Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MOLINA STELLA MARIS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ENFERMEDAD PROFESIONAL.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda incoada por Stella Maris Molina contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en procura de la reparación en los términos de la ley 24.557 y por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común por la enfermedad profesional padecida. Asimismo, impuso las costas a la actora vencida, con el beneficio consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 235/240).
Para así decidir, consideró no acreditado que la trabajadora posea secuelas incapacitantes derivadas de la dolencia sufrida. También, juzgó no probados los presupuestos para la viabilidad de la acción civil, en sus distintas vertientes objetiva y subjetiva.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 243/247 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 248.
En su presentación invoca absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas. Controvierte lo decidido por el sentenciante de mérito, en cuanto no tuvo por demostrados los postulados fundantes de la demanda.
Se agravia por la desestimación por parte del órgano de grado de la pretensión vinculada a la incapacidad proveniente de la patología sufrida por la accionante, formulando diversas argumentaciones en torno a la pericia médica.
Por otra parte, entiende que la labor desarrollada por la trabajadora se considera una tarea riesgosa en sí misma, y que la demandada no logró probar la realización de vacunaciones ni de cursos de capacitación para prevenir enfermedades de trabajo. Agrega, que en su decisión tampoco contempló el daño moral reclamado.
Por último, objeta la imposición de las costas a su cargo.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio -en especial la pericia médica (causas L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 118.540, "Smaldore", resol. de 8-IV-2015)-, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 118.394, "Salvatierra", resol. de 19-II-2015; L. 103.787, "Gonzalo", sent. de 13-V-2015 y L. 119.633, "Ríos", resol. de 8-III-2017).
Asimismo, esta Corte también tiene dicho que determinar si se configuraron o no los presupuestos de responsabilidad que eventualmente tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del Código Civil, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y se demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 107.246, "A., P.", sent. de 5-IX-2012; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII-2013; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
III.1.a. Si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En el caso, el sentenciante de grado juzgó, sobre la base del informe pericial médico, que de la tuberculosis pulmonar padecida por la trabajadora no han quedado secuelas funcionales ventilatorias incapacitantes actuales, puntualizando a la vez, que dicha enfermedad no fue contraída en la dependencia donde prestaba servicios como enfermera de guardia, ni como consecuencia de tener contacto directo con algún paciente infectado, tampoco que se produjera por incumplimientos de la empleadora a las normas de higiene y seguridad del trabajo (v. fs. 235 vta./236).
III.1.b. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la recurrente, en tanto sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas aportadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del mentado vicio (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 120.577, "Rasmussen", resol. de 20-IX-2017). En ese marco conceptual, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, pues la apelante sólo exhibe su disconformidad con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar las principales motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento.
Por lo demás, soslaya la interesada que la arbitrariedad -que denuncia- sólo queda configurada si media cabal acreditación de su existencia, y no basta con invocarla, sino que es menester demostrarla acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 62.318, "Saavedra", sent. de 28-IV-1998 y L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009).
III.1.c. En particular, corresponde memorar que en la tarea de valoración de la pericia médica, los magistrados de grado ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 93.232, "P., E.P.", sent. de 28-X-2009; L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
Del mismo modo, recuérdese que la apreciación, jerarquización y selección de las pruebas aportadas a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
III.1.d. Siendo ello así, se advierte que la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una simple discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la existencia de un supuesto de transgresión de normas legales, ni que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 120.498, "Cladis", resol. de 14-VI-2017).
III.2. Por último, el cuestionamiento relativo a las costas no es atendible, puesto que, como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, de revisión ante esta instancia extraordinaria; a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 115.242, "Bermani", sent. de 7-IX-2011; L. 111.264, "Rinaldi", sent de 16-VII-2014 y L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015), lo que no se verifica en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°78
mlp
Fin de la sentencia