Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128082
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó la demanda promovida por Verónica María Herrera contra el Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la que perseguía el cobro de indemnización por incapacidad laboral, imponiendo las costas a la actora vencida con el beneficio de gratuidad (v. vered. y sent. de 21-IX-2021 y 22-IX-2021, respectivamente). Luego, estimó los honorarios de los peritos intervinientes tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda (v. pronunciamiento de fecha 23-IX-2021).
II. Frente a lo así resuelto, y en lo que interesa, la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 13-X-2021), el que denegado por el a quo (v. proveído del 15-X-2021), fue concedido por esta Corte (v. resolución del de fecha 10-II-2022) al hacer lugar a la queja deducida (v. presentación del 27-X-2021).
En su medio de impugnación, el Fisco objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los auxiliares de la justicia, de cuyo pago -aduce- resulta deudor en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, y más allá de que las costas hubieran sido impuestas al actor.
En apoyo a su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904/77.
III. El recurso prospera.
III.1. De manera liminar, cabe destacar que el valor del litigio -como lo resolvió esta Corte al declarar procedente la queja deducida por el impugnante- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 20-X-2021).
III.2.a. Así las cosas, la impugnación resulta atendible con relación a la conformación de la base económica sobre la cual el juzgador reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
III.2.b. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por el impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y más recientemente en los precedentes L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020) y L. 127.241, "Rizzo" (resol. de 11-II-2022) resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967- queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine, si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2.c. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:03:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:50:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:35:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:57:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:10:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia