Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios abordados en los puntos III.2 y III.4. por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3, debiéndose, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar -por mayoría- a la acción promovida por el señor Leonardo Fabian Castillo y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, por la incapacidad contraída a consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora (v. pronunciamiento de fecha 15-VIII-2024).
Para así decidir, en lo relevante, destacó que la primera manifestación invalidante se verificó durante la vigencia de la ley 27.348, por lo que procedió a calcular el importe del resarcimiento con ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 30-VIII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 5-XII-2025).
II.1. En primer término, sostiene que el tribunal de grado cuantificó las prestaciones dinerarias con ajuste a una normativa que no se encontraba vigente al momento de la primera manifestación invalidante denunciada por el actor. En tales condiciones, refiere que la aplicación retroactiva del decreto de necesidad y urgencia 669/19 transgrede su derecho de propiedad.
II.2. Por otra parte, se agravia del punto de partida de los intereses. Señala que en el específico supuesto de autos corresponde aplicar la tasa de interés puro del seis por ciento -6%- anual desde la fecha de la sentencia de grado, ya que al computarlos desde el momento de la primera manifestación invalidante el tribunal de trabajo generó un enriquecimiento sin causa a favor del actor.
II.2. Invoca transgredido además el principio de congruencia. Ello así, indica, porque el sentenciante determinó el importe indemnizatorio apartándose de lo peticionado por el promotor del pleito en su demanda, donde no hubo de solicitar la aplicación al caso de ley 27.348.
II.3. Por último, cuestiona la imposición de costas y los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente corresponde observar que -en la especie- contrariamente a lo manifestado por la interesada, el valor de lo cuestionado se encuentra representado por la diferencia entre el monto de condena de capital e intereses determinado en la sentencia que se ataca y el que habría de obtenerse conforme el criterio que ella propicia -suma que no ha sido cuantificada- incumpliendo de este modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, de la ley 15.057 para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023; L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023 y L. 133.087, "Vega", resol. de 23-V-2025).
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el recurso en el marco de la excepción contemplada en el citado art. 82. De allí, que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e.o.).
III.2. En ese contexto, y alterando por razones metodológicas el orden de tratamiento de los agravios, el relativo al supuesto quebrantamiento del principio de congruencia deviene inatendible, por hallarse excluido de revisión en el acotado marco de conocimiento que transita la impugnación (causas L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024).
III.3. Por otro lado, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, los cuestionamientos vinculados con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
III.4. Resta señalar, que en su lacónico reproche final que formula el recurrente, respecto de la imposición de costas y regulación de honorarios, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021, L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L. 133.776 "Avalos", resol. 15-IX-2025).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo habré de precisar que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- la decisión a la que aquí se arriba (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios abordados en los puntos III.2 y III.4. por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3, debiéndose, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:03:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 11:06:00 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:21:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:27:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:36:03 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:42:53 hs. bajo el número RR-2226-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia