Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131111
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, hizo lugar a la demanda promovida por Claudio Santiago Prieto contra las firmas Junarsa SACIFA. y Liberty Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. (actual SMG Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.), por la que pretendía el pago de una indemnización integral por la disminución de su capacidad laboral derivada de las tareas de esfuerzo físico prestadas bajo dependencia de la primera de las coaccionadas (v. vered. y sent. de fecha 31-V-2023).
Para así decidir, en el veredicto -luego de analizar el material probatorio aportado a la causa- consideró demostrado que el actor padece espondiloartrosis cervical y lumbar con discopatías de origen concausal reveladas y/o agravadas por las tareas laborales, que le genera una incapacidad parcial y permanente del 16,50% de la total obrera teniendo en cuenta -dijo- los Baremos de la Ley 24.557, el utilizado para el fuero civil de Altube y Rinaldi y el de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro/2006 (v. vered., pág. 6).
En cambio, el juzgador tuvo por no acreditado que la compañía aseguradora hubiese observado las obligaciones que le impone la ley citada en materia de prevención de los riesgos del trabajo. Por el contrario, tras valorar los informes periciales (contable y en seguridad e higiene) y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de causa, concluyó que aquella había incurrido en graves incumplimientos a dicha normativa, que tuvieron participación activa en las patologías sufridas por el accionante, mientras desempeñaba el débito laboral bajo su cobertura (v. vered., págs. 7/9).
En la sentencia, el a quo analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y determinó -con sustento en doctrina legal- la necesidad de comprobar, en el caso concreto su validez, tomando como parámetro -a ese fin- la comparación de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atendiera a su reclamo conforme a las previsiones de la ley especial o del Código Civil (v. sent., pág. 5). En ese orden, tras juzgar acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil de la empresa empleadora (v. sent. págs.7/12), efectuó el cálculo del resarcimiento que de conformidad al derecho común obtendría el actor en concepto de daños material y moral (v. sent., págs. 14/18).
Interesa destacar -por ser objeto de impugnación- que, en esa faena, el juzgador tomó el salario que actualmente habría devengado bajo la categoría laboral que cumplía bajo la relación de dependencia con su empleadora (a saber: Estibador del CCT Agrarios Ley 22.248 Res. 16/2023)", por considerar al crédito como deuda de valor (v. sent., pág. 15). En la misma línea, señaló que a la suma que arrojaba el capital debía agregarse una tasa de interés del seis por ciento -6%- anual (v. sent., pág. cit.).
Luego, teniendo en cuenta el tope legal de las prestaciones sistémicas que juzgó aplicable al caso (conf. dec. 1.278/00), y su cotejo con el importe de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil, el sentenciante -como se dijo- declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39.
Una vez establecida la obligación y la suma por la cual debían responder la empleadora y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el tribunal -con fundamento en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Torrillo" (sent. del 31-III-2009)- juzgó que este última, también debía ser alcanzada por el régimen de responsabilidad civil (art. 1.074 C.C.), en virtud de los incumplimientos de sus deberes legales de prevención y control de los riesgos del trabajo, y su relación de causalidad con las enfermedades incapacitantes sufridas por el trabajador (v. sent. págs. 21/22).
II. Frente a lo así resuelto, lae aseguradora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2023), que fue concedido mediante la resolución de fecha 12 de julio de 2023.
II.1. Señala que el tribunal de grado, al momento de establecer el grado de incapacidad laboral que padece el actor, aplicó un baremo civil ajeno al previsto por la ley 24.557, apartándose del criterio sentado por la Corte nacional en el precedente "Ledesma" (sent. del 12-XI-2019; v. rec., págs. 7/11).
II.2. Asimismo, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, defendiendo su validez (v. rec., págs. 11/18).
II.3. Cuestiona la existencia de relación causal entre las tareas que realizaba el accionante y las patologías que sufre, por falta de pruebas (v. rec., págs. 19/21).
II.4. Por último, reprocha al sentenciante que valoró el daño del trabajador siguiendo pautas actualizadas. Postula su estimación conforme a la legislación vigente al momento del hecho (v. rec., págs. 21/22).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, es menester destacar que en el caso el valor de lo cuestionado -a tenor de los agravios traídos-, no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al sub judice .
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
III.2. Desde esa perspectiva de análisis, los cuestionamientos que trae la interesada con relación a la determinación de la relación causal entre las tareas que realizaba el actor y la incapacidad que padece, así como su grado y quantum indemnizatorio, remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del acotado ámbito de revisión por el que transita el presente recurso (causas L 117.748 "Castelluccio", sent. de 6-V-2015; L. 119.372, "Fortini"; sent. del 10-IV-2019; L. 128.676, "Romero", sent. de 24-II-2025).
Asimismo, cuadra recordar que la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia y los de la Corte nacional, se encuentran excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
Por lo demás, la mera cita de precedentes de esta Suprema Corte sin identificar correctamente la doctrina legal que de ellos emerge, ni explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación no abastece la carga de adecuada fundamentación establecida en el citado precepto ritual (causas L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023; e.o.).
III.3. Firmes las conclusiones del fallo sobre las dolencias que sufre el actor y su nexo causal con las labores que desempeñaba, y asimismo con los incumplimientos de la aseguradora respecto a sus obligaciones de prevención de los riesgos del trabajo, el agravio elaborado en torno a la descalificación constitucional del art. 39 de la ley 24.557 debe rechazarse, en atención a la ausencia de interés de la interesada para recurrir dicho aspecto del pronunciamiento, toda vez que la condena solidaria tiene como fundamento la responsabilidad civil atribuida -con sustento en el art. 1074 del Código velezano y no las previsiones del régimen especial de la ley indicada (causas L. 117.988, "Ferreyra", res. de 24-IX-2014; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
En este orden, no resulta atendible el cuestionamiento en el que no se advierte el interés del recurrente sobre el tema, ya que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010; L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013 y L. 118.773, "Fernández", ambas sents. de 12-IV-2017; L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:31:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:44:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:03:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:21:42 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:06:59 hs. bajo el número RR-2053-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia