Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.593, "Boiero, Olga Beatriz contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador autoasegurado). Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 195/200).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 205/208 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por la señora Olga Beatriz Boiero contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, condenó a ésta -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, declaró demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 17,75% del índice de la total obrera (v. fs. 195). También, que el día 6 de febrero de 2013 percibió la suma de $49.338,21 "en concepto de prestación dineraria" (fs. 195 vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que el valor mensual de su ingreso base, al momento en que le fue abonado dicho resarcimiento, ascendía a $5.684,21 (v. fs. cit.)
En la sentencia declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por juzgar que, en el caso, la aplicación literal de dicha norma -en cuanto incluye para el cálculo del ingreso base mensual únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba "reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28 Constitución Nacional) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19 de la Constitución Nacional)", atento a la importante diferencia económica resultante de computar el ingreso base de la actora a la fecha de la primera manifestación invalidante ($3.711,54), y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($5.684,21; v. fs. 197 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 incs. 12 y 22, y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, la fecha del pago de la prestación dineraria en sede administrativa (v. fs. 207).
Señala que esa decisión afecta el principio de seguridad jurídica y las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso (v. fs. 207 vta.).
Explica que "al resultar la fecha de la ‘primera manifestación invalidante’, el punto de partida de todo el esquema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en modo alguno resulta irrazonable, como equívocamente concluye el juzgador, que para la determinación del ingreso mensual base se computen los doce meses anteriores a aquella fecha" (fs. 208).
Añade que los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que citó el sentenciante como fundamento del fallo impugnado fueron elaborados sobre presupuestos diversos, vinculados a la validez constitucional de los topes indemnizatorios (v. fs. cit.).
Por último, indica que la decisión cuestionada vulnera el art. 7 de la ley 23.928 y la doctrina legal sentada en el precedente B. 49.193 bis, "Fabiano" (sent. de 2-X-2002), respecto a su validez constitucional y a la prohibición de toda forma de actualización o indexación de deudas (v. fs. cit.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Sobre el tópico, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en el citado precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Aclarado ello, es menester destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3840/17)-, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine- de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a verificar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.3. Empero, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación, destinado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, involucra el análisis de una cuestión federal.
III.3.a. Al respecto, ha declarado esta Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada" y 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.b. En tales condiciones, es dable señalar que la impugnación bajo examen no resulta atendible.
III.3.b.i. Como fuera señalado, el órgano judicial de grado juzgó que, en el caso, la aplicación literal del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -en cuanto incluye para el cálculo del valor mensual del ingreso base únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba "reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28 Constitución Nacional) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19 de la Constitución Nacional)", atento a la importante diferencia económica resultante de calcular el ingreso base de la actora teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante ($3.711,54), y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($5.684,21; v. fs. 197 vta.).
En ese orden, sostuvo que "las indemnizaciones de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagadas, época a partir de la cual se produce la mora del deudor y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses" (fs. 197 vta. y 198).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en la mentada norma conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancia de la trabajadora (v. fs. 198).
A partir de esas motivaciones, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo por resultar -en este caso particular y conforme las circunstancias reseñadas- contrario a lo dispuesto en los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional y 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (v. fs. cit.).
III.3.b.ii. Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011).
Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Sin embargo, no encuentro que los escasos motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
I.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia