Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Agustín Cardozo y, en consecuencia, condenó a Fibecord S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios por la minusvalía física que ostenta el trabajador como consecuencia de las tareas prestadas. Por otro lado, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. solamente en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 27-VI-2024).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó no acreditada la responsabilidad civil de la aseguradora, con sustento en que no se advertían cuáles eran las supuestas omisiones que hubieran sido la causa del daño.
Luego, a fin de calcular el quantum indemnizatorio, entendió adecuado utilizar la fórmula "Méndez", y el resultado actualizarlo mediante la utilización del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-, desde la fecha en que tal suma se devengó y la del efectivo pago.
II. Frente a lo así resuelto, ambas codemandadas dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 26-VII-2024 y 29-VII-2024), siendo denegado por el a quo el interpuesto por la aseguradora y concedido el incoado por Fibecord S.A., en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 - rectius : art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057, aplicable a esa fecha conf. resolución SCBA 1.840/24- (v. resoluciones de fecha 31-VII-2024).
En la única presentación sobre la que corresponde a esta Corte pronunciarse, la recurrente denuncia absurdo, arbitrariedad, y la vulneración de las normas y la doctrina legal que cita.
En primer lugar, se agravia de que el tribunal de origen no hubiera tenido por acreditada la responsabilidad civil de la aseguradora. Al respecto, señala que el actor estableció en su demanda cuales eran los incumplimientos que le imputaba, y que esos fueron los mismos que la sentencia de grado consideró para imputarle responsabilidad a su parte.
Posteriormente, objeta el quantum indemnizatorio. Inicialmente, en cuanto a la utilización de fórmulas matemáticas que -entiende- no reflejan la realidad, y, además, sin considerar el salario percibido por el trabajador.
Por otro lado, sostiene que el a quo incurrió en una errónea interpretación del fallo de esta Corte que individualiza en el apartado IV.c. de su escrito recursivo, por cuanto arriba a un monto de condena irrazonable e injustificado. Sobre el punto, señala -en sustancia- que no efectuó un examen circunstanciado del caso, ni analizó distintas alternativas para establecer cuál era el mecanismo idóneo para proteger el crédito del accionante.
En último término, se agravia de la aplicación de intereses, aduciendo que no corresponde, dado que la indemnización ya había sido fijada a valores actuales.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 31-VII-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
III.1.b. A continuación, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
III.2.a. Bajo las señaladas premisas, respecto del primer agravio traído, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que los únicos precedentes que menciona conciernen al vicio de absurdo, y reiteradamente ha señalado esta casación que la doctrina legal referida no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.2.b. En lo que atañe a la objeción vinculada con el quantum indemnizatorio y la aplicación de la fórmula "Méndez", tampoco se observa el supuesto excepcional, desde que la quejosa no denuncia doctrina legal vinculada con la crítica que formula, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022; L. 129.683, "Aguiar", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.024, "Ojeda", resol. de 20-XI-2024).
III.2.c. Seguidamente, en cuanto al reproche fundado en la errónea interpretación del precedente individualizado en el punto IV.c. del escrito recursivo (v. pág. 26), cabe destacar que en el restringido ámbito en el que fue concedido el medio de impugnación, la crítica tampoco resulta apta, ya que bajo la denuncia de violación de doctrina legal lo que en rigor pretende el impugnante -mediante su mera discrepancia- es la revisión de un tópico por regla privativo del sentenciante de grado, así, aquel que refiere a la elección del mecanismo de actualización del crédito, labor que -debe destacarse- es fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causa L. 132.561, "Moreyra", resol. de 1-IX-2025).
III.2.d. Por último, respecto del cuestionamiento destinado a objetar la aplicación de intereses moratorios, también aquí la impugnante omite denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con los agravios que expone (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023; L. 132.189, "Franco", resol. de 29-X-2024 y L. 132.451, "Fernández", resol. de 15-IV-2025).
III.3. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de lis autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 133.461, "Romero", resol. de 14-VII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:54:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:20:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 13:15:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2025 12:19:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 13:06:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 15:03:09 hs. bajo el número RR-1146-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia