Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120782
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Soria, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.782, "Ramírez, Lourdes Amanda contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 297/309 vta.).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 321/324).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas como docente -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires-, la señora Lourdes Amanda Ramírez padece disfonía funcional irreversible, que le provoca una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 20,5% del índice de la total obrera.
Asimismo, que Provincia ART S.A. -en su carácter de administradora del autoseguro provincial- el día 11 de diciembre de 2013 le abonó a la accionante la suma total de $36.900, en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. vered., fs. 297 vta. y 298).
Luego, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, peticionada por la actora, en cuanto dicho precepto dispone -a fin de determinar el módulo salarial para establecer las prestaciones dinerarias- que sólo deben tomarse "las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones". Para así decidir, adujo que el valor mensual del ingreso base no debe tener otro objetivo que no sea que el trabajador afectado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social.
Destacó que no es un dato menor, a su criterio, que el art. 6 del decreto 1.694/09 hubiera saneado esta injusticia remitiéndose al art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por ello, concluyó que -en el caso- existían motivos suficientes que lo llevaban a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 de la citada ley no conducía a un resultado razonable (v. sent., fs. 303 y vta.). Entendió así que el dispositivo legal impugnado colisionaba con los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en los arts. 39 apartado 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional de la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- y con la normativa del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
Consideró además que, para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante (mayo de 2007) y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (noviembre de 2013), correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y -en su caso-, determinar las diferencias. Toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de mayo de 2007 (209,18) y noviembre de 2013 (990,63) arrojaba un coeficiente de 4,735, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $3.281,12- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $15.536,10 ($3.281,12 x 4,735).
Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $322.576,27 -53 x $15.536,10 x 20,5% x 1,911(65/34)-.
Señaló que ese monto superaba el límite cuantitativo establecido en el último párrafo del citado precepto (texto según dec. 1.278/00; $180.000 x 20,5%= $36.900). Ante ello, por las razones que expuso (v. sent., fs. 306 vta./307 vta.), declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio allí previsto y condenó a la demandada al pago de $285.676,27, resultante de deducir la suma ya percibida por la trabajadora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que individualiza (v. rec., fs. 321/324.).
En esencia, cuestiona el método empleado por el tribunal de grado para determinar la indemnización sistémica.
Inicialmente, afirma que al aplicar sobre el ingreso base de la trabajadora el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el a quo recurrió a un mecanismo de actualización encubierto, vulnerando la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 y la ley 25.561; así como la doctrina dictada sobre la materia por este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 321 vta.).
En otro orden, entiende que la forma de resolver importa -en definitiva- la aplicación retroactiva de la ley 26.773. Señala que el tribunal de origen declaró expresamente inaplicable al caso la citada ley, para luego -en franca contradicción con sus propios argumentos- utilizarla para calcular el ingreso base mensual, importando ello -a su criterio- una verdadera repotenciación de deuda. Indica que este aspecto del pronunciamiento vulnera la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. Cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría que integré- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (cfr. dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.a. Luego, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de ésta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.810, "L., M.A.", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
III.2.b. Desplegado el examen conforme los lineamientos antes enunciados, cabe reconocer que le asiste razón al recurrente en cuanto señala que la aplicación -al caso- del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 para el cálculo del ingreso base de la trabajadora, contraría la doctrina legal de esta Corte vigente a la fecha de emisión de dicho pronunciamiento, y aún en la actualidad.
En efecto -como bien lo pone de resalto el interesado- esta Corte en la citada causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (el día 8 de mayo de 2007), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que dicho dispositivo no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso actualizar, con apoyo en ella, el importe del ingreso base previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Lo hasta aquí expresado es suficiente para definir el progreso del medio de impugnación deducido, no resultando necesario abordar los restantes planteos desarrollados por el interesado.
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad al caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2.a. y III.2.b. de su voto, este último con las siguientes consideraciones.
I.1.a. He de recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.1.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con el alcance establecido en el punto IV del sufragio inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3 de diciembre de 2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II.1. Dejando a salvo lo anterior, comparto lo expresado por mi colega doctor Genoud en el punto III.2.a. de su voto, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
II.2. En este acotado marco, debo decir que la doctrina que surge de la causa B. 49.193, "Fabiano", resolución de 2-X-2002, no resulta idónea a los fines pretendidos por el recurrente toda vez que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los del caso en juzgamiento, correspondiendo, en consecuencia, rechazar el agravio formulado a su respecto.
II.3.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, cuya aplicación solicitó la parte actora en su informe al art. 32 de la ley 11.653 (v. fs. 288/294 vta.) he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
Sin embargo, en mi criterio, la decisión de grado debe ser confirmada por las consideraciones que a continuación habré de precisar.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial reguladas por la ley 24.557, aun con la previa declaración de inconstitucionalidad del tope legal previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" (t.o. dec. 1.278/00), importan una insuficiencia reparatoria que las torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones satisfechas sólo parcialmente en diciembre de 2013, es decir, más de seis años después de ocurrida la primera manifestación invalidante y más de trece años después de que el decreto 1.278/00 dispusiera mejorarlas, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible " , por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, esa insuficiencia reparatoria fue nuevamente reconocida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la señora Ramírez ocurrió -conforme fuera expuesto en el veredicto; v. fs. 297 vta.- el día 8 de mayo del año 2007 y que a más de once años todavía permanece en parte insatisfecho su derecho a una reparación razonable, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000 por
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