Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131409
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.409, "López, Miguel Ángel contra Municipalidad De La Plata y otro/a. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida e impuso las costas del modo en que especificó (v. vered. y sent. de fecha 30-VI-2023).
Se interpusieron, por ambas codemandadas, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 31-VII-2023 y 2-VIII-2023), siendo únicamente concedido el deducido por Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. (v. resol. de fecha 10-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda entablada por el señor Miguel Ángel López contra la Municipalidad de La Plata y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que pretendía —con fundamento en las normas del derecho común— el pago de una indemnización por la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que contrajo en cumplimiento de las tareas prestadas para su empleadora (v. vered. y sent. de 30-VI-2023).
Para así decidir, en el fallo de los hechos, consideró no controvertido que el actor se desempeñó para el mencionado municipio cumpliendo labores como peón rural en el Centro Comunal Delegación de Altos de San Lorenzo, y en condición de obrero de servicios en el ámbito del Cementerio de la ciudad de La Plata.
Luego, tras evaluar las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, juzgó verificado el cumplimiento y modalidades de las tareas denunciadas por el reclamante en los distintos sectores en los que laboró (zanjeo con colocación de caños de desagüe, cava de sepulturas, limpieza de terrenos, etc.), como así también que tanto la empleadora como la aseguradora codemandadas no realizaron capacitaciones o controles médicos ni le entregaron elementos de seguridad al trabajador.
Seguidamente, con apoyo en la pericia médica y sus aclaraciones, estimó acreditado que el señor López presentaba una incapacidad parcial y permanente derivada de "lesiones columnarias" y por síndrome de túnel carpiano, la que —sumados los factores de ponderación— alcanzaba el 52,18% de la total obrera (v. vered., pág. 6).
A su vez, reputó no cuestionado el contrato de seguro celebrado entre la empleadora codemandada y Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. ni su vigencia al día 14 de marzo de 2017, fecha que el juzgador determinó como de "la primera manifestación invalidante" (v. vered., pág. 7).
Sostuvo, ya en la etapa de sentencia, que de los hechos acreditados en el veredicto no existían dudas respecto a que el demandante se enfermó por haber desarrollado una tarea que podía considerarse, en sí misma, provocadora de riesgos. Entendió que ese hecho hacía presumir la responsabilidad de quien se beneficiaba con ella, verificándose —a su vez— un nexo de causalidad adecuado entre la actividad laboral y las lesiones que sufrió el trabajador en su integridad física, en tanto si el empleador no lo hubiere destinado a trabajar en esas condiciones, el daño se habría evitado.
Sobre esas bases, tuvo por verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.749 y 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, en lo que resulta de interés, consideró civilmente responsable a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., toda vez que a partir de su conducta omisiva se verificó el adecuado nexo causal entre el menoscabo del reclamante y el incumplimiento de sus deberes legales.
Al respecto ponderó que el daño irrogado al dependiente por haber desempeñado las tareas en las modalidades referidas podría haberse evitado de haber mediado el debido amparo por parte de la aseguradora codemandada que no aportó pruebas de haber efectuado alguna recomendación o la realización de cursos de capacitación a tenor de la peligrosidad de tales labores y sus condiciones de ejecución.
Expresó que tampoco había logrado demostrar, en rigor, siquiera lo había intentado, que hubiera realizado visitas de inspección relativas a la seguridad e higiene o la eventual implementación de planes de mejoramiento del desarrollo de las tareas prestadas por los dependientes de la Municipalidad de La Plata en los distintos sectores en los que se desempeñó el aquí actor.
Agregó que no existía razón alguna para marginar a la aseguradora de riesgos del trabajo del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil y Comercial por los daños ocasionados a la persona de un trabajador derivados de una enfermedad laboral, cuando —como ocurría en el presente caso— se hallaban demostrados los presupuestos de aquella normativa, que incluyen el acto ilícito y la acreditación del nexo causal adecuado entre el daño sufrido y la omisión o el incumplimiento de los deberes legales a su cargo.
Puntualizó, en síntesis, que la compañía aseguradora no demostró haber controlado que el damnificado recibiera capacitación a los efectos de evitar contraer las graves afecciones en su salud ni haber fiscalizado el otorgamiento de los periódicos y oportunos controles médicos que debieron realizarse y que, de haberse efectuado, con grado de probabilidad cierta, hubieran evitado un daño como el que finalmente ocasionó en la salud del actor.
Por lo tanto, consideró que la aseguradora codemandada incurrió en omisión culposa, reputándola civilmente responsable por el daño causado.
Bajo tales conclusiones, cuantificó las sumas que determinó en concepto de indemnización por daño material y moral, tomando entre sus pautas el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia (art. 14 bis, Const. nac.), por considerar que resultaría injusto y contrario al principio de reparación plena calcular el resarcimiento con base en un salario completamente desfasado de la realidad, como sería en el caso, establecerlo con los parámetros vigentes a la fecha de la primera manifestación invalidante (año 2017), es decir, a seis años aproximadamente de la fecha actual (v. sent., págs. 15/16).
Finalmente, y toda vez que el importe indemnizatorio reconocido al actor se determinó a "valores actuales", el tribunal de origen aplicó intereses —desde la exigibilidad del crédito y hasta la fecha de la sentencia— a una tasa "pura" del 6% anual y, desde el pronunciamiento hasta el efectivo pago con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 7 y 768, Cód. Civ. y Com.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora codemandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653; 1, 12 y 31 de la ley 24.557; 4, 8 y 17 de la ley 26.773; 15 de la ley 27.348; 7 y 10 de la ley 23.928 y 17 del decreto 472/14; decreto 659/96; arts. 770 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de 31-VII-2023).
II.1. Con denuncia de absurdo, incongruencia y violación de los arts. 4 inc. 1 y 31 de la ley 24.557, objeta la atribución de responsabilidad a la aseguradora con fundamento en el derecho civil. Asegura que las declaraciones brindadas por los testigos no sustentan de ninguna forma la solidaridad declarada por el tribunal de grado.
Sostiene que "independientemente de que se hayan objetivado o no incumplimientos u omisiones respecto de seguridad e higiene", "debe analizarse si los mismos fueron los causantes del daño". Afirma que de haber alguna omisión de su parte "no pudo haber causado las enfermedades denunciadas" ni "constituir una de las causas o condiciones de su ocurrencia y por ello no genera responsabilidad por sus consecuencias dañosas en el marco del art. 1074 del C.C." (rec., pág. 6).
Señala que no parece congruente afirmar que si el actor hubiese recibido capacitación o indicación alguna de la aseguradora la exposición al daño hubiese podido ser evitada. Agrega —con apoyo en la jurisprudencia que cita— que en el caso no se verifican las condiciones para extenderle la condena.
II.2. Postula que, al establecer el ingreso base mensual, el tribunal se apartó de la normativa vigente, específicamente, del art. 12 de la ley 24.557, norma cuya inconstitucionalidad no fue planteada por el accionante ni tampoco declarada por el juzgador de origen.
Sostiene que esa circunstancia le causa un gravamen a su parte, porque implica que se abonen prestaciones más allá del límite por el que se obligara contractualmente.
Expone argumentos en defensa de la validez constitucional del régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Alega que se dejó de lado el ingreso base probado y mensurado en la pericia contable firme y consentida por las partes.
Refiere que la solución adoptada se aparta de lo dispuesto en la normativa vigente (art. 12, LRT) y transgrede además lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objetivo del a quo fue evidentemente el de mantener el poder adquisitivo de la moneda.
Aduce que haber tomado el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia implica la actualización de la deuda. Solicita se ordene al tribunal actuante la aplicación del art. 12 de la ley 24.557.
II.3. Finalmente, cuestiona la utilización de una tasa pura del 6% anual desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la sentencia. Asegura que esa forma de cálculo produce el anatocismo prohibido por la ley vigente. También, que la capitalización de intereses afecta su derecho de propiedad, atento la desmesurada consecuencia patrimonial que provoca.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad a Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. con sustento en las normas del Código Civil, no resultan atendibles.
III.1.a. Tiene dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. La crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
En efecto, las genéricas objeciones desplegadas por la quejosa carecen de un adecuado análisis centrado en las concretas circunstancias del caso.
En primer lugar, cabe advertir que pese a referirse a las declaraciones testimoniales brindadas en la causa, el agraviado no se encarga de explicar de qué modo se habría producido la errónea ponderación de dicho medio probatorio.
Luego, si bien censura la conclusión referida a la existencia del nexo causal entre el daño padecido por el trabajador y la conducta omisiva endilgada a la aseguradora, no se observa en su postulación una crítica idónea enfocada en el examen desplegado por el juzgador con arraigo en la índole de las afecciones del dependiente y de las obligaciones que, en consecuencia, destacó incumplidas por la aseguradora. Tampoco impugna la conclusión referida a que, de haberse observado tales imperativos, se hubiera evitado el menoscabo ocasionado en su salud con grado de probabilidad cierta; criterio que enmarcó en el propio precedente "Torrillo" invocado por el quejoso.
Es que, y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto de la solución adoptada, el embate se diluye en la exteriorización de su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas en el fallo, sin atender a las reales motivaciones que llevaron al juzgador a resolver este aspecto de la contienda (causas L. 121.689, "Olivares", sent. de 21-X-2020; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.518, "Vaccaroni", sent. de 12-V-2025).
Igual déficit se observa en la afirmación sobre una presunta violación del principio de congruencia.
Al respecto, más allá de su formulación, la impugnación en este aspecto debió contener un argumento orientado a evidenciar una absurda ponderación de los escritos constitutivos de la litis, carga ésta que no emerge cumplida y que define la suerte adversa de este tramo del embate (causas L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; L. 129.195, "R., E. H.", sent. de 20-XI-2024 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2. El agravio vinculado a la base salarial tenida en cuenta por el juzgador de origen como una de las variables a considerar en la ecuación que utilizó para mensurar la reparación correspondiente al actor en los términos del derecho civil, tampoco merece favorable recepción.
Es que, afirmada la postulación en el yerro que atribuye al sentenciante por no ajustarse en dicho cálculo al ingreso base mensual (IBM) previsto por la ley 24.557, se exhibe totalmente desencontrada del razonamiento que llevó al juzgador a establecer los términos de la condena en el marco del derecho común y, consecuentemente, a efectuar la estimación de la indemnización integral.
El interesado se aparta y deja sin réplica las motivaciones que definieron el contenido del pronunciamiento atacado, en tanto siquiera advierte que la indemnización fue abordada aplicando pautas del derecho común.
Cabe reparar que el propio tribunal de grado —a la luz de la interpretación realizada del escrito liminar del proceso— consideró que el reclamo efectuado en autos se enmarcaba en las normas del derecho civil, adjudicándole al actor haber ejercido una opción con plenos efectos sobre el evento dañoso, más allá de dejar a salvo su opinión respecto a la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (v. sent. págs., 12/13 y 24/25).
Cobra entonces virtualidad la doctrina de esta Corte que establece que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
En definitiva, los planteos que nutren el embate resultan inconducentes, pues lucen extraviados del marco en el que fue decidido el reclamo interpuesto, resultando innecesario ingresar al análisis de los restantes argumentos traídos en este tramo del recurso.
III.3. Siendo que, a esta altura, ha quedado firme lo decidido en torno a la fijación de la indemnización reconocida al actor según valores actuales, tampoco luce hábil el reproche efectuado con relación a los intereses fijados en la sentencia.
Cabe apuntar al respecto, que la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado al capital de condena se encuentra en sintonía con el contenido de la doctrina legal de esta Corte emanada —entre otras— de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), las que fueron expresamente citadas por el órgano y soslayadas por la recurrente en su crítica.
En tales precedentes se especificó que habiéndose determinado la indemnización por daños y perjuicios a valores actuales —tal lo que aconteció en el caso— debía emplearse para computar los intereses moratorios el denominado "interés puro" a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, el que se estableció en el 6% anual sobre el crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia impugnada y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.); concluyendo que, de allí en más, resultaba aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016; causa L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; e.o.).
Lo antes señalado es suficiente para desestimar esta parcela del recurso.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2025 15:05:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/09/2025 20:21:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:50:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2025 14:15:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 08:48:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/10/2025 09:15:07 hs. bajo el número RS-97-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia