Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120499
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Soria , Pettigiani , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.499, "Agis, Cristina Isabel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 268/278).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 283/289 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por la señora Cristina Isabel Agis y condenó a Provincia ART S.A. y al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de diferencias adeudadas en concepto de indemnización por enfermedad laboral (v. fs. 268/278).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora padece disfonía crónica y que, con anterioridad al inicio de esas actuaciones por esa dolencia, la Comisión Médica que intervino le otorgó un 25% de incapacidad y la aseguradora le abonó la suma de $41.781,60 en concepto de reparación, considerando un ingreso base mensual de $2.086,05. Ello, señaló, sin perjuicio de que dicho ingreso (IBM) al mes de agosto de 2006, tomando todos los haberes percibidos por la actora, ascendía a la cantidad de $2.290,87 (v. fs. 268).
A su vez, tuvo por acreditado que la remuneración bruta de la trabajadora al mes de septiembre de 2012, esto es, el mes inmediato anterior al dictamen de incapacidad, alcanzaba el importe de $10.681,52 (v. fs. 268 vta.).
Ya en la sentencia, consideró que, sin perjuicio de que el art. 12 de la ley 24.557 alude a los haberes percibidos por la actora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, el extenso período que en el caso requirió la determinación de su incapacidad definitiva, denotaba una significativa diferencia salarial en los períodos considerados. Entendió así que la adopción literal de lo normado en dicho precepto se encontraba reñida con el principio de razonabilidad y el deber de reparar el daño injusto (arts. 19 y 28, Const. nac.; v. sent., fs. 271 vta.).
Agregó que debía tenerse en cuenta que este tipo de indemnizaciones deben valorizarse a la época en que debieron ser pagadas, momento a partir del cual se produce la mora del deudor y consecuentemente pueden aplicarse intereses. Así, con apoyo en los precedentes "Ascua" y "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideró que en autos la aplicación literal de lo dispuesto en el art. 12 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo conducía a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia de la trabajadora (v. fs. 271 vta. y 272).
Expresó entonces que -conforme las circunstancias verificadas en la presente- debía declararse la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557, por cuanto colisionaba con los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional y 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, sin que ello resultara una forma de actualización violatoria de lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, conforme art. 4 de la ley 25.561 (v. sent. fs. 272).
En consecuencia, estimó justo en el caso utilizar en el desarrollo de la fórmula indemnizatoria legal el valor de las remuneraciones brutas de la actora correspondientes al mes previo al dictamen de su incapacidad (septiembre de 2012), esto es, la suma de $10.681,52 con la correspondiente adaptación de la edad de la trabajadora a esa fecha -cuarenta y nueve años- de modo de mantener corregidos todos los valores de la ecuación empleada por el legislador (v. sent., fs. 272 y vta.).
Luego, y tras recordar los conceptos vertidos por la Corte federal en las causas "Pérez c/ Disco", "González c/ Polimat" y "Díaz c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.", ratificó su postura con relación a que debían incluirse la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo más allá de la denominación que se les hubiera asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización (v. sent., fs. 272 vta./273 vta.).
En tales condiciones, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral, parcial y permanente prevista en la ley 24.557 (v. sent. fs. 273 vta./275).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 283/289 vta.).
Objeta que el tribunal de origen declarara la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Aduce que lo agravian dos aspectos del fallo: 1) el utilizar, como hito temporal, la fecha del dictamen de incapacidad (aunque se contradice con la primera parte de su fundamentación puesto que primero postula la "fecha de pago" para realizar dicha liquidación), en lugar de la fecha de la primera manifestación invalidante o la de denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo y 2) el usar un solo salario bruto para la determinación del ingreso base mensual (v. fs. 284/285 vta.).
En lo relativo al primer aspecto, manifiesta que el criterio empleado por el tribunal de grado es erróneo y resulta absurdo pues desinterpretó el objeto del pleito que es el pago de una "diferencia de indemnización" y no el reclamo de un nuevo resarcimiento, cuyo resultado gravoso -expresa- es una actualización encubierta, prohibida por las leyes 25.561 y 23.928 (v. fs. 285 vta.).
Denuncia que -en tal sentido- la decisión vulnera el principio de congruencia y carece de una adecuada fundamentación al sostener la irrazonabilidad de la prestación dineraria primigenia y la supuesta necesidad de aplicar otro hito temporal posterior a la fecha de la primera manifestación invalidante a fin de recomponer o "actualizar" los montos reparatorios (v. fs. 286).
Añade que en el régimen contemplado en la ley 24.557 tres factores componen la ecuación empleada por el legislador: el porcentaje de incapacidad, el salario del trabajador y la edad a la fecha de los acontecimientos. En ese marco, no resulta ajustado a derecho utilizar en el desarrollo de la fórmula indemnizatoria legal el valor mensual del ingreso base calculado sobre un solo sueldo -y no su promedio como indica el precepto- a la fecha en que se le determina la incapacidad, adaptando de tal manera la edad de la trabajadora a esa fecha. Entiende que ello resulta manifiestamente irrazonable en relación con la reparación ya percibida, al corregir todos los valores de la ecuación (v. fs. 286 y vta.).
Señala también que las notas que definen a un rubro como remunerativo son la habitualidad, la regularidad y la permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del trabajador o a las circunstancias especiales del mismo (v. fs. 286 vta.).
En consecuencia, destaca que no debieron ser considerados a los efectos del cálculo de la indemnización los rubros no remunerativos que integran el salario de la trabajadora. Refiere que dichos conceptos fueron instituidos por normativas y decretos que no han sido cuestionados en la causa y que no son parte del salario porque no constituyen una contraprestación por el trabajo. Cita en su apoyo doctrina de este Tribunal (v. fs. 286 vta./288).
Aduce por fin, que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica (v. fs. 288 vta. y 289).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, además de destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios reiteradamente desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 119.534, "Castiñeira", sent. de 29-XI-2017 y L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tales términos, he de advertir inicialmente que -tal como se indica en el voto que inaugura el acuerdo- en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
II.1. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; Fallos: 311:2.478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho planteo habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
Luego, y si bien la interesada no se ocupa de rebatir las razones expresadas por el tribunal de grado para descalificar constitucionalmente al art. 12 de la ley 24.557, debo decir, como lo he hecho en otras oportunidades, que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
En ese contexto, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los sólidos argumentos expuestos por el tribunal de trabajo para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en relación al lapso de ponderación anual de los salarios, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante .
II.2. En otro orden, observo que el agravio dirigido a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente (ahora, en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
Esto es así porque más allá de la errada afirmación de la recurrente en cuanto a que el tribunal de origen habría invalidado constitucionalmente la norma a fin de incorporar conceptos no sujetos a cotización, la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho y de la interpretación y aplicación del derecho común (v. vered., fs. 268 y vta. y sent., fs. 272 vta./273 vta.), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
Luego, la exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 se impone nítida, toda vez que las doctrinas que la impugnante denuncia como transgredidas no guardan correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a que mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento, razón por la cual su invocación no luce idónea para justificar la denuncia de la violación de doctrina legal (causas L. 91.650, "Cobran", sent. de 22-X-2008; L. 94.478, "Bulacio", sent. de 18-XI-2008; L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010; L. 101.320, "Martínez", sent. de 15-XII-2010; L. 105.417, "García", sent. de 4-IV-2012; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012 y L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; e.o.).
Asimismo, estimo oportuno recordar a la recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; e.o.).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289 CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Pettigiani y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia