Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120629
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Negri , Soria , de Lázzari , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.629, "Suglia, María Rosa contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador autoasegurado). Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 187/197 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/234 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora María Rosa Suglia y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó demostrado que la actora, quien padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 17% del índice de la total obrera (v. fs. 187 vta.), percibió de Provincia ART S.A., en fecha 31 de julio de 2013, la suma de $34.986,93 en concepto de prestación dineraria de pago único (v. fs. 187 vta. in fine y 188).
A su vez, tuvo por acreditado que dicha aseguradora efectuó la liquidación a partir de un ingreso base de $2.090,91, y que considerando los rubros denominados "no remunerativos" hubiera alcanzado la suma de $2.439,83 (v. últ. fs. cit.).
Por otro lado, valoró que en el mes de abril de 2009, la trabajadora percibió una remuneración de $2.326,78, suma que, a la fecha de pago, se incrementó a $5.418,48 (última informada).
En sentencia, y en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto excluye, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, los rubros de carácter "no remunerativos" (v. sent., fs. 192/193 vta.).
Con apoyatura en las distintas opiniones doctrinarias, el tribunal de grado declaró que dicho dispositivo, en cuanto dispone -a fin de determinar el módulo salarial a tener en cuenta para establecer las prestaciones dinerarias- que sólo deben considerarse "...las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", no conduce a un resultado razonable.
Ello así, remarcó, porque el valor del ingreso base no debe tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar a una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social.
Asimismo, señaló -aunque refiriéndose a los denominados salarios por incapacidad laboral temporaria- que perciben los trabajadores de la aseguradora de riesgos del trabajo mientras perdura la imposibilidad de prestar tareas (para los que se utilizan iguales parámetros a los fines de su cálculo), que carece de justificativo válido sostener que durante ese lapso el dependiente se vea afectado por un déficit en su "ingreso de bolsillo", que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le es -en absoluto- imputable, y que la norma asigna a la responsabilidad del empleador.
Advirtió que no constituía un dato menor el hecho de que esta flagrante injusticia hubiera sido saneada a través de la norma contenida en el art. 6 del decreto 1.694/09, remitiendo al mecanismo previsto en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en ese orden de ideas, expuso que el procedimiento establecido en el régimen especial de la ley 24.557 presenta un déficit que se traduce en una situación de irrazonabilidad, y da lugar a una paradoja inaceptable, que consiste en que si el trabajador se ve impedido de prestar servicios merced a un accidente no laboral -inculpable-, el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 208) le garantiza percibir -durante todo el tiempo de licencia paga que le corresponda- la remuneración que ganaría de estar trabajando, mientras que si su impedimento es de origen laboral, es decir, proveniente de accidente o enfermedad profesional, la ley 24.557 lo castiga adicionalmente con el sistema previsto (v. sent., fs. 192 vta . in fine y 193).
Finalmente, explicó que en el específico supuesto de autos queda acreditada una desproporción manifiesta entre el valor mensual del ingreso base establecido por la aseguradora de riesgos del trabajo para liquidar en sede administrativa la prestación indemnizatoria, respecto del que hubiera correspondido si se considerasen -para su cálculo- la totalidad de los haberes percibidos habitualmente por Suglia como contraprestación por su desempeño laboral (v. sent., fs. 193 in fine y vta.).
Sobre la base de estas premisas, concluyó que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con las garantías previstas por los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional; así como con los principios de integralidad y progresividad contemplados en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"- y con la normativa del Convenio n° 95 de la Organización Internacional del Trabajo, y justifica su declaración de inconstitucionalidad (v. sent., fs. 193 vta.).
Asimismo , juzgó que resultaba una injusticia inaceptable, en tanto afectaba de modo notorio el derecho de propiedad de la trabajadora, que habiendo la comisión médica determinado la incapacidad más de tres años después de denunciada la dolencia, el cálculo del resarcimiento se efectuara considerando un ingreso base mensual obtenido en función de los salarios nominales percibidos por la actora durante el año inmediato anterior a la primera manifestación invalidante. En virtud de ello, entendió justo y equitativo utilizar algún mecanismo correctivo para proteger el crédito de la trabajadora y, en procura de ello, consideró adecuado aplicar, sobre el ingreso base mensual, el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (v. sent., fs. 193 vta. y 194).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de abril de 2010 (377,78) y junio de 2013 (912,82) arrojaba un coeficiente de 2,416, correspondía recomponer el valor mensual del ingreso base de $2.439,83 (resultante de incorporar los salarios sujetos a aportes previsionales y los rubros no remunerativos), estableciéndolo en la suma de $5.894,62 (v. sent., fs. 195).
Cuantificó la prestación dineraria que le hubiera correspondido percibir a la promotora del pleito al momento de determinarse su incapacidad en la suma de $98.626,25, ello en virtud de aplicar la fórmula polinómica del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (53 x $5.894,62 x 1,857 -65/35- x 17%); importe que -señaló- superaba el límite cuantitativo establecido por aplicación del art. 3 del decreto 1.694/09 ($30.600; v. fs. 195 vta.).
Sobre la base de tales premisas, declaró procedente la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, condenando al Fisco provincial -en su condición de empleador autoasegurado- a abonar a Suglia la suma de $63.639,32 -resultante de detraer lo percibido en sede administrativa ($34.986,93) al importe de $98.626,25 que le hubiera correspondido cobrar de acuerdo al criterio expuesto en el pronunciamiento- (v. sent., últ. fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, estructurado en dos agravios:
II.1. Objeta, en primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
En lo esencial, controvierte que el tribunal de grado haya incluido, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario de la actora.
Aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos como consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Señala que las notas que definen a un rubro como remunerativo son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del dependiente o a las circunstancias especiales del mismo, sino por los trabajos que realice.
Alega que los conceptos "incentivo docente", "bonificación no remunerativa docente" o "bonificación docente sin aportes", no debieron ser incluidos para el cálculo del ingreso base mensual, toda vez que todos ellos fueron instituidos por normativas y decretos que no fueron oportunamente cuestionadas por la actora. Asimismo, se opone al carácter remuneratorio de cada uno de ellos citando doctrina de esta Corte en apoyo de su postura.
Finalmente, sostiene que la sentencia incurre en absurdo, toda vez que la norma deviene válida, vigente y aplicable al caso.
II.2. También se agravia de la definición de grado que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida en la sentencia.
En ese orden, manifiesta que se ha revalorizado el ingreso base mensual al que hace alusión el art. 12 de la ley 24.557 por conducto de aplicar una normativa -ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la trabajadora, transgrediéndose así no sólo el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el art. 3 del Código Civil (art. 7, conf. ley 26.994, B.O., 8-X-2014), sino además su derecho constitucional de propiedad.
Afirma que la decisión del sentenciante contrasta con las disposiciones contenidas en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, en cuanto establece el ámbito temporal de aplicación de dicha normativa, prescribiendo que regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012), por lo que el fallo atacado afectó un "derecho adquirido".
Agrega que también es equívoca la conclusión de aplicar el índice RIPTE sobre el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, pues de conformidad con lo establecido por el decreto 472/14 sólo corresponde actualizar las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos fijados por el decreto 1.694/09.
En el epílogo de la crítica denuncia que el pronunciamiento de origen se apartó de las directrices que esta Suprema Corte hubo de plasmar en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe en primer término señalar que el recurso ha sido bien concedido, pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, criterio que ha sido reiterado en las causas L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015 y L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el agravio concerniente a la invalidez del art. 12 de la ley 24.557 debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
III.3. En cambio, debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación, al caso, del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 a fin de calcular el ingreso base mensual.
III.3.a. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -cuya doctrina la impugnante denuncia transgredida (v. rec., fs. 233 vta.)- se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Con sujeción a tales directrices, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que el art. 17 apartado 6 de dicho texto legal no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.3.b. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, no corresponde abordar la impugnación sustentada en la interpretación y alcances que la interesada le adjudica a la norma del art. 17 del decreto 472/14 (v. rec., fs. 231/232 vta.). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 33.256, "Bottaro", sent. de 25-II-1986; Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996 y C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014).
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tales términos, debo decir que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo que -por conducto de la herramienta contemplada en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria- pone de manifiesto el colega que me precede en la votación al citar los precedentes mencionados en el punto III.2. de su voto.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en relación al cálculo del denominado ingreso base y los importes que lo integran, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
III.1. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (cuya doctrina denuncia vulnerada la compareciente; v. rec. fs. 233 vta.), en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
III.2. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza para acoger la totalidad de su planteo, pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada, aunque por distintos fundamentos y con el alcance
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.