Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121127
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.127, "Galarze, María Magdalena contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 169/181 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 186/191 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió la acción deducida por María Magdalena Galarze y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de diferencias derivadas de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 169/181 vta.).
En lo que interesa, juzgó acreditado que la accionante padece disfonía funcional irreversible; que la primera manifestación invalidante se produjo el día 11 de mayo de 2011; que en razón de esa dolencia la Comisión Médica que intervino le reconoció una incapacidad parcial permanente y definitiva del 19,75% del índice de la total obrera, y que se le abonó la suma de $35.550 en concepto de reparación (v. vered., fs. 169/171).
Con el objeto de establecer el salario computable para el cálculo de la reparación contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo, con fundamento en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y diversos precedentes jurisprudenciales que citó, estableció que los rubros "incentivo docente", "bonificación no remunerativa docente" y "bonificación docente sin aportes" percibidos por la actora con normalidad y habitualidad revestían carácter salarial y debían ser incluidos en la base de cálculo de la indemnización. Añadió que, de entenderse que el art. 12 de la ley 24.557 excluye rubros que aun revistiendo carácter remunerativo no tributaron aportes, al ser encubiertos bajo un ropaje no salarial, su inconstitucionalidad sería manifiesta desde que parte de la capacidad de ganancia perdida con el infortunio no sería restablecida en su totalidad (v. sent., fs. 174/176).
Desde otroángulo, dio respuesta positiva al planteo formulado por la actora en cuanto había peticionado que se computara el salario devengado al momento en que cobró la prestación.
En ese sentido señaló que, si entre la fecha en la cual se produjo la primera manifestación invalidante y la del pago de la prestación existió una evolución salarial considerable, no era justo ni razonable que la tarifa se calcule con un salario depreciado. Puso de resalto, además, que la obligación de pagar una indemnización por accidente de trabajo es una deuda de valor que debe ser debidamente cuantificada a la fecha del pago. Agregó que la definición del art. 12 de la ley 24.557 se tornó sobrevinientemente inconstitucional e injusta al haberse modificado radicalmente las circunstancias socioeconómicas tenidas en cuenta al momento de su dictado. Con apoyo en doctrina autoral y en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que no podía considerarse constitucionalmente válida la referida norma (v. fs. 177/178).
A partir de lo señalado, y considerando que existía una diferencia notable entre la cifra que surgía de aplicar el piso indemnizatorio establecido en el decreto 1.694/09 (contemplado por la demandada al momento de abonar parte de la prestación), y el importe resultante de computar el salario que efectivamente devengaba en esa fecha ($13.658,13), declaró inconstitucional, en el caso, el citado art. 12 en cuanto ordena calcular el resarcimiento por incapacidad definitiva con arreglo a aquel guarismo (v. fs. cit.).
En consecuencia, determinó la prestación según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo en $175.336,24 y condenó a la demandada al pago de $139.786,24 (resultante de deducir la suma de $35.550 -ya percibida por la trabajadora- al primero de los importes indicados).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 186/191 vta.).
Se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y calculó el ingreso base mensual considerando las remuneraciones percibidas por la actora a la fecha en que la prestación fue pagada e incluyó, además, conceptos no sujetos a aportes.
Aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica (v. fs. 188).
II.1. Concretamente, respecto del período computable para el cálculo del ingreso base mensual, manifiesta que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el tiempo al que se alude en el fallo, la trabajadora recibió prestaciones en especie y era necesario para evaluar la remisión o no de la dolencia; afirma así, que la definición luce dogmática pues se desentiende de las concretas circunstancias de la causa. Añade, en ese sentido, que el fundamento de la inconstitucionalidad de una norma no puede ser confrontado en función de una mera conveniencia económica (v. fs. 189).
Alega, además, que la decisión impugnada establece, en definitiva, la aplicación de un mecanismo de actualización encubierto vedado legalmente (v. fs. 189 vta.).
II.2. Desde otroángulo, objeta que el a quo incluyera componentes no remunerativos para calcular el ingreso base mensual.
Señala que las notas que definen a un rubro como remunerativo son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del trabajador o a las circunstancias especiales del mismo. En consecuencia, destaca que no debieron ser considerados a los efectos del cálculo de la indemnización los rubros no remunerativos que integran el salario de la trabajadora (v. fs. 189 vta.).
Alega que, en el caso, la accionante percibió una remuneración en consonancia con la normativa laboral vigente, y que, por ello, no existe infracción a norma constitucional alguna, toda vez que ésta tuvo y tiene acceso a una "remuneración justa" (fs. 190 vta.).
Por lo expuesto, afirma que, a su juicio, el sentenciante de grado incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. 191).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Sentado ello, sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), corresponde señalar que los cuestionamientos traídos dirigidos a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) que el tribunal de origen efectuó a los fines de cuantificar la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial, debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume este aspecto del pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II.2. Sentado ello, se impone señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
II.3.a. Ahora bien, el reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de cuestiones de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifican la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.3.b. Establecido ello, advierto que la impugnación orientada a desactivar la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 no merece respuesta favorable.
He dicho en otras oportunidades que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes puesta de manifiesto en los precedentes citados por el colega que abre el Acuerdo no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el caso en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Sin perjuicio de ello, no encuentro que los motivos esgrimidos en el recurso conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 reseñados en el punto I del voto que abre el acuerdo, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante, por lo que esa decisión debe ser confirmada.
II.4. En otro orden, observo que la impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial permanente (ahora en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
Esto es así porque la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de la interpretación y aplicación del derecho común (v. sent., fs. 174/176), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En consecuencia, debiendo -entonces- resolverse la cuestión en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida, toda vez que las doctrinas que se invocan en el medio de impugnación, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el sub lite (causas L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-IX-2012; L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013 y L. 105.865, "Maidana", sent. de 15-V-2013).
III. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia