Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134997
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Esat S.A. y, en consecuencia, rechazó la acción promovida por la señora Débora Romina Flores, mediante la cual procuraba una indemnización por los daños y perjuicios derivados del infortunio que denunció padecer con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 4-XII-2024).
Para así decidir, juzgó -en sustancia- que al tiempo de interponerse la demanda se encontraba holgadamente vencido el plazo de dos años previsto en el art. 4.037 del anterior Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-II-2025), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 25-III-2025).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y las doctrinas que considera vulneradas. Plantea cuestión federal.
Cuestiona, mediante la denuncia de absurdo en la valoración de las constancias de la causa, la fecha que el sentenciante tomó de inicio para realizar el cómputo de la prescripción de la acción contra las accionadas.
Sostiene que el a quo omitió tratar cuestiones esenciales.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, corresponde observar que, tal como lo adelantó el órgano de grado (v. resolución de fecha 25-III-2025) el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024. Por lo tanto, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción contenida en el citado precepto legal (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.640, "Díaz", resol. de 9-IV-2026).
III.1.b. A continuación, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde, que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como lo son las vinculadas al comienzo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión-, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023 y L. 134.096, "Santander", resol. de 17-IX-2025).
III.3. Además, se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros, así como tampoco la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021; L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
III.4. Asimismo, la cita de doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto ritual (causas L. 129.598, "Pérez", resol. de 14-III-2023; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.834, "Pontaquarto", resol. de 2-XII-2025).
III.5. Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 129.796, "Sosa", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.672 "Santos", resol. de 2-X-2025; e. o.).
III.6. Por último, en lo relativo a la preterición denunciada, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que, por principio general, la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad (causas L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021 y L. 131.925, "Urrutia Castillo", resol. de 24-II-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2026 16:12:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 12:00:50 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:26:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:46:14 hs. bajo el número RR-870-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia