Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.686, "Gutiérrez, Silvia Beatriz contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 306/312).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 319/323).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Silvia Beatriz Gutiérrez y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, juzgó demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- padece disfonía funcional irreversible, que le genera una incapacidad del 21,5% del índice de la total obrera y que, por tal motivo, percibió por parte de la aseguradora demandada -en concepto de prestación dineraria- la suma de $102.436,09 ($38.700, abonados el día 24 de enero de 2013 y $63.736,09, el día 19 de febrero de 2013; v. vered., fs. 306 y vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que el valor mensual de su ingreso base -considerando la totalidad de los haberes brutos que integraban las liquidaciones cuando recibió ese importe- ascendió a $12.565,73 (v. vered., fs. 306 vta.).
Ya en la sentencia, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por juzgar que, en el caso, la aplicación literal de dicha norma -en cuanto incluye para el cálculo respectivo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28, Const. nac.) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19, Const. cit.), atento a la importante diferencia económica resultante de computar el ingreso base de la accionante teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante ($6.638,45) y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($12.565,73). Sostuvo que los resarcimientos de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagados, esto es, cuando se produce la mora del deudor y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. sent., fs. 308 y vta.).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en la mentada norma conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancias de la trabajadora (v. fs. cit.).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a Provincia ART S.A. a abonar a la actora el importe de $80.055,09, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 309).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; 12 apartado 1, 14 apartado 2 inc. "a" y concordantes de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22, 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales y de la doctrina legal que cita.
En concreto, se agravia de que el tribunal de origen declarara la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y utilizara para calcular el ingreso base mensual "la remuneración vigente a la fecha de pago de la prestación dineraria", vulnerando así su derecho de propiedad y la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (modif. por art. 4, ley 25.561).
Sostiene que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado de dicha normativa fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Expresa que pretender calcular un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez coloca a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Afirma que, si se tiene en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, lo lógico es cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en el que el mismo se fue produciendo (v. fs. 321 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC; cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tales términos, debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo que -por conducto de la herramienta contemplada en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- pone de manifiesto el colega ponente.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por el recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en relación al cálculo del denominado ingreso base "en orden al período considerado para su cálculo" (fs. 222 vta.), ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por el impugnante.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia