Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120114
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.114, "Calderón, Leda Marcela contra Ministerio de Gobierno. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 414/424 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora Leda Marcela Calderón contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" que la incapacita en un 18% del índice de la total obrera, y percibió por parte de Provincia ART S.A., con fecha 2 de junio de 2010, la suma de $27.000, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente (v. vered., fs. 414/415 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a la aseguradora al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante la cuantificó inicialmente en la suma de $50.535,48, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 418 y vta.).
Luego, entendió que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de enero de 2010 (344,73) y diciembre de 2015 (1.806,09) arrojaba un coeficiente de 5,2391, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $264.762,63 ($50.535,48 x 5,2391; v. sent., fs. 418 vta./419).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $52.952,52; arribando a un total de $317.715,15 (v. sent., fs. 419 y vta.).
Finalmente, por mayoría, dispuso que al capital de condena resultante se le aplicaran intereses conforme la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a treinta días (v. sent., fs. 419 vta./421 vta.).
Tras analizar el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación sostuvo que en el caso no había un acuerdo de partes sobre la tasa a aplicar, así como tampoco una norma especial que la establezca, en tanto a partir de la doctrina legal establecida en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), este Tribunal había declarado la inconstitucionalidad de la ley 14.399.
Ante dicho escenario, por aplicación de los arts. 541 y 552 del Código citado, concluyó que el capital de condena devengaría una tasa de interés "...equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central" a la que -continúa- "...se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso".
II. Contra la decisión de mérito, se alza el legitimado pasivo mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 44 de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; decretos 1.694/09 y 472/14; leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal de esta Corte que cita.
Ensaya los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, critica la aplicación de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que en el caso se trata de un hecho que acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -es decir, mientras era aplicable el decreto 1.694/09-, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (actual art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 116.513, "Orellana", sentencia de 26-III-2014, destacando que este superior Tribunal se pronunció por la no aplicación del decreto 1.694/09 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia.
Alega -además- que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), donde el Alto Tribunal declaró inaplicable las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 a una contingencia cuya primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia.
II.2. Por otro lado, aduce que el juzgador de grado incurre en una errónea interpretación y aplicación de la ley 26.773, en tanto el índice de ajuste de las prestaciones establecido en dicha norma no debe ser aplicado (conforme los términos de sus arts. 8 y 17 apdo. 6) sobre el resultado de la fórmula de cálculo de las prestaciones, tal como lo hizo en su pronunciamiento.
Agrega que el decreto 472/14 (reglam. de la ley 26.773) determina en su art. 17 que sólo las compensaciones adicionales de pago único -incorporadas al art. 11, ley 24.557- y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE.
II.3. Además, cuestiona el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia. En este aspecto manifiesta que la decisión del tribunal es absurda en tanto entiende que la cuantificación realizada no resulta razonable. Entiende que en el caso se ha vulnerado la doctrina legal de esta Corte que cita.
II.4. Finalmente, se agravia de la tasa de interés -activa- aplicada al capital de condena; ello, por considerar que tal definición se aparta de la doctrina emanada de los precedentes Ac. 43.858, "Zgonc", sentencia de 21-V-1991 y L. 102.736, "Boll", sentencia de 15-VII-2015; entre otros.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2.a. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tales términos, comienzo por señalar que no acierta el interesado al cuestionar la decisión con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso bajo examen de las prescripciones contenidas en la ley 26.773 (cuya aplicación en la especie fue expresamente solicitada en el escrito de demanda) para calcular la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773, en sintonía con lo expresado en párrafos anteriores.
III.2.b. Sin embargo, lo expuesto no alcanza para acompañar la solución que propugna el recurrente, pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
En ese contexto y a fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la prestación por incapacidad permanente parcial regulada por la ley 24.557, calculada aun con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, importa una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación parcialmente insatisfecha, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) en el que reconoce que, pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema ", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la trabajadora tomó conocimiento del carácter permanente de su enfermedad incapacitante en enero de 2010 (hito temporal que arriba firme a esta instancia y que no ha sido materia de agravio) y que al momento aún permanece parcialmente insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece, las indemnizaciones previstas en la ley 24.557 calculadas -como pretende la demandada- de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha que tuvo por acreditada el tribunal) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III.2.c. En cambio, juzgo que no puede prosperar la pretensión de cobro de la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773, toda vez que tal resarcimiento ha sido incorporado como compensación por un régimen legal que, conforme lo expuse líneas arriba, resulta aplicable a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En el caso, sólo corresponde ajustar, por los motivos que desarrollé anteriormente, la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT), a cuya percepción tenía derecho la actora en aquel hito temporal utilizado por el juzgador para definir el régimen jurídico aplicable.
III.2.d. Si mi propuesta fuera compartida, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser -con los alcances indicados- declarado parcialmente procedente.
III.3.a. Asimismo, considero que le asiste razón al impugnante en la interpretación a realizar en torno al modo en que debe aplicarse el índice RIPTE, a partir de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 cuya vulneración denuncia, poniendo en evidencia el yerro en que incurrió el tribunal de origen.
Si bien no se me escapa que el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773, esta Corte se ha expedido al respecto en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017; en la que hube de acompañar el sufragio del doctor Pettigiani).
Ahora bien, puesto a definir el tema convocante, esto es, cuáles son los conceptos que están sujetos a la aplicación del índice previsto por dicha normativa, con arreglo a lo establecido en el citado precedente una razonable lectura de los preceptos en juego indica que el parámetro de ajuste debe operar sobre: (i) los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; (ii) las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 (en igual sentido, conf. Ackerman, Mario E.; Ley de Riesgos del Trabajo , Ed. Rubinzal Culzoni, p. 98; v. CNAT, Sala IV, in re "Gamboa c. La Caja ART S.A.", sent. def. n° 98.528, de 4-XII-2014; "Cabañas Rodríguez c. La Caja ART S.A.", sent. def. n° 99.069, de 29-V-2015) y (iii) los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 de la ley 26.773.
Esta es la conclusión porque la referencia contenida en el art. 8 con relación a los "importes por incapacidad laboral permanente" conduce a la hermenéutica de que esa expresión lingüística hace alusión a los montos mínimos garantizados por el decreto 1.694/09 y a las sumas que en concepto de adicionales de pago único contempladas en el sistema especial. Agrego a ello, asimismo, los valores de base establecidos para el resarcimiento adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. resols. de la Secretaría de Seguridad Social 3/13 y 3/14, a las que luego habré de referirme).
Estos ítems son los que constituyen los importes establecidos en el marco de la legislación de riesgos del trabajo.
Esta línea hermenéutica, se entendió, es la que se ciñe más adecuadamente a la letra de la ley 26.773, así como a su objetivo concreto orientado por la "...cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias" (art. 1, párr. primero). Al igual que el decreto 1.694/09 (v. sus consid., en los que se expresa la necesidad de "...mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo los pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio..."), en definitiva, también la ley 26.773 tiende a la mejora de las prestaciones del régimen de reparación a partir de su incremento cuantitativo general, periódico (semestral), automático y a futuro.
III.3.b. Contribuyen a reforzar esta interpretación las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O. de 24-XII-2013) y 3/14 (B.O. de 25-II-2014) .
En ellas se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6, ley 26.773- el importe reajustado, por la evolución del índice RIPTE, de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" mínimos de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 seg. párr., ley 26.773).
En el marco de la resolución 34/13 el método de ajuste se aplica a partir del día 26 de octubre de 2012 (ver arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a") fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. En la posterior resolución 3/14, los valores se establecen por el período comprendido entre el día 1 de marzo de 2014 al día 31 de agosto de 2014.
III.3.c. Esta directriz interpretativa también se ve robustecida ni bien se repara en la disposición general que contiene el decreto reglamentario 472/14 (B.O. de 11-IV-2014), en cuanto prescribe: "Determinase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley N°24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto N°1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)..." (art. 17).
De ello se sigue que la reglamentación determina que son únicamente los montos mínimos del decreto 1.694/09 (también son valores mínimos los establecidos para el concepto contemplado en el art. 3, ley 26.773, cfr. arts. 6, resol. 34/13 y 4, resol. 3/14) y los adicionales de pago único del art. 11 apartado 4 de la ley 24.557 los que quedan sujetos al mecanismo de ajuste, despejando así toda discusión hermenéutica en torno a cuáles son las situaciones contempladas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.3.d. Por último, y sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en la que se definió la aplicación del índice RIPTE con los mismos alcances que aquí propongo.
En otras palabras, la normativa reglamentaria pone fin a toda discusió
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.