Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.682, "Ramos, Héctor Julio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Soria, Torres, Kogan, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. pronunciamiento de 19-IX-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-X-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Héctor Julio Ramos y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y al adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que contrajo el actor.
En lo que interesa, juzgó acreditado el ingreso base mensual del demandante en el marco del art. 12 de la ley 24.557 y a tenor del informe presentado por la parte demandada en autos.
A su vez, luego de establecer el monto de la condena, con sustento en la doctrina de esta Corte que citó, resolvió —por mayoría— declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y aplicar la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos, calculándose en base a la "tasa pasiva plazo digital 30 días" que paga dicha entidad, desde la fecha del accidente de trabajo in itinere hasta la de la sentencia.
Ya refiriéndose a la capitalización de intereses, dijo que lo dispuesto en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación no había sido objeto de expresa petición en el escrito constitutivo del proceso y que entonces no correspondía su aplicación.
También desestimó la aplicación del decreto 669/19, pues expresó que su aplicación retroactiva provocaría la alteración de una situación jurídica ya consolidada al amparo de una ley anterior, solución que dijo, se ajustaba a la doctrina que invocó.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y concordantes. de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 768 inc. "b" y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; 11 de la ley 27.348 y de la doctrina legal.
II.1. Sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), en las que se estableció que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual, el que debía determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente. En ese contexto brinda argumentos orientados a justificar la solución reclamada.
II.2. Luego de expresar que de prosperar el planteo formulado los intereses debían calcularse conforme la tasa pura receptada en los precedentes de esta Corte C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), afirma que los fijados en la sentencia violan la doctrina legal elaborada en las causas L. 122.766 "Galeano" (sent. de 27-VII-2020) y L. 121.841, "Sanchioni" (sent. de 15-IV-2021). Plantea así, que debe aplicarse la " tasa de interés pasiva bip" desde el accidente hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348 y, desde allí en adelante hasta el dictado de la sentencia conforme la tasa prescripta por esta última normativa.
En cuanto a la cuestión que gira en torno a la capitalización, alega que lo resuelto viola el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y se aparta la jurisprudencia que individualiza referida al principio iura novit curia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que el medio extraordinario de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resolución de fecha 8-XI-2023).
Siendo ello así, la función revisora de esta Suprema Corte ha de limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; L. 120.753, "Lovera", sent. de 30-XII-2024; L. 131.517; "Gamarra", sent. de 1-IX-2025 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025).
No obsta a lo expuesto, que en el recurso se cuestione la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la ley 27.348—, puesto que al respecto nada ha argumentado el quejoso con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del previsto en la ley procesal laboral— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
III.2. En el estrecho marco de revisión por el que transita el recurso, se observa que el impugnante no evidencia la configuración de la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva laboral local.
III.2.a. No merece favorable recepción el embate que se asienta en la denuncia de apartamiento de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" y L. 120.648, "Amaya" antes citadas, toda vez que lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024; L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024; L. .128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 1-IX-2025).
Sentado ello, no cabe abordar lo planteado con sustento en los precedentes C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", en tanto fue peticionado en la hipótesis de prosperar el principal embate traído.
III.2.b. Tampoco es de recibo la objeción vinculada con resuelto por el tribunal de origen —por mayoría— en torno a los intereses fijados y a la capitalización pretendida.
Es que la invocación de los casos mencionados en párrafos anteriores L. 121.841, "Sanchioni" y L. 122.766, "Galeano", carece de toda aptitud, pues —en la órbita de lo alegado por el recurrente— no se desprende de lo decidido por este Tribunal en cada uno de ellos doctrina legal alguna.
Por último, en relación con las citas jurisprudenciales que despliega el impugnante al aludir al iura novit curia, es sabido que los precedentes referidos a la supuesta vulneración de dicho postulado no resultan hábiles para la habilitación de la instancia extraordinaria en el estrecho carril en tratamiento (causas L. 121.748, "Del Rey", resol. de 26-XII-2018; L. 129.124, "Romero", resol. de 27-VI-2023; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024; L. 133.307, "Cuenca", resol. de 2-IX-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Coincido con lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1., párrafos primero y segundo.
En el caso, el cuestionamiento dirigido a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
I.2. En estas condiciones, se advierte que el compareciente —bajo la denuncia de la hipotética inobservancia de derechos constitucionales— se limita a formular consideraciones genéricas destinadas a poner en evidencia el yerro en que habría incurrido el juzgador al no aplicar al caso las directrices que emanan de los precedentes que indica como transgredidos y sobre cuya base se justificaría —a su criterio— la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557. Empero, bajo las aristas que exhibe el caso, mediante dicha técnica no aporta fundamentos concluyentes en sustento de sus alegaciones ni se sustenta en elementos probatorios aportados a la causa (art. 279, CPCC).
Cabe destacar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 128.423, "Carballo", sent. de 4-X-2023; L. 126.859, "Moreno", sent. de 23-XI-2023; L. 128.224, "Medina", sent. de 28-X-2024; L. 123.173, "Segura", sent. de 24-II-2025; e.o.).
De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023; L. 131.693, "Vergara Jarpa", sent. de 14-VII-2025; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
Luego, bajo las señaladas consideraciones, comparto lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.2.a. de su voto.
II. Por lo demás, suscribo el voto del citado colega en el punto III.2.b.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 11:35:25 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2025 15:24:36 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:17:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:38:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:32:15 hs. bajo el número RS-122-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia