Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120174
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.174, "Viegas Sánchez, Celia Noemi contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín hizo lugar a la acción promovida, con costas a la demandada (v. fs. 310/318).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 328/338 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por la señora Celia Noemi Viegas Sánchez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Dispuso la aplicación de intereses, desde la fecha del nacimiento de la obligación hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 310/318).
En el pronunciamiento, juzgó acreditado que la actora laboró en el Jardín de Infantes n° 912 de la localidad de José C. Paz -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- cumpliendo tareas de maestra en el turno mañana. Asimismo que, como consecuencia de dichas labores, padece una incapacidad física parcial, permanente y definitiva del 20% del índice de la total obrera, que responde a una enfermedad profesional consistente en disfonía funcional irreversible de acuerdo al baremo que contempla el decreto 659/96, y que la primera manifestación invalidante se produjo el día 21 de abril del año 2008 (v. vered., fs. 310 vta./311 vta.).
En la sentencia, tras considerar configurada la responsabilidad de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil, señaló que en el marco de la ley especial le correspondía percibir a la demandante la prestación contenida en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a" que -calculada según las pautas que la norma propone- ascendía a la cantidad de $41.495 (v. sent., fs. 314/315 vta.).
Sin embargo, entendió que en tanto el crédito no se hallaba satisfecho a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1.694/09, su normativa resultaba aplicable, puesto que si bien el hecho generador se había producido durante el régimen anterior, las consecuencias del evento dañoso no habían sido canceladas, por lo que no resultaba equitativo privar a la accionante de las mejoras introducidas al sistema para prestaciones en curso de ejecución. Juzgó así que debía aplicarse el aludido decreto 1.694/09 y descartó la operatividad del tope dispuesto en el art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 315 vta.).
Con igual criterio de interpretación, consideró que también resultaba de aplicación en autos la ley 26.773, a tenor de lo previsto en su art. 17 apartado 6, ya que las consecuencias jurídicas del hecho en cuestión aún se encontraban pendientes de cumplimiento (v. sent., fs. cit.).
Sostuvo además, que no obstante que el decreto 472/14 reglamentario de la citada ley disponía la actualización de los adicionales de pago único y pisos mínimos, podía advertirse del texto de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 que el reajuste no se limita a las prestaciones referidas en el mencionado decreto, sino que incluye a aquéllas de carácter indemnizatorio como la prevista en el art. 14 de la ley 24.557. Evaluó que en el caso por aplicación del índice RIPTE la suma correspondiente a la actora se incrementaba a la cantidad de $215.774, importe que resultaba superior al piso mínimo establecido. Por tal motivo, juzgó que el decreto 472/14 (art. 8) vulneraba lo dispuesto en los arts. 28 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución nacional y declaró su inconstitucionalidad (v. sent., fs. 316).
A continuación, el a quo determinó que la indemnización que le correspondía a la accionante con fundamento en el derecho común alcanzaba el importe de $193.000. Sentado ello, consideró que en la especie las prestaciones de la ley especial resultaban suficientes para reparar el daño sufrido por la trabajadora y, en ese contexto, desechó el planteo vinculado a la validez constitucional del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 316 vta. y 317).
En consecuencia, rechazó la demanda entablada contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto se dirigía a obtener el cobro de una indemnización integral por daños y perjuicios. En cambio, condenó a la accionada al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 317 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 272, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 3, 8, y 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil; de las leyes 23.928 y 25.561; de los decretos 1.694/09 y 472/14 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 328/338 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Aduce que toda vez que la dolencia que originó la incapacidad que padece la actora se manifestó con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, lo resuelto en el fallo transgrede el principio de irretroactividad previsto en el art. 3 del Código Civil (vigente al momento del hecho), actual art. 7 del Código Civil y Comercial.
Afirma que el juzgador debió resolver la controversia conforme las normas que regían en el momento en que ocurrió el evento dañoso (ley 24.557 con las modificaciones del dec. 1.278/00). Con apoyo en el precedente de este Tribunal que identifica como "Orellana" y en el fallo dictado por la Corte Suprema nacional en los autos "Lucca de hoz", postula que las normas aplicables a un hecho o situación jurídica son las vigentes al momento de su acaecimiento, deviniendo inaplicables las leyes posteriores.
Objeta también que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 472/14 y se calculara la indemnización correspondiente a la actora según el índice de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación 1/16. Opina que aún de considerarse el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, éste debe ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos mínimos" y no -como lo hizo el a quo - respecto de la fórmula obtenida del art. 14 apartado 2 de la ley 24.557.
Expresa además que el índice RIPTE no puede entenderse o utilizarse como mecanismo de indexación o repotenciación de un crédito, lo que se encuentra prohibido por las leyes 23.928 y 25.561. Asimismo -y vinculado con lo expuesto precedentemente- se agravia del quantum indemnizatorio determinado conforme el cálculo aritmético efectuado por el a quo .
II.2. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés aplicada por el sentenciante sobre el capital de condena por transgredir la doctrina legal emanada -entre otras- del precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), luego ratificada -con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399- en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido, pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau" (resols. de 26-III-2015); L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace" (resols. de 1-IV-2015); entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Establecido lo anterior, merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773.
III.2.a. El pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C.G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2.b. Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que -como adelanté- le asiste razón al recurrente.
III.2.b.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Lo señalado no es un dato menor, en tanto en el caso, el a quo también consideró que debían emplearse las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09, arribando a una definición, que en fin, contrasta con la que emerge de la doctrina sentada -entre otras- en la causa L. 116.622, "B., V." (sent. de 15-IV-2015). Luego, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal, en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decs. 1.278/00 y 1.694/09).
III.2.b.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación sólo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización, debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la atribución competencial efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6, ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 seg. párr., ley 26.773) y, en todos esos casos, la actualización se realiza en períodos a partir del día 26 de octubre de 2012 (conf. arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. cit.), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773.
Ello demuestra, que el órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias ha interpretado -en línea con lo señalado en el apartado anterior- que a las prestaciones correspondientes a contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiese ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el mecanismo de actualización reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 27.663.
Finalmente, cabe señalar que el criterio expuesto, concuerda con el adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.2.b.iii. A tenor de lo hasta aquí señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante de la patología que aqueja a la actora (21 de abril de 2008) no se encontraba vigente ni el decreto 1.694/09 ni la ley 26.773, no resultan aplicables al caso las normas actuadas en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe revocar la sentencia en este aspecto.
En consecuencia, siendo que el caso
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.