Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
OLIVIERI PATRICIA LIDIA C/ GOBIERNO DE LA PROV. DE BS.AS.(EMPLEADOR AUTOASEGURADO) Y OTRO/A S/ENFERMEDAD PROFESIONAL.
La Plata, 13 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción incoada por Patricia Lidia Olivieri y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad parcial permanente derivada de enfermedad profesional (v. fs. 239/249 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, consideró que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto refiere a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, por juzgar que en el caso la aplicación literal de dicha norma no resarcía de manera íntegra la pérdida de ingresos o capacidad de ganancia de la accionante, en tanto la diferencia con considerar la fecha en que la indemnización fue pagada era notoria e importante.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 259/263), el que fue concedido por el a quo a fs. 265 y vta.
En su presentación denuncia las normas y la doctrina legal que entiende vulneradas.
En lo sustancial, se agravia de la decisión del juzgador de origen de declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y considerar, para calcular el valor mensual del ingreso base, la remuneración devengada por la accionante a la fecha del pago de las prestaciones dinerarias en la instancia administrativa.
Argumenta que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las normas que reglamentan su ejercicio, y que si existe una limitación con relación al modo de arribarse al monto indemnizatorio es producto de la labor legislativa, en cumplimiento de su función reglamentaria.
Afirma que la voluntad del legislador no ha sido otra que fijar un punto límite concreto y definido, y que la alteración de tal circunstancia coloca al Fisco autoasegurado en una posición de inseguridad jurídica, ya que no puede contar con elementos objetivos estables.
Señala que, justamente, la primera manifestación invalidante marca el inicio de las obligaciones de la aseguradora, tanto en lo concerniente al otorgamiento de las prestaciones médicas y demás gastos, como respecto de la sustitución de salarios durante el período de incapacidad laboral temporaria, por lo que resulta irrazonable la modificación que efectúa el juzgador a su respecto, basado en la finalidad de conservar la supuesta capacidad de ganancia del trabajador.
Esto último -agrega- entiende que vulnera la prohibición legal de indexar, y la doctrina dictada a su respecto.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, se impone señalar que esta Corte en la causa L. 118.131 "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (decreto 3858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390 "González" y L. 118.168 "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403 "Brunch" y L. 118.193 "Liporace", resols. de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
III.2. Sentado lo expuesto, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC, cfr. art. 1, ley 14.141, BO de 15-VIII-2010), el presente recurso debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte al desestimar este tipo de impugnaciones en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.453, "Dardengo", sent. de 28-IX-2016; L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017 y L.121.497, "Paiz Aymeric", resol. de 26-XII-2018).
En consecuencia, debe permanecer incólume lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, con relación al periodo computable para calcular el ingreso base.
Por ello, la Suprema Corte
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia