Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por el señor Alberto Octaviano Núñez Nicoletti y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 24-VI-2024).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, actualizó el valor del ingreso base mensual conforme lo indicado en el fallo.
Asimismo, añadió intereses a una tasa pura del dos por ciento (2%) anual desde la fecha de exigibilidad del crédito.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 8-VII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 27-XI-2025).
En su presentación, con denuncia de arbitrariedad y de violación del principio de congruencia, así como de las normas constitucionales que menciona, se agravia del modo de cálculo del ingreso base mensual. Al respecto, sostiene que el accionante no solicitó en ningún momento la aplicación del citado decreto.
Por otro lado, objeta la aplicación de intereses desde la fecha del hecho, sosteniendo que, al haber reajustado el ingreso base mensual, se produce una doble actualización.
Por último, y en forma genérica, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, primer párrafo, de la ley 15.057 para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024 (causas L. 132.840, "Encina", resol. de 12-V-2025 y L. 133.177, "Martínez González", resol. de 29-V-2025; e.o.).
En tal sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
También, debe indicarse que la recurrente no expuso razones suficientes que ilustren - en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
III.2. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.063, "Becker", resol. de 23-V-2025; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.519, "Curo", resol. de 1-VII-2025; e.o.).
III.3.a. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del primer agravio, desde que la única doctrina citada, que entiende erróneamente aplicada por el juzgador de grado, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 122.333, "Tisera", resol. de 29-V-2019; L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020 y L. 125.165, "Zitelli", resol. de 20-XI-2020), no resultando -en consecuencia- idónea en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 82 de la ley 15.057 ya citada (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023 y L. 134.128, "Cruz", resol. de 2-XII-2025).
Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
III.3.b. Finalmente, y sin perjuicio de otras consideraciones, respecto de los restantes agravios, referidos a los intereses y a la imposición de costas, la recurrente prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y (causa L. 133.037, "Bolaños", resol. de 14-VII-2025).
Además, en lo que concierne al reclamo referido a la magnitud de los estipendios regulados por el órgano de grado, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte -elaborada tanto en torno al art. 57 del decreto 8.904, como al análogo de la ley 14.967- que en materia de honorarios rige el principio de irrecurribilidad de las decisiones adoptadas por los tribunales colegiados, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación (causas Ac. 93.300, "Lemba", resol. de 21-IX-2005; L. 118.495, "Ruiz", resol. de 17-XII-2014; L. 121.480, "Andresiuk", resol. de 21-VI-2018 y L. 130.251, "Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", resol. de 15-IV-2024; e.o.), y que sólo cabe apartarse de aquella regla en situaciones excepcionales, cuando están en juego determinadas garantías, como ocurre ante el desconocimiento del derecho del profesional a la regulación; o en los supuestos de confiscatoriedad, o si la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador, o bien cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas Ac. 86.346, "Calleri", resol. de 9-IV-2003; C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7-VIII-2013, y L. 130.129, "Cevasco", resol. de 21-VI-2023; e.o.), supuestos que no concurren en el caso.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.a., segundo párrafo- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:32:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:58:01 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:38:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:38:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:51:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:46:05 hs. bajo el número RR-245-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia