Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Cecilia Marcela Sosa y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó, como consecuencia del accidente in itinere y la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 4-III-2024).
En lo que resulta de interés destacar, dispuso implementar, entre la fecha de exigibilidad (desde las primeras manifestaciones invalidantes, esto es los días 11-V-2018 y 22-V-2018) y hasta la sentencia, una tasa pura de interés que estimó en el seis por ciento -6%- anual.
Luego, a esta suma de condena, y hasta el efectivo pago, determinó un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, texto según ley 27.348 (v. escrito electrónico de fecha 14-III-2024).
Al respecto -y dejando de lado una confusa crítica vinculada con los intereses aplicados en el período que va entre la primera manifestación invalidante y el decisorio en crisis (ver pág. 3 del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley)- afirma que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, determinando que la accionada debía cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma (art. 12. Inc. 3 de la L.R.T.) en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta, que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
El recurso extraordinario intentado fue denegado por el órgano de grado atento la insuficiencia del monto para recurrir y la inaplicabilidad al caso de la doctrina que reputó vulnerada (v. resol. de 16-VIII-2024), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, C.P.C.C.; v. escrito electrónico de 26-VIII-2024).
En la vía de hecho incoada ante esta sede, la interesada denuncia que el a quo excedió el límite de las facultades que le otorga el artículo 281 del Código Procesal Civil y Comercial en relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al haber incursionado en una materia que es privativa de esta Suprema Corte, al introducirse en el análisis de la doctrina invocada por su parte, cuando debió limitarse a verificar si se había denunciado, o no, la violación de ésta.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no desconoce que la cuantía económica del pleito no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable, cabe reiterar, a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.2. En atención a ello, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (arts. 292, CPCC; y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
IV. Ahora bien, ingresando en los argumentos desplegados en el recurso que por este acto se concede y que fueron reseñados en los acápites precedentes, cabe anticipar que no puede prosperar (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Al respecto, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos similares (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 129.976, "Balutt" sent. de 20-XI-2024 y L. 132.301, "Peralta", resol. de 11-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2026 11:04:23 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 17:58:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2026 11:48:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:30:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:21:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:32:14 hs. bajo el número RR-792-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia