Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, de Lázzari, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.768, "Roldán, Olga Verónica contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 234/244).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 249/253 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo acreditado que, con fecha 20 de mayo de 2008, la señora Olga Verónica Roldán denunció que padecía una disfonía funcional irreversible ante Provincia ART S.A. y que, a raíz de ello, el día 8 de enero de 2014, la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad laboral permanente parcial que la invalida en un 20% del índice de la total obrera, percibiendo la actora la suma de $22.000 (v. vered., fs. 234).
En lo que resulta relevante, y con apoyo en los conceptos vertidos por la Corte nacional en las causas "Pérez c/ Disco"; "González c/ Polimat" y "Díaz c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.", resolvió que la determinación del ingreso base mensual debía incluir la totalidad de los conceptos abonados a la trabajadora más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuvieran o no sujetos a cotización (v. vered., fs. 234 y vta. y sent., fs. 238/239).
Asimismo, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto establece que la base salarial computable a los fines indemnizatorios debe ser conformada con los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (20 de mayo de 2008) -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la fecha en que la Comisión Médica dictaminó la incapacidad de la actora (8 de enero de 2014)-, dado que esa situación genera una diferencia económica notoria y por ende un resultado indemnizatorio irrazonable, que no representa la pérdida real de ganancia de la trabajadora. Entendió el a quo que la aplicación literal de la norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes -art. 28 de la Constitución nacional- y el deber de reparar el daño injusto -art. 19 de la Constitución citada- (v. sent., fs. 237/238).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a Provincia ART S.A. a abonar a la actora el importe de $119.559, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 240 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; 12, 14 apartado 2 inc. "a" y concordantes de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales y de la doctrina legal que cita.
En concreto, aunque equivocando los alcances con que fue declarada la inconstitucionalidad de la norma, controvierte lo resuelto en torno al art. 12 de la ley 24.557 por dos órdenes de motivos: a) la declaración de inconstitucionalidad del precepto, toda vez que -en su opinión- el tribunal fundó su postura en el mero transcurso del tiempo entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la determinación de la incapacidad definitiva por parte de la Comisión Médica, sin tener en cuenta que durante ese período la trabajadora recibió las prestaciones correspondientes a la incapacidad laboral temporaria; con ese proceder -aduce- el a quo infringió los arts. 7 y 10 de la ley 23.928; y b) el modo como se determinó el "salario base" considerando la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por la actora y no como lo establece la ley computando los ingresos sujetos a aportes y contribuciones.
Expresa que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Sostiene que pretender calcular un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, coloca a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Afirma que si se tiene en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, lo lógico es cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en que se fue produciendo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Para empezar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC –conf. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.538, "Alice", sent. de 27-XII-2017; L. 119.454, "Solari", sent. de 16-V-2018; L. 119.534, "Castiñeira", sent. de 29-XI-2017 y L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
I.2. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
En la especie, tal como se destaca en el sufragio inaugural, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
I.2.a. Sin embargo, el agravio que porta el remedio extraordinario deducido, dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período que corresponde considerar para calcular el ingreso base mensual, involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 , in re "Strada"; Fallos: 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo recursivo, puesta de manifiesto en los precedentes citados en el punto III.2. del voto que abre el acuerdo.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no contemplar una metodología de cálculo que se ajuste a parámetros que permitan arribar a un resultado razonable, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
Por ello el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado en este aspecto.
I.2.b. En otro orden, observo que el agravio dirigido a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el a quo estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente (ahora en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
Esto es así porque más allá de la errada afirmación de la recurrente en cuanto a que el tribunal de origen habría invalidado constitucionalmente la norma a fin de incorporar conceptos no sujetos a cotización, la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho y de la interpretación y aplicación del derecho común (v. vered., fs. 234 y vta. y sent., fs. 238/239), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En el caso, advierto que la impugnante no ha denunciado la violación de doctrina legal alguna que habilite la revisión del pronunciamiento de origen por conducto de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que no es atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley destinado a ser examinado en el marco del supuesto de excepción previsto en la mencionada norma adjetiva, si el recurrente omite vincular la crítica que formula con la cita de doctrina legal (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011 y L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012).
Asimismo, estimo oportuno recordar a la recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; e.o.).
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia