Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119429
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.429, "Ruggieri, Viviana Inés contra Poder Ejecutivo. Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 218/228).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/243).
Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 255), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Corresponde responder afirmativamente al interrogante planteado en virtud de lo resuelto por este Tribunal en el precedente, causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014) y posteriores (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.1. En el citado precedente causa L. 118.131, esta Corte recordó que la carga pecuniaria establecida en el art. 56 de la ley 11.653 busca asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable en cumplimiento del mandato constitucional dirigido a la protección del trabajador (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.). Asimismo, estableció que la incorporación de la excepción a la mentada carga dispuesta por la ley 14.552 no constituye más que una manifestación legislativa del ejercicio de la facultad constitucional de reglar los recaudos procesales de admisión de los remedios extraordinarios locales, con arreglo a la cual se sustrae a la Provincia de Buenos Aires del cumplimiento de esa erogación económica -comprensiva de capital, intereses y costas- en caso de sentencia de condena.
Desde esta perspectiva, este Tribunal concluyó que la exención no se exhibe reñida con el propósito legal, ni se vislumbra irrazonable o arbitraria, toda vez que no aparece comprometida la finalidad tuitiva del precepto, en tanto y en cuanto se torna operativa la presunción de solvencia que ampara a los Estados provinciales (CSJN causas L.118.XXII, "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", Fallo: 311:1835, sent. de 13-IX-1988; U.19.XXII, "Universidad Nacional de Tucumán c/ Catamarca, Provincia de s/ acción meramente declarativa", sent. de 6-X-1988; A.667.XXII, "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco Provincial del s/ cobro de pesos", sent. de 12-VI-1990; C.378.XXII, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ Ejecución fiscal", sent. de 30-V-1995), aun en situaciones de emergencia (CSJN causa S.2.960.XXXVIII, "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo", sent. de 1-IX-2003; Fallos: 316:107; 318:1.084 y sus citas; 324:1.784; e.o.).
En consecuencia, se resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma legislativa introducida por el art. 86 de la ley 14.552 en el segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
I.2. La reiteración de pronunciamientos emitidos con ulterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.552, en casos sustancialmente análogos al presente (causas L. 118.131, cit.; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch", L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; e.o.), y toda vez que no se advierten razones que justifiquen apartarse de la doctrina allí establecida, autoriza a adoptar la decisión que aquí se propicia (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, en consecuencia, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Disiento con la opinión del distinguido colega doctor Pettigiani.
La reforma del art. 56 de la ley 11.653 introducida por el art. 86 de la ley 14.552, en cuanto exime al Fisco provincial de realizar el depósito previo de capital, intereses y costas de condena como requisito de admisibilidad de los recursos extraordinarios, es inconstitucional.
Esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la carga pecuniaria establecida en el citado art. 56, sin ser un pago anticipado de la sentencia (causas L. 105.908, "Bernardello", sent. de 30-IX-2009; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010 y L. 101.237, "Mulleady", sent. de 2-VII-2014; e.o.), tiene por finalidad asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador, del que el pronunciamiento recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas Ac. 37.218, "Avena Mora", resol. de 30-IX-1986; Ac. 102.960, "Aparicio", resol. de 8-VIII-2008 y L. 117.394, "Báez", resol. de 12-VI-2013; e.o.).
En su versión anterior a la reforma que se analiza, el depósito previo no admitía otras excepciones (además, claro está, de la relativa al trabajador dado el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653) que no fueran las derivadas de la "quiebra o concurso civil del demandado declarados judicialmente", es decir, las provenientes de casos de desapoderamiento patrimonial o de la demostración de imposibilidad de afrontar el pago de la condena. Se admitió también, por vía jurisprudencial, que en caso de que el recurrente alegue una desproporcionada magnitud del monto a depositar y su capacidad económica y la falta de medios para cumplir el depósito previo previsto en la norma procesal laboral, el a quo deberá sustanciar un incidente a fin de que se produzca la prueba tendiente a demostrar esos extremos (causas L. 113.578, "Leiva", resol. de 22- XII-2010; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011; L. 117.370, "Abalone", resol. de 16-X-2013 y L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; e.o.).
Como puede verse, el resto de los condenados solventes -incluido el Fisco provincial- debía hacer frente a esa carga procesal pecuniaria.
Al respecto este Tribunal declaró invariablemente que el Fisco provincial no estaba eximido del cumplimiento del depósito previo (causas L. 232, sent. de 4-VI-1957, Acuerdos y Sentencias 1957-III-53; Ac. 34.564, resol. de 19-III-1985; Ac. 50.406, resol. de 14-IV-1992; e.o.), y precisó, incluso, que no correspondía eximirlo atendiendo a su solvencia dado que esa exigencia procesal procuraba que el trabajador cobrara de forma inmediata su crédito, del cual la sentencia recurrida que lo acogía constituía fuerte presunción (causa Ac. 36.873, resol. de 12-VIII-1986).
Coincidente con esa finalidad de facilitar la materialización de los créditos laborales, en este proceso, como regla, los arts. 294 y 295 del Código Procesal Civil y Comercial -relativos a la pérdida del depósito previo- no se aplican al condenado recurrente cuando el resultado del recurso no le fuera favorable o la Suprema Corte lo declarara bien denegado; tampoco existe un dispositivo legal de contenido similar en el ordenamiento especial.
La norma, en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 14.552 se correspondía conceptualmente con los mandatos constitucionales de protección del trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional-, y de igualdad (arts. 14 bis y 16, Const. nac.). La reforma, por el contrario, colisiona con esos derechos.
La presunta solvencia del Estado provincial antes que justificar su auto eximición del depósito previo, es el dato relevante que lo coloca en igualdad de situación con el resto de los empleadores del sector privado cuya quiebra o concurso no fueron declarados o que no demostraron la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones (causa L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014). Si el Estado es solvente ¿cuál es el motivo para, a diferencia de los otros recurrentes condenados, dejar de hacer el depósito previo que las sucesivas leyes procesales laborales han impuesto desde el año 1947? Ninguna pista da la ley 14.552 de Gastos y Recursos de la Administración Provincial (B.O., 23 y 24-XII-2013) por lo que no encuentro otro motivo que no sea el de concederle una ventaja exclusiva, sin causa que justifique, que daña la igualdad entre empleadores a la vez que atenta contra la indemnidad del trabajador.
Si bien es cierto que la concesión de los recursos extraordinarios está sujeta a la reglamentación legislativa a través de las leyes de procedimiento, esa facultad de reglar los recaudos procesales de admisión de las impugnaciones extraordinarias no puede desentenderse de los principios sustanciales que necesariamente se proyectan al ámbito adjetivo y de que el proceso es un instrumento realizador del derecho de fondo.
Ese derecho de fondo que además de procurar la seguridad física del trabajador se ha prolongado naturalmente en la idea de su seguridad económica.
Y no otra finalidad tuvo la disposición que imponía la carga del depósito previo de capital, intereses y costas de la condena, en cuanto a la regulación puesta al servicio de hacer operativas las garantías de percepción íntegra, oportuna y cómoda de las indemnizaciones y otros créditos laborales.
Por ello, una reforma legislativa como la que se analiza es claramente incompatible con el principio de progresividad y no regresividad consagrado en los arts. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador. Y el Estado provincial no ha justificado esa regresividad, es decir, no se ha ocupado de intentar explicar, siquiera, que pese a implicar un retroceso en un derecho, la norma ha importado un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto.
Por ello, y en razón de todo lo demás expuesto, la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al art. 56 de la ley 11.653 debe ser declarada inconstitucional en la medida que resulta violatoria de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Protocolo de San Salvador (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Atento el modo como se resuelve, corresponde intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días integre el depósito del art. 56 de la ley 11.653, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente admitió la demanda promovida por Viviana Inés Ruggieri contra la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada-, por la que pretendía el cobro de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación, padece una disfonía crónica que le genera una incapacidad del 19,75% del índice de la total obrera (v. fs. 218 y vta.). También, que su ingreso base mensual, "resultante del total de las remuneraciones percibidas en el año anterior a la primera manifestación invalidante", asciende a la suma de $3.416,50 (v. fs. cit.).
Sobre esta conclusión, en la sentencia -con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pérez" (sent. de 1-IX-2009)-, juzgó que para realizar dicho cálculo correspondía "incluir la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización" (fs. 222 y vta.).
A su vez, a partir de lo decidido por el Máximo Tribunal en el caso "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010), en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por la ley 9.688 (modif. por ley 23.643), consideró que los fundamentos allí vertidos resultan enteramente aplicables al tope análogo previsto en la citada norma legal (v. fs. 223).
En ese sentido, explicó que, con arreglo al art. 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (instrumento internacional que, según lo ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece el piso mínimo de derechos que los trabajadores deben gozar en los estados americanos), corresponde prevenir los riesgos del trabajo y "restablecer lo más rápida y completamente posible la capacidad de ganancia perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o accidente", razón por la cual "el régimen tarifado no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o capacidad de ganancia de la víctima" (fs. 223 y vta.).
Desde esa perspectiva, concluyó que la limitación resarcitoria referida "traduce, en el caso, una reducción del importe indemnizatorio que le correspondería cobrar al trabajador de conformidad al salario percibido, menguando de tal modo su nivel de ganancia, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía -y declaraba que pretendía- consagrar" (fs. cit.).
Añadió, asimismo que -de un lado- el tope en cuestión fue dispuesto en el año 2001 y se mantuvo inalterado a pesar de los aumentos de los salarios y de las pólizas que se verificaron desde entonces, lo que evidencia una clara desproporción en la relación que existiera entre ingresos y egresos de las entidades operadoras del sistema y -del otro- que no constituye un dato marginal la circunstancia de que el Poder Ejecutivo Nacional haya derogado el tope indicado mediante el decreto 1.694/09 (v. fs. 223 vta./224).
En base a estas conclusiones, calculó la prestación dineraria que le correspondía percibir a la actora en la suma de $48.422, a la que dedujo el importe $35.550 que ya había percibido (v. fs. 224).
Finalmente, con sustento en la doctrina legal establecida en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 110.487, "Ojer"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz" y L. 90.768, "Vitkauskas" (sents. de 13-XI-2013), declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y dispuso que el capital de condena devengaría intereses de acuerdo a la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los clientes que contraten un plazo fijo a treinta días a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia" (v. fs. 224/225).
II. Contra dicho pronunciamiento Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado transgredió el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo porque calculó el valor mensual del ingreso base "incluyendo todos los conceptos percibidos por el trabajador" (fs. 235 y vta.).
Explica que las sumas alcanzadas por dicho precepto son aquellas que revisten carácter remunerativo y están sujetas a aportes (v. fs. cit.).
Afirma que el juzgador incurrió en absurdo al no aplicar una norma vigente sin declarar su inconstitucionalidad (v. fs. 236).
II.2. Por otro lado, cuestiona la descalificación del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Alega que el a quo vulneró la doctrina que este Tribunal estableciera en diversas causas que identifica (L. 56.205, "Niz", sent. de 27-VI-1995; L. 55.996, "Cortinez", sent. de 5-VII-1996; L. 57.357, "Coelho Alves", sent. de 1-X-1996; L. 57.762, "Furci", sent. de 8-IV-1997; L. 71.154, "Corredera", sent. de 18-IX-2002 y L. 79.367, "Slobodian", sent. de 14-IV-2004; todas vinculadas al art. 8 inc. "a", ley 9.688), y que la Corte nacional sentara en el precedente "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004; v. fs. 236 vta./237).
Considera que el juzgador, al resolver del modo indicado, indirectamente le está otorgando a la accionante una reparación integral (v. fs. cit.).
Destaca que la actora no aportó ningún elemento que evidencie que la aplicación del referido tope menguaría su nivel de ganancia (v. fs. cit.).
Añade que, de acuerdo a la doctrina sentada en torno al art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -entre otros, en la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006)-, corresponde utilizar ese límite resarcitorio porque "no abarca una quita superior al 33% del crédito" (v. fs. 238 y vta.).
II.3. Finalmente, impugna la tasa de interés pasiva digital que ordenó aplicar el sentenciante al capital de condena (v. fs. cit.).
Indica que existen razones técnicas, históricas, lógicas y vinculadas a las funciones -nomofiláctica, unificadora y dikelógica- de la casación, que evidencian que esa tasa contradice las motivaciones que justificaron la doctrina legal establecida en la causa C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009; v. fs. 238 vta./242 vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (Acordada 3.748/15); razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.a. Ahora bien, con relación al primero de los agravios que porta el recurso -destinado a descalificar el método utilizado por el a quo para establecer el ingreso base de la actora-, cabe destacar que la parte recurrente pretende soslayar el límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) invocando la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justic
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