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia