Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133957
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los restantes agravios, disponer su desestimación por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Rubén Omar Guardia y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones contempladas en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba prestaciones por la incapacidad psicológica que adujo padecer, así como una reparación con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 3-IX-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, a efectos de calcular los rubros indemnizatorios, con sustento en el precedente de esta Corte que mencionó, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), así como del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, y concluyó que sobre las sumas de condena se adicionarían intereses conforme la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de financiación de saldos de tarjetas, desde la fecha del accidente ocurrido el día 26 de octubre de 2016 hasta la sentencia, y que el resultado debía ser repotenciado en un cien por ciento -100%- más.
Respecto de la incapacidad psicológica, con sustento en la pericia de la especialidad, consideró que el accionante no presentaba disminución alguna como consecuencia del accidente de autos.
Por otro lado, fundó el rechazo de la responsabilidad civil de la aseguradora demandada en que el actor no había logrado acreditar los extremos requeridos.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 10-X-2024).
En su presentación se agravia, en primer lugar, con denuncia de errónea aplicación del fallo de esta Corte que cita, del quantum indemnizatorio determinado por el tribunal de grado. Al respecto, entiende que el mecanismo utilizado es insuficiente, y solicita se aplique el Coeficiente de Estabilización de Referencia del Banco Central de la República Argentina (CER), con más una tasa pura del seis por ciento -6%-.
En otro orden, alegando absurdo, impugna la decisión de origen de desestimar la responsabilidad civil de la aseguradora. Sobre el punto, sostiene que tanto de la pericia técnica como de las declaraciones testimoniales surge el incumplimiento de las medidas de seguridad y prevención para la realización de tareas de esfuerzo.
También objeta el rechazo de la incapacidad psicológica. En ese sentido, peticiona que, en subsidio, se reconozca el daño moral.
Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, por cuanto entiende que resulta una decisión infundada y, además, representa otra forma de pulverizar el crédito del actor.
Finalmente, en un escueto párrafo, refuta la imposición de costas a su parte respecto de los rubros que se rechazan.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Cabe inicialmente señalar que el recurrente no especifica, a tenor de la totalidad de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio, ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado supere el mínimo establecido por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024 y L. 133.658, "Miner", resol. de 13-III-2026; e.o.).
III.1.b. En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el recurso en el marco de la excepción contemplada en el citado art. 82 de la ley ritual del fuero. De allí que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 131.689, "Carmona", resol. de 3-VI-2024 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e. o.).
III.2. En el contexto indicado, y alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, la exclusión de dicha hipótesis se impone nítida respecto de la impugnación destinada a desvirtuar el rechazo de la minusvalía psicológica, así como aquélla mediante la que se objeta la desestimación de la responsabilidad civil de la aseguradora, desde que el reclamante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos ajenos al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 128.893, "Paz", resol. de 1-IX-2022; L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024 y L. 133.935, "Castro", resol. de 23-IV-2026).
III.3. Luego, en relación al reproche por el que objeta el sistema utilizado por el sentenciante para actualizar el crédito, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que, con apoyo en el precedente que individualiza en distintos pasajes del escrito impugnativo, lo que en rigor pretende la recurrente -mediante su mera discrepancia- es la revisión de tópicos por regla privativos del sentenciante de grado; así, aquellos que refieren a la determinación del quantum indemnizatorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causas L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025; L. 133.284, "García", resol. de 2-X-2025 y L. 133.497, "Bascoas", resol. de 26-XI-2025).
III.4. Por otro lado, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, la impugnación, en cuanto se dirige a impugnar la decisión del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.5. Finalmente, tampoco resulta viable, en el estrecho marco excepcional por el que transita el presente recurso, el cuestionamiento que gira en torno a la imposición de las costas, desde que se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022; L. 131.299, "Iuliano", resol. de 21-III-2024 y L. 133.358, "Leguizamón", resol. de 14-VII-2025).
III.6. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.900, "De mugica", resol. de 11-XII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los restantes agravios, disponer su desestimación por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2026 16:12:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 12:00:14 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:26:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:41:16 hs. bajo el número RR-854-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia