Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129516
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.516, "González, Lidia Esther contra Municipalidad de La Matanza y otro/a. Enfermedad-Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza admitió la demanda promovida y condenó a la Municipalidad de La Matanza y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que fijó en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con imposición de costas (v. sent. de 2-VI-2022).
Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda iniciada por Miguel Ángel Leiva, continuada tras su deceso por su cónyuge Lidia Esther González y sus hijos —ver fs. 224 y 461— contra la Municipalidad de La Matanza y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., condenando solidariamente —por mayoría— a ambas coaccionadas a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral —con fundamento en disposiciones del derecho común— por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de las enfermedades profesionales sufridas por el trabajador (v. sent. de 2-VI-2022).
Para así decidir, en el veredicto, consideró no controvertido el contrato de seguro celebrado entre la empleadora codemandada y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., así como la recepción por esta última de la denuncia de la contingencia objeto del reclamo de autos.
Asimismo, juzgó acreditado que el empleado se desempeñó bajo dependencia del citado municipio desde el 1 de enero de 1982, cumpliendo funciones como cloaquista, efectuando tareas de destape, limpieza y mantenimiento del sistema cloacal.
Luego de tener por probado —con apoyo en los dictámenes de los peritos ingeniero y médico intervinientes— el entorno laboral relatado en la demanda, así como las tareas desempeñadas y sus características (entre las que destacó la adversidad por la "emanación de gases tóxicos densos y espesos que afectan la piel y la respiración"; v. vered., pág. 4), el sentenciante refirió que dada la muerte del trabajador antes de la realización de los peritajes, resultó útil el informe médico presentado en fecha 25 de octubre de 2019, en el cual, el auxiliar de justicia interviniente refirió que, habiendo relevado el expediente n° 11.109 "Castillo, Lucio c/ Municipalidad de La Matanza y otros s/ Enfermedad Profesional" —en trámite ante el Tribunal de Trabajo n° 1 de igual jurisdicción—, constató que aquel accionante "trabajaba también con igual empleadora, en el mismo lugar y realizando iguales tareas en una época simultánea con el actor" (v. vered., pág. cit.).
Destacó que el experto afirmó que dicha causa le permitió determinar la veracidad de las afirmaciones de autos y —junto con las constancias documentales de tal proceso y el presente— los padecimientos del señor Leiva, los que, según afirmó, consistieron en "dermatitis crónica recidivante" y "asma bronquial", patologías de padecimiento frecuente en razón de su actividad laboral, que le provocaron —considerando la incidencia de los factores de ponderación— una incapacidad total y permanente del 86% de la total obrera.
Seguidamente, refirió que dicho dictamen no logró ser conmovido por las partes y resultó atinado y veraz, por lo que evaluó sus conclusiones y ponderó la minusvalía portada por el señor Leiva en relación causal con el riesgo de la actividad que desarrollaba.
Valoró —con sustento nuevamente en las pericias realizadas— que las codemandadas no cumplieron con las normas de seguridad establecidas legalmente, entre las que destacó: realizar el examen médico preocupacional del actor; cumplir con los exámenes médicos obligatorios; identificar medidas específicas tempranas de los riesgos; proponer capacitación en materia de prevención de riesgos; fiscalizar al empleador; efectuar el estudio ergonómico de los puestos de trabajo y gestionar —a sus resultas— un programa de ergonomía integrado para la salud y la seguridad; controlar la manifestación temprana de la dolencia; definir las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; y tomar medidas concretas enderezadas a observar el cumplimiento del código 10 del decreto 351/79; entre otros. Agregó, que no se realizaron tratamientos de líquidos para evitar el olor o la contaminación, ni análisis químico de líquidos ni sólidos cloacales.
Concluyó que ambas coaccionadas mostraron su culposa y grave omisión. De un lado, la aseguradora —dijo— abandonando de hecho al trabajador en su proceso de enfermedad seguido de muerte basado en la calificación de inculpabilidad de la dolencia, sin que obrara en su defensa documental alguna que permitiera establecer la observancia de los preceptos de los arts. 1, 4 inc. 2 y 31 inc. 1 de la ley 24.557, el decreto 170/96 y la resolución 43/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De otro costado, la empleadora —sostuvo— limitándose a la atención del enfermo a través de la obra social sindical.
En esta línea, con sustento en las conclusiones arribadas en el fallo de los hechos, halló responsable civilmente a la empleadora con apoyo en los arts. 512, 902, 1.068, 1.069, 1.074 y 1.113 del Código Civil (ley 340), y —en lo que resulta de interés— también a la aseguradora codemandada, con sustento en el art. 1.074 del mentado cuerpo normativo.
Bajo tales conclusiones, condenó solidariamente —por mayoría— a la Municipalidad de La Matanza y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que presupuestó para resarcir los daños materiales y morales sufridos por el trabajador.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse intereses, desde la fecha de toma de conocimiento de las dolencias —15 de abril del 2015— hasta la fecha del pronunciamiento, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra dicho fallo, la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.749 y 1.757 del Código Civil y Comercial; 4, 5 y 31 de la ley 24.557; 11, 17, 18, 20 y 29 del decreto 170/96; de los decretos 351/96 y 1.338/96; de las resoluciones SRT 38/96, 42/96, 79/96, 43/97 y 54/98; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 14-VI-2022).
II.1. Aduce que el juzgador incurrió en absurdo al valorar la pericia médica.
Para ello, refiere que el dictamen concluyó que el promotor del juicio portaba dolencias adquiridas durante el desarrollo de su labor, vinculadas causalmente con el trabajo, sin haberlo revisado (v. rec., pág. 9).
Objeta, además, que el galeno actuante —según indica— tuvo por probada la existencia de una patología dermatológica sin verificación alguna de su existencia, invocando como única prueba la denuncia del siniestro —glosada a fs. 351— recibida por la aseguradora con la contestación de la demanda.
II.2. Sostiene que el tribunal incurrió en una errónea aplicación de las normas que rigen los deberes de prevención de las aseguradoras de riesgos del trabajo, desde que —aduce— en virtud de lo normado en los arts. 4 y 5 de la ley 24.557 y los decretos y resoluciones del órgano de control, las referidas entidades tienen a su cargo obligaciones de medio tendientes a prevenir la ocurrencia de las contingencias derivadas de los riesgos laborales y, en tanto no se comprometen a un resultado cierto, la sola existencia del daño no es demostrativa de un nexo causal entre su conducta y el perjuicio (v. rec., pág. 11).
II.3. Señala sobre la omisa identificación del nexo causal entre el daño y el actuar de la aseguradora.
Alega, en este sentido, que no se advierte la incidencia que pudo haber tenido la actividad de la referida compañía en el estado de salud del trabajador, desde que —afirma— jamás omitió el cumplimiento de medida legal alguna, por lo que las conclusiones del órgano de grado devienen dogmáticas, arbitrarias y absurdas.
II.4. Refiere que "no debe confundirse la subrogación legal que se opera por efecto de la LRT, con las obligaciones a cargo del Empleador". Expresa que "no resultan aplicables a las A.R.T. las normas de responsabilidad civil por las supuestas omisiones en los deberes de seguridad" —que pesan sobre el empleador— "por cuanto no existe relación jurídica entre el trabajador y la A.R.T., ni éstas tienen facultades coercitivas que permitan compeler al cumplimiento de sus recomendaciones", deviniendo errónea la aplicación al caso de las normas actuadas (v. rec., págs. 13 y sigs.).
II.5. Reprocha por absurda la solidaridad in totum que se impone a través de la condena, sin considerar que en el marco normativo por el que opta el juzgador de grado para dirimir la controversia, no resulta de aplicación la llamada teoría de indiferencia de la concausa.
II.6. Cuestiona la metodología de cálculo utilizada y la cuantía fijada en concepto de reparación integral, por considerar que proviene de una errónea apreciación de la prueba y contraría la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
II.7. Finalmente, objeta la tasa de interés dispuesta en el fallo por cuanto —según alega— la aplicación de la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el período indicado en la sentencia, "importa una distorsión de los valores y un enriquecimiento incausado del beneficiario del crédito " (rec., pág. 16).
A tal fin, funda su cuestionamiento en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica inaugural que formula el recurrente —en torno a la valoración que efectuó el órgano de origen del dictamen pericial médico— debe desestimarse.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la acreditación de absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.). Igual consideración es aplicable en relación con la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo (causas L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023).
III.1.b. El agravio no es idóneo para acreditar la configuración del extremo y excepcional vicio de absurdo.
El interesado solo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas, y la objeción revela —en definitiva— el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo del impugnante, método que —reiteradamente se ha señalado— configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
En efecto, las genéricas críticas que en esencia objetan la incapacidad determinada en la pericia —aludiendo a que el galeno actuante no examinó al actor dado su fallecimiento y que fundó la existencia de las enfermedades del accionante en lo dispuesto en la denuncia de siniestro— no atacan concretamente las definiciones sobre las que el órgano de grado estructuró este tramo del pronunciamiento al ponderar el análisis que efectuó el perito actuante teniendo a la vista las constancias documentales adunadas al proceso y las obrantes en otro expediente, quedando así evidenciada una manifiesta deficiencia técnica en el desarrollo del embate (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; L. 125.875, "Cejas", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
III.2. Los reproches dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. con sustento en las normas del Código Civil no resultan atendibles.
III.2.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.2.b. Bajo estos lineamientos, la crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.2.b.i. En lo que interesa destacar, conforme reseñé precedentemente, en la cuarta cuestión del veredicto, el tribunal de grado, con apoyo en el dictamen pericial técnico producido, detalló pormenorizadamente los incumplimientos de la referida entidad respecto de las normas de seguridad establecidas legalmente.
En esa faena, declaró verificadas las inobservancias legales a su cargo en materia de seguridad en el trabajo, así como su relación directa con el daño sufrido por el trabajador, juzgando civilmente responsable a la aseguradora demandada en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340), por lo que —entendió— debía responder solidariamente con el municipio por la reparación integral de los daños causados al empleado.
III.2.b.ii. Desde esta perspectiva, es dable advertir que las objeciones desplegadas por el quejoso para desvirtuar la conclusión del juzgador que tuvo por acreditados los incumplimientos de los deberes de prevención de la aseguradora de riesgos accionada y el nexo causal de aquellos con el daño sufrido por el accionante, resultan estériles.
Ello así, por cuanto en su impugnación, el quejoso —a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente— se limita a exponer una apreciación ceñida a sus intereses, destinada —únicamente— a negar su responsabilidad en autos, sin hacerse cargo del análisis del material probatorio que efectuó el órgano de grado para tener por verificado el incumplimiento de sus obligaciones impuestas por la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación, y de las reseñadas consideraciones que dieron —en definitiva— debido sustento a la conclusión que pone bajo censura.
En razón de lo expuesto, en el contexto probatorio de la causa, cuyo análisis integral llevó al tribunal interviniente a rechazar la tesis de la aseguradora demandada, las argumentaciones traídas transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, y, con ello, no consiguen impugnar debidamente lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.), dejando —en consecuencia— incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
III.2.c. Luego, con relación a la invocada inaplicabilidad de las normas de derecho civil al caso, cabe recordar que, la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control fue expresamente admitida por esta Suprema Corte en el conocido precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sentencia de 25-XI-2009, en una definición reiterada —entre otras— en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otros/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Asimismo, a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen —en concurrencia con el empleador— como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender que son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, ya que la norma les otorga un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; e.o.).
Bajo estos lineamientos, atento que la decisión cuestionada encuentra respaldo en dichas directrices y que la agraviada no aporta argumentos eficaces para revertirla, he de concluir que el recurso no resulta idóneo para modificar lo resuelto en este punto. Sumado a ello, la ausencia de denuncia explícita sobre la errónea aplicación de las normas actuadas en el fallo al respecto (arts. 512 y 1.074, Cód. Civil —ley 340—) y de la doctrina legal que citó el tribunal para fundamentar la decisión cuestionada, evidencian una clara insuficiencia recursiva en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019; L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023; e.o.).
III.2.d. En suma, debe permanecer firme la decisión del tribunal de origen que estableció la responsabilidad civil de la aseguradora en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, toda vez que, conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal, luce insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo resuelto en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; e.o.).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a objetar el alcance de la responsabilidad de la aseguradora por el daño sufrido por el accionante.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.