Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por la señora Marina Roxana Rocha, por sí y en representación de sus hijos menores de edad L.G.T y V.A.T. En consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización originada por el fallecimiento del señor Guillermo Fernando Tolosa, quien en vida fue conviviente y padre respectivamente de los nombrados derechohabientes. Asimismo, dispuso que en caso de mora en el pago de la reparación se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 12 ley 27.554 texto según art. 1°, inc. 3 Dto. 669/19), hasta la efectiva cancelación( v. pronunciamiento de fecha 3-IV-2023).
Para así decidir juzgó acreditado que como consecuencia de la enfermedad profesional contraída (Covid 19) el señor Guillermo Fernando Tolosa falleció el 27 de agosto de 2020.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 20-4-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 8-V-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 1-III-2024).
En su presentación alega cuestión federal. Se agravia de que el a quo omitió aplicar lo dispuesto en la Resolución n° 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, impugna que el sentenciante utilizó el adicional previsto por el art. 11 de la ley 24.557, según Resol. 12/23, cuando debió emplear dicho adicional conforme monto vigente al momento del fallecimiento del causante.
III. Coincidiendo con la opinión del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023).
Siendo así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Asimismo, debe indicarse que la impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.976, "Vera", resol. de 22-XII-2023).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 130.197, "Quintana", resol. de 7-IX-2023).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente ni siquiera ha denunciado como vulnerada, respecto de los agravios que esgrime, doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022; L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.976, cit.).
III.4. También, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.976, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:39:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:54:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:37:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:38:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:49:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:06 hs. bajo el número RR-660-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia